Redacción Canal Abierto | La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que las personas condenadas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado son actualmente 1.201 y que las absueltas suman 209, en el marco de la actualización trimestral de las estadísticas sobre los juicios desarrollados en todo el país desde 2006 y sobre las causas en las que se continúan investigando estos delitos.
La publicación de estos datos coincide con el vigésimo aniversario del fallo “Simón” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese precedente, firmado el 14 de junio de 2005, permitió la reapertura de los procesos al declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492, de Punto Final, y 23.521, de Obediencia Debida, que impedían juzgar estos crímenes.
En los últimos 19 años se dictaron en el país 343 sentencias y en la actualidad hay 11 juicios en curso, mientras que 66 causas fueron elevadas a juicio y aguardan la realización del correspondiente debate, y, ha 50 años de los hechos, otras 258 se encuentran en la fase inicial de instrucción.
En lo que se refiere a 2025, hubo cuatro nuevos juicios, todos chicos, y seis sentencias en las que fueron condenados poco más de una docena de represores.
La caída en todos los indicadores se debe el letargo que le imprime la Justicia al proceso de juzgamiento de genocidas desde la asunción de Milei y Villarruel.
Las estadísticas, con datos actualizados al 3 de junio, fueron construidas por la procuraduría especializada con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades fiscales especializadas que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad en todo el país.
Otros datos relevantes relacionados con las causas en trámite son la cantidad de procesados, que asciende a 393, y la de los imputados (es decir, personas sobre las que el Ministerio Público Fiscal ha requerido su investigación, aunque no han sido aún indagadas), que suman 496. Actualmente las personas con falta de mérito son 157, mientras que otras 118 resultaron sobreseídas.
En cuanto a la condición de los imputados, la procuraduría hizo la siguiente distinción:
Hay 612 detenidos, de los cuales 498 se encuentran en arresto domiciliario.
Las personas alojadas en establecimientos carcelarios son 114. De todas ellas, 74 permanecen en la Unidad Penitenciaria N°34 que funciona en las instalaciones de la guarnición militar de Campo de Mayo, 2 en dependencias de fuerzas de seguridad federales y 38 en otras unidades de los servicios penitenciarios federal y provinciales.
484 se encuentran en libertad.
Los prófugos son 33.
Desde el inicio de los procesos fallecieron 1.698 imputados.
Veinte años del fallo «Simón»
A partir de argumentos jurídicos tomados del derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en la causa conocida como “Simón” o “Poblete”, el 14 de junio de 2005.
En esa causa se investigaron los tormentos y la privación ilegítima de la libertad sufrida por el matrimonio compuesto por José Poblete y Gertrudis Hlaczik, así como el ocultamiento de la hija de ambos, Claudia Victoria, en 1978.
En el proceso fueron individualizados como responsables los expolicías federales Julio Héctor Simón, alias «El Turco Julián», quien falleció en marzo pasado a los 82 años en la Unidad N°34 de Campo de Mayo, y Juan Antonio Del Cerro, alias “Colores”, quien murió mientras estaba detenido esperando el juicio oral.
El 4 de agosto de 2006 Simón recibió una pena a 25 años de prisión por aquellos crímenes. Fue el primer condenado por crímenes de lesa humanidad tras la reapertura de los procesos que propició el fallo de la Corte Suprema. Posteriormente, el expolicía recibió condenas a 23 años de prisión en la denominada causa «Contraofensiva I», en 2007, y a prisión perpetua por crímenes en el circuito de centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo, en 2010.
Los juicios de lesa humanidad son orales y públicos. Las personas mayores de 18 años pueden participar presentando su DNI, para el caso que se pida la acreditación de identidad.
Con información de fiscales.gob.ar