Por Nahuel Croza | El refrán popular “las armas las carga el diablo”, suele utilizarse para advertir la peligrosidad de cualquier arma de fuego. Algunos lo rematan con: “y las descargan los imbéciles”.
La reciente muerte de Thiago Correa, un niño de 7 años, en Ciudad Evita, La Matanza, debida a un disparo efectuado por un agente de la Policía Federal de civil y fuera de servicio, nos obliga a poner, nuevamente, en tela de juicio la portación de armas del Estado por las fuerzas de seguridad cuando no están en ejercicio de sus funciones.
El policía Facundo Aguilar Fajardo (21 años) fue abordado en una parada de colectivo por cuatro jóvenes con intención de asaltarlo. Sacó su arma reglamentaria y los corrió durante dos cuadras disparándoles once veces por la espalda: uno de los presuntos ladrones cayó muerto y dos fueron heridos. Una bala impactó en la nuca del niño que estaba en la parada junto a su padre y murió horas más tarde. En la escena, el único que abrió fuego fue el agente.
El fiscal interviniente, Diego Rulli, ordenó la detención de Aguilar Fajardo imputado, en primer término, por el cargo de homicidio en exceso de la legítima defensa. Tras la declaración indagatoria, el representante del Ministerio Público cambió la carátula de la causa a homicidio con dolo eventual por el cual el agente policial puede enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
“La culpa de que Thiago esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, sostuvo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien apenas conocidos los hechos salió a respaldar el accionar del agente de su jurisdicción.
Gatillo fácil
“Lo primero que hay que señalar es que Aguilar no mató a un pibito de 7 años y a un delincuente. Mató a dos personas. El otro joven, Brandon, tenía 18 años, le quiso robar aparentemente la mochila, no lo vamos a saber con certeza nunca porque lo mató y entonces no va a haber juicio ni investigación ni nada. Lo cierto es que aún cuando él y sus amigos hayan intentado robarle la mochila, apenas el tipo sacó el arma, salieron corriendo y se ve en el video que están a casi 100 metros de distancia cuando les dispara por la espalda hiere a dos y mata a Brandon”, sostiene en diálogo con Canal Abierto María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).
“La habilitación y la legitimación de este tipo de conducta con resoluciones ministeriales y a través del discurso público de la ministra de Seguridad, quien además viene insistiendo con la reforma del Código Penal para incorporar esta modificación de la legítima defensa incorporando el disparo por la espalda contra personas desarmadas, por mera sospecha de que podrían estar armados en caso de fuga, lo que hace es oficialmente reivindicar y promover el gatillo fácil”, sostiene la abogada.
Como en el caso del agente de la Policía Local de Avellaneda Luis Chocobar, que en 2017 asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukok (18) quien escapaba tras asaltar y herir a un turista, Bullrich defiende un accionar reñido con la ley y con la práctica profesional sin esperar siquiera una pericia. En aquella ocasión, la ministra saludó como un héroe a Chocobar imputado por el homicidio, recibiéndolo junto al presidente Macri en la Casa Rosada, y en 2018 instauró con la Resolución 956/2018 el denominado Protocolo Chocobar.
La norma, que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego a manos de los integrantes de las fuerzas de seguridad federales -fue anunciada dos días antes de la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, con el argumento de que era una “medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros”- estuvo vigente hasta 2019 y en febrero de 2024 fue reinstalada por la gestión de La Libertad Avanza.
“Durante casi 40 años, CORREPI se ha esforzado para explicar por qué decimos que el gatillo fácil no es una simple suma de hechos aislados sino una política de Estado. Con Bullrich de ministra de Seguridad, no hace falta que lo expliquemos nosotros, lo dice ella: ‘Esta es nuestra política’”, advierte la “Negra” Verdú.
Arma reglamentaria
“En el video se ve que cuando el policía saca el arma, los pibes salen corriendo. En lugar de quedarse tranquilo y eventualmente tratar de ver para dónde se fueron y tratar de identificarlos, hacer su trabajo policial, opta por la vía expeditiva del fusilamiento sumario, disparando a casi 100 metros de distancia, por la espalda, a personas que no le estaban disparando. No hubo un solo disparo que no fuera del arma policial, eso está acreditado”, explica la letrada. Luego apareció un arma en el lugar del siniestro que, aún cuando consideremos que no fue plantada por la misma policía, no tenía munición ni fue accionada. Era un arma inservible.
“Los tipos salen corriendo y no lo agreden. ¿Para qué dispara 11 veces en un lugar densamente poblado? La suerte quiso que solamente fueran este pibe y este joven los muertos, pero podría haber habido tres o cuatro heridos más con 11 tiros a la marchanta”, razona la referente antirrepresiva.
En los países más desarrollados, incluso en nuestro vecino Brasil, el policía fuera de servicio no tiene el arma reglamentaria. Si llega a quedar en medio de alguna situación que requiera su intervención como policía, tiene la obligación de intervenir, pero para preservar el lugar del hecho, garantizar que no se vayan los testigos, etc.
“En la Argentina, con el argumento de que tienen lo que técnicamente llaman ‘estado policial’, son policías 24/7, todas las fuerzas de seguridad tienen la tenencia y portación cuando están fuera de servicio”, explica Verdú.
Datos oficiales del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Sabina Frederic en 2021, cuando relanzó el programa “Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego”, el 66% de los casos de gatillo fácil ocurren con el policía, gendarme o prefecto, con el arma reglamentaria fuera del área y del horario de servicio.
Según el “Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado”, elaborado por la CORREPI, en lo que va del gobierno de Milei hasta marzo de 2025, son 549 las muertes producidas en las distintas modalidades por la represión estatal.