Por Nahuel Croza | “El viernes 6 de junio al mediodía se presentó la policía bonaerense en el sindicato. Ingresó una agente armada al local. No es la primera vez, lamentablemente, que esto ocurre. Venían a notificar de una restricción perimetral contra compañeros y compañeras del gremio por una denuncia maliciosa sobre hechos completamente infundados y falsos”, cuenta María Elisa Salgado, secretaria general de la Seccional Tigre del SUTEBA, el gremio docente mayoritario en la provincia de Buenos Aires.
La notificación informaba de una serie de medidas judiciales por parte del Juez de Paz de Tigre, Alberto Raúl Wagener, a raíz de la denuncia presentada por la inspectora de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) provincial María Fernanda Zoilo.
Los denunciados son Marina Lascano, secretaria de Formación Político Sindical de la seccional y directora de la Escuela Media 49; Alfredo Cáceres, profesor de las escuelas secundarias 8, 9, 14 y 33, vocal de la junta local y exsecretario general; y la propia Salgado, que además es secretaria de la Secundaria 14. Esta seccional es conducida por la lista Multicolor, compuesta por agrupaciones de izquierda e independientes, opositora de la conducción de la lista Celeste del gremio docente bonaerense que encabeza Roberto Baradel.
“Esta medida de restricción perimetral es muy grave porque nos limita directamente en nuestra práctica sindical. A esta persona que nos impone una restricción perimetral de 100 metros, nos la podemos cruzar en cualquiera de los ámbitos en los que nosotros tenemos que ir a defender los derechos de los compañeros. Nos la podemos cruzar en la jefatura, nos la podemos cruzar en la SAD (Secretaría de Asuntos Docentes), nos la podemos cruzar en una escuela. Y si eso ocurre, los denunciados corremos el riesgo de ir presos, de que nos lleve la policía por desacatar una medida de restricción perimetral en el ejercicio de la acción sindical”, explica Salgado en una conferencia de prensa en la localidad conurbana.
El origen del conflicto
La raíz de la disputa planteada es la situación de una directora del distrito a la que la inspectora le bajó la calificación “porque no es lo suficientemente estricta con el personal”, según señalan desde el gremio. Luego de que el SUTEBA Tigre hace una intervención administrativa y un recurso de revocatoria, para que se retrotraiga la sanción, a la docente le descuentan 5 días por supuestas ausencias injustificadas, cuando ella había estado en la escuela, generándole un grave problema económico: le descuentan una sexta parte del, ya de por sí, magro salario docente, a una mujer cabeza de familia con hijos a cargo.
“Denunciamos que hay una situación de hostigamiento, de violencia laboral. A instancias de eso, la escuela de la compañera, la Secundaria 49, se organiza y se presenta ante la jefatura distrital, planteando que defienden a su directora”, narra Salgado en diálogo con Canal Abierto.
Luego de esto, otro equipo de inspectores realizó una investigación en la escuela y le dan dos días de suspensión a la directora, afectando nuevamente su salario.
El ajuste y los ajustadores
“En las escuelas nos faltan muchos cargos, nos faltan condiciones, nos faltan espacios. El conflicto de base es que estamos en el marco de un ajuste muy grande y, desde la DGCE, la directiva es sostener clases a lo que dé y exprimir al mayor grado la mano de obra. Entonces, toda gestión ante la DGCE se está haciendo bajo una gran violencia laboral”, explica la docente y dirigente gremial.
Esto implica trabajar “bajo aprietes, bajo amenazas de baja en la calificación, de las injustificaciones en las licencias. El director o directora de escuela que no tiene ese modo de actuar sufre hostigamiento por parte de las autoridades y se lo encaja para que sea un eslabón más en la correa de reproducción de esto: la escuela abierta todo lo que dé, no importa cómo estemos, no se puede suspender clases, etc. Hay que acatar lo que dicen las órdenes”, relata Salgado.
Según la dirigente, esto viene sucediendo desde el gobierno de Vidal y “se ha tornado cada vez más autoritaria la Dirección de Escuelas. Con este gobierno no se ha revertido, al contrario, se han reforzado algunos rasgos autoritarios”.
El 9 de abril pasado, en el marco de la jornada de lucha de la CTA y la CGT previa al Paro nacional, se hizo una asamblea frente a la Jefatura Distrital. “En la acción, se criticó duramente a esta inspectora que no puedo nombrar, tengo una restricción perimetral hasta para nombrarla”.
La inspectora Zoilo, llegó a este cargo en la gestión macrista en la provincia, de la mano de Adriana Frega, entonces directora Provincial de Inspección General de la DGEyC y hoy directora de Educación Técnica en la ciudad de Buenos Aires. Esta funcionaria de Vidal fue responsable de iniciar sumarios administrativos a 500 directivos, política que se agudizó frente al proceso de lucha que se produjo luego de la explosión de la Escuela 49 de Moreno, en la que murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, el 2 de agosto de 2018.
El apriete
Luego de la asamblea del 9 de abril, se produce la denuncia y la restricción establecida por un plazo de 40 días. “No nos podemos acercar a 100 metros, no la podemos mencionar. Ella alega hechos de violencia. El juez dicta la perimetral y se declara incompetente y lo deriva al tribunal contencioso administrativo”.
“Esto nos genera la imposibilidad de desarrollar la práctica sindical libremente. A los afiliados de Tigre ahora se les coarta la libertad sindical, porque varios de sus representantes gremiales no pueden acompañarlos. La decisión de un juez condiciona la actividad de un sindicato”, señala la docente. “Se nos endilgan hechos y amenazas que nosotros no cometimos. Todo lo que hacemos es público, las denuncias que hacemos son públicas, las firmamos. Tampoco hemos tenido ningún atentado sobre su seguridad ni hemos tenido acercamiento a ella”.
Tanto desde la DGEyC como desde la conducción del SUTEBA, los gremialistas de Tigre no han recibido respuestas. “Es preocupante porque esto es una limitación objetiva del ejercicio sindical del sindicato más importante en la provincia de Buenos Aires que declara tener 125.000 afiliados, 2500 en Tigre”, concluye Salgado.
Paro docente provincial
Este 11 de junio, convocado por las seccionales multicolor, disidentes de la conducción de Roberto Baradel, se llevó adelante un paro que tuvo amplia repercusión según nos contaba en Plaza de Mayo, Romina del Pla, ex diputada nacional y dirigente docente de La Matanza. El alto acatamiento se explica por la situación salarial -el cargo testigo está en 560.000 pesos, ni siquiera con dos cargos se llega a cubrir una canasta familiar-; por la sobrecarga laboral debido al faltante de cargos y la multiplicidad de tareas y también por la persecución que ejemplifica el caso descripto previamente.
“En el distrito hubo muchas expresiones de solidaridad, ya hay más de 60 organizaciones que se han pronunciado en solidaridad con lo que está ocurriendo con nosotros”, cuenta la dirigente tigrense.