Redacción Canal Abierto | Los secretarios generales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), Hugo “Cachorro” Godoy, con el patrocinio legal de la exministra Elizabeth Gomez Alcorta presentaron una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, y contra el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.
La denuncia fue radicada ante la justicia federal, luego de que el periodista Hugo Alconada Mon publicara el pasado 3 de agosto en el diario La Nación una investigación periodística en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.
Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
Ambas centrales aparecen mencionadas en esas carpetas, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social. “No hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias ya que es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, dicen las dos CTA.
La presentación solicita que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
Además, la CTA-A y la CTA-T solicitan ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, en representación de los afiliados que pudieran haber sido víctimas de estas maniobras ilegales.