Por Nahuel Croza | “El Cabo Primero Guerrero actuó del mismo modo que sus camaradas, conforme lo determinan las órdenes y directivas vigentes, entendiendo que el efectivo en ningún momento pretendió dañar a persona alguna haciendo uso del arma no-letal, sino que se trató de un hecho fortuito, la mala o cuasi nula visibilidad reinante”, sostiene el “Informe final” que el Comandante Mayor Adrián Barressi elaboró entre el 17 y el 18 de marzo de 2025, a escasos cinco días de que la granada de gas lacrimógeno lanzada en forma horizontal -contra lo que indican los protocolos y el propio fabricante del arma- impactara en la cabeza del fotorreportero Pablo Grillo, hiriéndolo gravemente y dejándolo al borde de la muerte.
Al calor de la repercusión mediática de esos días, el Comandante de la Región I de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Marcelo Porra Melconian, ordenó iniciar la Información Administrativa N° 01/25 para «corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del Destacamento Móvil 6», en el marco de la aplicación del “Protocolo anti-piquetes” de Patricia Bullrich para impedir el desarrollo de la protesta en la Plaza Congreso el 12 de marzo.
El expediente, cerrado en tiempo récord por la fuerza federal, no establece ningún reproche sobre la actuación de Guerrero ni sus superiores directos y pone en la víctima la responsabilidad del daño. Sostiene que el “hecho fortuito” también se produjo debido al “riesgo que el fotógrafo asumió al colocarse a sabiendas en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes, por lo que el Suboficial subalterno no resulta pasible de reproche disciplinario alguno”.
Allanamiento
El informe se conoció el 30 de junio pasado tras el allanamiento y registro al Edificio Centinela ordenado por la jueza de la causa, María Romilda Servini, al frente del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, llevado adelante el 19 de junio por la División Balística de la Policía de la Ciudad.
En el trámite, la magistrada ordenó el secuestro de la pistola lanza gases que utilizó el Cabo Primero Guerrero, junto con 10 cartuchos de gas lacrimógeno de iguales características a las que utilizó el gendarme en ese operativo. También solicitó que se secuestre la mencionada Información Administrativa 01/25 iniciada por la GNA el 17 de marzo, para determinar el estado de revista actual del agente y conocer el resultado de las medidas que se realizaron.
“El informe es falaz” y está dirigido a “encubrir” a los gendarmes, sostuvo Claudia Cesaroni, abogada de la familia Grillo junto a Agustina Lloret del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El 21 de marzo, se presentaron en representación de los Grillo y pidieron que se cite a prestar declaración indagatoria a Guerrero porque, en la comprensión de que había elementos para indagarlo. “En ese momento, consideramos que se trataba de un homicidio agravado en grado de tentativa que, por suerte, no se consumó”, sostiene Cesaroni en diálogo con Canal Abierto.
“Para mí, lo más importante es, una vez más, mostrar lo que pasa cuando las fuerzas se investigan a sí mismas. No es nada nuevo, pero muestra una vez más que es imposible pensar que una fuerza de seguridad puede autoinvestigarse porque produce este tipo de informes. Elude toda idea de que puede haber un mal accionar de Guerrero y de quienes estaban con él y ratifica que ese accionar es el correcto. Nos sirve para construir una imputación que vaya hacia arriba, porque el jefe aparece diciendo: ‘Todo lo que hizo está perfecto, conforme las órdenes que le dimos’”, explica la abogada y militante de derechos humanos.
“Lo que hizo fue tirarle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza a un tipo que estaba perfectamente visible, que estaba con su cámara de fotos, que no estaba atacando a nadie, a la vista de todos. Me parece importante destacar que si dicen esto con decenas de testigos, decenas de fotos, de filmaciones, ¿qué sucede cuando no hay ojo público?”, argumenta Cesaroni.
Informe express
La apertura del expediente, como mencionamos, se ordenó el 17 de marzo, el 18 ya se tenía un informe final, y el 19 se firmó la resolución de cierre. Luego, se incorporaron algunas pruebas más durante abril y mayo, pero las conclusiones no se alteraron. “El objetivo del expediente no fue investigar seriamente si hubo abusos o identificar responsabilidades concretas, en particular la de Guerrero, sino evitarles cualquier inconveniente y construir un relato cerrado, endogámico y corporativo pensado para garantizar la impunidad”, sostienen las abogadas.
“Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad de Guerrero no la conmueven en lo más mínimo, ni la debilitan. Todo lo contrario. Al contrastar el informe de Gendarmería con las fotos y con los videos que ya hemos presentado, es evidente que es falaz”, concluyó la letrada.
La defensa de la familia Grillo va a insistir en la citación a prestar declaración indagatoria al Cabo Guerrero. “Nosotros entendemos que tiene que ser imputado por una tentativa de homicidio calificado. Presentamos la semana pasada otro escrito, planteando medidas de prueba pendientes, pero creemos que con los elementos que tenemos ya se podría imputar al gendarme. Entendemos que se puede profundizar la investigación hacia la cadena de mando. Por eso pedimos las modulaciones, las directivas, las conversaciones en la sala de situación, todo lo que tiene que ver con subir de Guerrero hacia la conducción”.
Próximos pasos
Tras el secuestro del arma de Guerrero, otra similar y los cartuchos, sé está a la espera del resultado de la pericia balística. “Probablemente el juzgado esté esperando ese resultado para tomar una decisión”, especula Cesaroni. Recordemos que una investigación independiente realizada por el Mapa de la Policía pocos días después en base a fotos y registros en video de fotógrafos y medios de comunicación, y el expertise del perito Willy Pregliasco, físico del Instituto Balseiro, reconstruyó la trayectoria del disparo y dio por tierra con las sucesivas mentiras de Bullrich para justificar el intento de asesinato de su subordinado.
Para concluir, acorde a lo dictaminado por el informe en el que se tomó declaración únicamente a personal de la fuerza, y concluyó que no existía reproche disciplinario alguno, el Cabo Primero Héctor Guerrero sigue en funciones.
Foto principal: Kaloian Santos Cabrera