Por Nahuel Croza | El Gobierno de Mendoza pretende allanar el camino para que el proyecto minero San Jorge, de explotación de oro y cobre, avance e inicie su etapa de construcción. Lo hace sin prestar atención a los vecinos de Uspallata y a las Asambleas por el Agua de toda la provincia que se movilizaron este fin de semana. Cornejo pretende avanzar haciendo oídos sordos a los expertos de la Universidad de Cuyo, del Conicet y de la Asociación de Médicos de Argentina que cuestionan la viabilidad ambiental de la iniciativa. Lo hace sin licencia social.
“El proyecto ahora llamado PSJ Cobre Mendocino es el antiguo proyecto minero San Jorge que ha cambiado de dueños y llevan adelante un simulacro de nueva evaluación de impacto ambiental que tiene los mismos o peores errores que la anterior”, sostiene María Teresa “Guni” Cañas, docente y miembro de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, en diálogo con Canal Abierto. “Este es, desde hace años, el proyecto insignia del gobierno que ya fue rechazado en la audiencia pública de octubre de 2010. La audiencia forma parte de la evaluación de impacto ambiental, no es vinculante pero sí es un hecho político importante”.
El pueblo mendocino dio sucesivas muestras de que la megaminería, en sus diversas formas, no tiene licencia social. Lo hizo en 2007, cuando se gestó la ley 7722, la “guardiana del agua”, y luego en 2019, oponiéndose a la modificación de esta norma que regula las actividades de la minería metalífera, prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga a que cualquier proyecto de este tipo deba pasar obligatoriamente por la legislatura.
Otra vez sopa
“Para que el nuevo proyecto pueda avanzar, tuvo que suceder que la empresa interpusiera un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya declaró la constitucionalidad de la ley (provincial) 7722. Esta norma explicita la prohibición del mercurio pero sobre otras sustancias hay una indeterminación. Ellos ahí meten el uso del xantato -utilizado como reactivo de flotación para separar minerales valiosos de otros-, una sustancia que para nosotros es tóxica”, sostiene Cañas.
Entre las objeciones insalvables que presentan tanto las asambleas como los expertos enumeramos algunos:
- El uso de los xantatos: Según un informe de la ONG Oikos, objetora del proyecto, el xantato de sodio (S2C) es una sustancia altamente nociva para la salud humana y los ecosistemas. Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, el xantato comparte características de toxicidad, persistencia y riesgo ambiental similares al cianuro, prohibido por la Ley 7722. Por lo tanto, la organización sostiene que se está vulnerando esta norma. La evaluación ambiental presentada no contiene análisis de riesgo ni medidas concretas para evitar su impacto en aguas superficiales y subterráneas.
- Cantidad de agua que utilizará en una región de alto stress hídrico: Para abastecer sus necesidades hídricas (141 litros por segundo) el PSJ sólo cuenta con el arroyo El Tigre, cuyo caudal se vería reducido en un 45%, y el informe no evalúa impactos acumulativos aguas abajo.
- El arroyo El Tigre es afluente del río Mendoza, que abastece a 1 millón de personas del oasis norte de la provincia. Cualquier contaminación impactará en esta población y en toda la actividad vitivinícola y frutihortícola que da vida a Mendoza.
- Liberación de arsénico: Este elemento está naturalmente asociado al cobre. La explotación de la mina produce veintiocho toneladas por día de liberación de arsénico, generando severos daños a la salud y al ambiente que, según la especialista María Esther Barbeito, licenciada en Química, “no tienen solución posterior”.
- Dique de colas: el proyecto prevé la utilización de un dique de 79 metros de profundidad en una zona aluvional de alto riesgo. Este tiene la misión de almacenar los residuos sólidos, los lodos resultantes del proceso, y de reutilizar parte del agua empleada en la explotación. Estas instalaciones suelen contaminar las napas freáticas y quedar como un pasivo ambiental al terminar la etapa de explotación.
Una audiencia “pública” de alta montaña
Para “cumplir” con el trámite de la audiencia pública el gobierno provincial hizo una convocatoria en el cerro San Jorge: en el campamento de la minera Solway Holding -con sede en Suiza, asociada para este emprendimiento con el Grupo Alberdi, del presidente de la UIA Martín Rapallini-, un sitio a 45 kilómetros de Uspallata, en plena montaña, a más de 2.400 metros de altura. Un lugar al que no se accede por transporte público, ni cuenta con infraestructura ni condiciones climáticas adecuadas en esta época del año. Un sitio vigilado por seguridad privada… esa es la cancha embarrada que propuso Cornejo.
