El reclamo mapuche llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Redacción Canal Abierto | En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) difundieron un comunicado en el que instan a los Estados americanos a “proteger los derechos de los pueblos indígenas de los efectos dañinos de las industrias extractivas en sus territorios”.

A partir de diversos informes presentados por comunidades indígenas que habitan en territorios de fuerte interés para industrias basadas en la explotación de recursos naturales, incluidos los de minerales asociados a la transición energética, la Comisión pudo documentar “un patrón preocupante de riesgos que deben afrontar los defensores y las defensoras indígenas de la tierra y el medio ambiente”.

“En toda la región –señala- han proliferado informes sobre procesos penales iniciados contra personas que lideran a sus comunidades en la defensa de los territorios de estas. Muchas veces, se acusa formalmente a esas personas de delitos definidos con ambigüedad o con demasiada amplitud y se las procesa sin las garantías básicas del debido proceso, lo cual implica un hostigamiento por protestar o por defender los derechos en cuestión. Esas acciones muchas veces van acompañadas del despliegue de fuerzas de seguridad, de desahucios violentos y de conflictos sociales en los que a veces se exacerba la violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas”.

Entre las denuncias presentadas a la CIDH que fundamentan los alertas difundidos, destacan las impulsadas por entidades mapuches de Argentina, como la Confederación Mapuche de Neuquén, la Organización Malalweche de Mendoza y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Estas denunciaron, en el marco del avance del extractivismo, la aplicación de políticas “anti indígenas” por parte del Gobierno nacional, y de los gobiernos provinciales de Río Negro, Mendoza y Neuquén, entre otros, “que incluye a los tres poderes del Estado, pues se sancionan leyes inconstitucionales, en violación a los Convenios internacionales de Derechos Humanos, y la Justicia aplica el derecho penal y desconoce la aplicación de los convenios de DDHH y el Derecho Indígena”.

En un mensaje difundido en sus redes, desde la Confederación Mapuche Tehuelche de Río Negro resaltaron algunas de las alertas más concretas efectuadas por la CIDH, como la exigencia para que se cumpla “el Consentimiento a través de la Consulta  Libre e Informada”, y la advertencia de que en varios Estados “no hay debido proceso, no se respetan garantías constitucionales y no se aplican los estándares internacionales de Derecho Indígena”. La Comisión, añadieron, “advierte además que los Estados y las empresas deben cumplir con estos estándares, algo que en la realidad no se verifica”.

Un límite a las corporaciones

En el comunicado difundido la semana pasada, la CIDH se mete en una discusión acuciante en Argentina y en otros países de la región: la que contrapone y jerarquiza el desarrollo económico por sobre el derecho de los pueblos indígenas a defender sus territorios y el medio ambiente.

Por eso, la CIDH llama a defender los derechos de los pueblos originarios ya reconocidos por el Derecho Internacional. “Entre esos derechos –recuerdan- están los derechos a la autodeterminación, al autogobierno, a la propiedad colectiva, a la libertad de expresión, a recursos judiciales efectivos, y a la consulta y al consentimiento previo, informado y libre”. “Esos derechos no se deben debilitar aludiendo a un presunto interés público o al crecimiento económico”, subrayan.

La Comisión también pone en el centro el rol de los estados como guardianes de los derechos humanos, lo que incluye la tarea de controlar y supervisar a las empresas extractivas. En paralelo, pone sobre la mesa las obligaciones que también tienen las corporaciones con “los estándares interamericanos sobre empresas y derechos humanos y de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU”. Así, porque “el derecho al desarrollo debe priorizar la sostenibilidad, así como el bienestar de personas y comunidades y el respeto por los derechos de estas”.

“Según esos estándares –indica la CIDH- los Estados deben ejercer funciones de regulación y supervisión y garantizar el acceso a la justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo, las empresas deben tener en cuenta y respetar, en el contexto de sus actividades y relaciones comerciales, el derecho a un medio ambiente saludable y al uso sostenible y la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica. Se debe prestar especial atención a la relación cercana entre esos recursos y los pueblos indígenas, entre otros grupos, que está vinculada con la cosmovisión, la vida espiritual, la autodeterminación y los modos de subsistencia propios de esos pueblos”.

“Además, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, informado y libre. También deben llevar a cabo estudios de impacto social y ambiental a través de entidades independientes, para proteger la relación especial que los pueblos indígenas tienen con sus territorios. Los Estados deben asimismo garantizar el derecho de los pueblos indígenas a una participación razonable en los beneficios de cualquier proyecto que los afecte. Se debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo con los estándares pertinentes del sistema interamericano de derechos humanos”, agrega.

Por último, “la CIDH y su REDESCA instan a los Estados de las Américas a proteger los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, que deben hacer frente a impactos específicos en este contexto. Además, el organismo internacional y su oficina especializada piden a los Estados que reafirmen su compromiso con los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas impidiendo la criminalización de quienes los defienden, personas cuya labor es especialmente importante dados el cambio climático y la degradación ambiental en curso”.

“Como señaló recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos –concluye el comunicado- los Estados tienen una obligación especial de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y deben prestar particular atención a los riesgos adicionales que deben afrontar, entre otros grupos, los pueblos indígenas”.

Foto: Susi Maresca/ Tomada de Agencia Tierra Viva