Por Elisa Corzo | Con el decreto 493/2025 publicado ayer –y la venia de la burocracia sindical– el Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso hacia la reprivatización de AYSA, la empresa que provee de agua a 11 millones de habitantes, y de cloacas a otros 9 millones y medio, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en unos 20 municipios del conurbano bonaerense.
El decreto además habilita a la empresa concesionaria a cortarle el servicio, que es un derecho humano básico, a los usuarios residenciales por falta de pago.
Concretamente, el artículo 10° del DNU firmado por el Presidente habilita al Estado Nacional a “enajenar total o parcialmente” su participación en la empresa, que desde 2006 corresponde al 90% del paquete accionario, y tal como ya había ocurrido en 1993 durante el menemismo, le abre la puerta a los capitales privados para hacerse de la concesión. El restante 10% queda, como hasta ahora, en manos de los trabajadores.
Como señala la ingeniera civil especializada en Hidráulica, Maria Eva Koutsovitis, en diálogo con Canal Abierto, los pasos previos fueron la aprobación de la ley Bases, que en su artículo 7 declaró que AYSA estaba sujeta a privatización, y la eliminación de los subsidios del Estado Nacional a las tarifas a usuarios. “Justamente, para que la empresa sea rentable a los futuros compradores”, señala.
“Esto llegó a que en algunos casos detectáramos incrementos en la tarifa del servicio de agua y de cloaca de hasta un 1500% durante el año 2024”, dice la referente política porteña, fundadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Negocio vs. Salud
También como en los 90, el Gobierno justifica la medida en la supuesta ineficiencia de la empresa y del modelo de gestión estatal, a la hora de atraer inversiones y ampliar la cobertura. A su vez, apunta al contexto de crisis económica -el famoso “no hay plata”-, y señala que la empresa era una carga financiera milmillonaria para el Tesoro Nacional.
Koutsovitis, quien señala que, por ejemplo, “el año pasado la empresa pasado registró ganancias”, sostiene que ese tipo de razones mercantilistas no solo están superadas sino que son falacias. Primero, porque “es una obviedad que las obras de agua y de cloaca requieren necesariamente de la erogación de fondos públicos”.
Y aporta datos bien concretos: “En Argentina, por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua, hay un recupero de 2,50 dólares en el sistema de salud, mientras que por cada dólar que se invierte en saneamiento tenemos un recupero en el sistema de salud de más de ocho dólares”.
¿Qué nos dejó la privatización de los 90?
Koutsovitis señala que mirar la experiencia privatista de los 90 “enciende alarmas”. “La realidad es que la Argentina supo ser pionera en la región en materia de cobertura de agua potable y saneamiento cloacal, y fue justamente a partir de la década de los 80, durante la última dictadura cívico-militar, y luego con el proceso de privatización, que la inversión en infraestructura empieza a decaer, en la Argentina y en la región”.
“Recordemos que cuando (en 1993) Aguas Argentinas se hace cargo de la prestación del servicio, decide deshabilitar el conjunto de perforaciones que teníamos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el área del conurbano bonaerense. Y toma la decisión decisión de importar agua del Río de la Plata hacia la provincia de Buenos Aires, sin ejecutar las obras que correspondían a las redes cloacales. Esto genera un brutal desbalance hídrico que hace que las napas asciendan hasta el nivel de terreno”.
Esto -explica la especialista- derivó en importantes fallos judiciales, algunos que han llegado a la Corte Suprema, que penalizaron a Aguas Argentinas por la afectación de viviendas, pero también, por generar una grave contaminación del suelo, sobre todo, en la zona de la cuenca baja del Matanza-Riachuelo, que impactó en la salud de la población. “Estamos hablando de una zona en donde la degradación ambiental ha comprometido la vida de cientos de miles de niñas y niños que se encuentran contaminados con plomo”.
En resumen, la privatización del servicio de agua y cloacas en los 90 dejó “un servicio en donde no hubo una expansión de cobertura, no hubo tarifas más asequibles, no hubo mejor calidad del servicio, y además, dejó un enorme pasivo ambiental del que todavía al día de hoy tenemos que hacernos cargo”.
En ese sentido, la medida decretada por Milei llega en un escenario para nada alentador, con la eliminación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSA), que se ocupaba de “planificar, ejecutar y de administrar obras de agua y de cloaca en todo el país”, y del desguace del Instituto Nacional del Agua, que “se ocupa de temas vinculados a la calidad del agua, la modelación hidráulica, al diseño de las obras hidráulicas más importantes, un organismo con reconocimiento internacional, un organismo que además maneja los sistemas de alerta, como por ejemplo el sistema de alerta de crecidas del río, de la Cuenca del Plata”. Para Koutsovitis estos son datos cruciales.
Brecha asegurada
En un contexto en el que “siete millones de personas en el país no acceden al agua potable y 20 millones no acceden a las cloacas”, el avance privatizador se convierte así en un tema más que preocupante, analiza la docente de la UBA y de la Universidad Tecnológica Nacional, que fue consultada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para la realización del pormenorizado estudio de 2020 sobre la “Gobernanza del Agua en Argentina”.
“Esa enorme desigualdad en términos territoriales debería ser prioridad para poder achicar esta brecha, porque cuando no se accede al agua potable se limita la reproducción de la vida, se multiplica la mortalidad infantil, se reduce la esperanza de vida y se sobrecargan las tareas de cuidado a las mujeres”.
Y añade que hoy “lo que se está discutiendo, en el marco del acceso al agua desde una perspectiva de derechos, es la universalidad del servicio. En muchos casos se discute la gratuidad del servicio, como sucede por ejemplo en Francia”, aclara. Por eso, “nosotros deberíamos estar discutiendo la universalidad y la gratuidad para poder justamente achicar estas profundas brechas, consecuencia de lo que sucedió en la década del 80 y del 90”.
Sin embargo, al privatizar AYSA “estamos yendo a contramano”. Porque además, se le garantiza a la empresa privada “que no tenga que hacer redes de expansión si no lo considera rentable, se la habilita a hacer ajustes tarifarios trimestrales, y se le garantiza el corte del servicio por falta de pago”. “Todo esto, sumado a la modificación inconsulta y por decreto del marco regulatorio, que es el contrato de concesión, que debería ser parte de un debate público, genera muchísima preocupación”. Sin dudas -denuncia Koutsovitis- “es un escenario que nos lleva a profundizar la brecha en el acceso al agua”.