Pese a las impugnaciones de las organizaciones y vecinos, que rechazaron esta convocatoria y convocaron una audiencia popular, muchos interesados se acercaron a debatir el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino. El primer día de audiencia la mayoría de las intervenciones fueron a favor del proyecto, un montaje a coro del gobierno y la empresa, que manejan la audiencia, digitan los turnos y movilizan a gente afín al proyecto.
Periodistas de medios independientes y representantes del Partido Verde denunciaron su exclusión del evento público. El diputado Emanuel Fugazzotto declaró que “no nos dejaron ingresar, ni como oyentes, ni como oradores, a pesar de estar inscriptos. Queríamos controlar el desarrollo de la misma, y nos respondieron con violencia. Vamos a plantear la nulidad de esta audiencia mentirosa”.
Técnicamente, el proyecto se propone explotar “a cielo abierto” un yacimiento de cobre ubicado en la estancia El Yalguaraz utilizando el método de “flotación” que excluye el uso de las sustancias prohibidas por la ley 7722 como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. El plazo de producción estimado es de 16 a 25 años, mientras que el proceso de construcción de la mina, el de mayor demanda de mano de obra, es de dos años.
Entre los cantos de sirenas, el proyecto promete inversiones por 559 millones de dólares que se desembolsarían a lo largo de 24 meses para la etapa de construcción y puesta en marcha del emprendimiento, y que permitirían crear más de mil de puestos de trabajo en la provincia.
Sin embargo, el primer año, tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental será de sólo 15 millones de dólares, que parecen bastar para lubricar billeteras de políticos y cámaras empresarias que hacen declaraciones auspiciosa.
Audiencia popular
“En este momento hay dos audiencias. La supuestamente pública, que genera el gobierno comprometido con la minera, dentro del predio de la empresa, y que se lleva adelante pese a las muchas acciones judiciales que se hicieron para que fuera en el pueblo y todo fue rechazado, lo cual muestra la connivencia de la Fiscalía de Estado y del Poder Judicial”, explica María Teresa. “Y otra, que decidimos las asambleas, especialmente la gente de Uspallata, que llamamos la audiencia pública del pueblo. Esta se llevó a cabo el pasado domingo 3 de agosto. Se armó un caravanazo desde todos los lugares de nuestra provincia y mediante un escribano público se certificó todo lo que estaba sucediendo”.
Para garantizar la participación de todos las y los interesados se dejó abierta la posibilidad de mandar videos y mails para ser anexados a la causa y los asambleístas pretenden que se adose al expediente oficial de la audiencia pública, “que no es pública, es del gobierno”. Hasta este martes, ya se habían recogido cerca de 1.600 pronunciamientos certificados, se habían recibido 750 correos electrónicos y completado más de 1.300 encuestas online.
El impacto más peligroso: “La violencia del gobierno”
“El impacto más peligroso es la violencia del gobierno al intentar imponer cosas a las que el pueblo ya le dijo que no en la audiencia pública de 2010. El 75% le dijo que no. Este domingo, pudimos ver cómo la gente de Uspallata está en contra del proyecto megaminero San Jorge y cómo el gobierno necesita embarrar la cancha y acusarnos y estigmatización, mintiendo sobre muchas cosas”, señala la referente asambleísta.
La división se genera principalmente gracias a las falsas promesas de generación de empleo y de “derrame” de ingresos en la actividad económica local y provincial. Ya quedó demostrado en otras provincias que la megaminería sólo provoca contaminación, devastación del ambiente y no mejora la situación de pobreza de provincias como Catamarca y San Juan.
“La violencia y la contaminación social degradan las instituciones democráticas, y provoca que se dividan las comunidades. El gobierno está desesperado por tapar esta respuesta popular que produjimos, que fue impactante. Y no lo están pudiendo tapar: el pueblo de Uspallata y de Mendoza no le da licencia social a la megaminería. En la calle, la conciencia del agua está intacta”, concluye Guñi Cañas.