Por Leo Vázquez | El excapitán del Destacamento 141 de Inteligencia Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro fue sentenciado hoy a 18 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Córdoba por el secuestro de dos víctimas perpetrado por las mandas del III Cuerpo del Ejército en agosto de 1978.
El tristemente célebre genocida cordobés era el único imputado que llegó al final del juicio. Otros fallecieron durante el transcurso de la investigación y algunos fueron apartados por cuestiones de salud.
La pena fue exactamente la que habían solicitado los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, quienes requirieron además que, dado que Barreiro ya cuenta con tres condenas previas, se le unifique la nueva pena con las anteriores en una única prisión perpetua e inhabilitación absoluta.
Este fue el primer juicio inaugurado durante 2025.
En agosto de 1978, integrantes del Tercer Cuerpo de Ejército que aún no pudieron ser identificados privaron ilegítimamente de la libertad a Carlos Alberto y Luis Roberto Civili (ya fallecido), en cercanías del III Cuerpo de Ejército. Las víctimas habían viajado desde Tucumán -donde residían- y se encontraban allí porque habían ido a presenciar el “salto de bautismo” de su hermano Jaime Darío Civili, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en el Regimiento 14 Aerotransportada.
Una vez capturados, los hermanos fueron llevados a instalaciones militares que no pudieron ser identificadas, y luego de unas diez horas, fueron reducidos por personal no individualizado, maniatados, vendados y trasladados a instalaciones del centro clandestino Campo La Ribera, en donde se desempeñaba el imputado como integrante del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino. En ese sitio, las víctimas fueron mantenidas cautivas hasta los primeros días de septiembre de 1978, cuando recuperaron su libertad.
Barreiro también fue uno de los jefes del terror en La Perla, el centro clandestino de torturas y exterminio más grande de Córdoba, y uno de los más importantes de todo el país. En su momento, su detención provocó el alzamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, tras lo cual se le dio de baja del Ejército.
Según la imputación, Barreiro junto con otros integrantes del Destacamento 141 no identificados sometieron a las dos víctimas a constantes torturas físicas y psíquicas.
La acusación sostiene que mientras duró su detención ilegal, los secuestrados recibieron además comentarios denigrantes y amenazas de parte de sus victimarios y fueron interrogadas con diversos tratos crueles, con el objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder a la información que pudieran aportar en relación a militantes, organizaciones y agrupaciones.
Durante la Semana Santa de 1987, el mayor Ernesto Barreiro se negó a declarar en la Justicia, que lo había imputado por las responsabilidades en la represión ilegal durante la dictadura. La policía intentó detenerlo, el personal militar se autoacuarteló en Campo de Mayo y se desató el levantamiento carapintada, que fue liderado por el teniente coronel Aldo Rico.
El levantamiento forzó que el gobierno radical sancionara la Ley de Obediencia Debida.
Así, hasta 2006 no se realizaron juicios por los delitos del terrorismo de Estado. Cuando se retomaron, el propio Barreiro fue juzgado y condenado. Hoy cumple sus condenas en su casa de la ciudad de Buenos Aires.
Los juicios de lesa humanidad son orales y públicos. Las personas mayores de 18 años pueden participar presentando su DNI, para el caso que se pida la acreditación de identidad.