Por Nahuel Croza | Con las firmas del presidente Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el aún ministro de Salud, pese a la crisis del fentanilo contaminado, Mario Lugones, el Gobierno promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) aprobada por el Congreso tras rechazar los vetos del Ejecutivo.
Lo hizo a través del decreto 681/2025 que a la vez que promulga la Ley vetada en agosto, la suspende hasta tanto el Congreso “determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestamos “nuestro profundo descontento con un Gobierno que continúa desoyendo a una sociedad que le marcó los límites en materia de derechos humanos básicos”.
Basa esta suspensión en lo que sostiene el artículo 5° de la Ley N° 24.629 (de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional) que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que el 15 de septiembre remitió al Congreso el Proyecto de Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2026, “el cual constituye el instrumento fundamental para la programación económica y financiera del Estado Nacional” y que “es en el marco de la aprobación del Presupuesto Nacional en donde se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”.
Siguiendo esa línea argumental, considera que los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria, “garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas”.
Respuesta del Congreso
“Es inaudito e inédito”, sostuvo el diputado nacional Esteban Paulón en la red social X. “Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución”.
Por su parte, el jefe del bloque de Diputados Nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló la línea directa que une dos decisiones tomadas por el Gobierno en un mismo día: la quita temporal de las retenciones (hasta las elecciones) y la suspensión de esta ley. “Milei y Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para eso NO hay plata. Pero hasta el 31 de octubre bajan a cero los derechos de exportación. Para eso SÍ hay recursos”, sostiene el legislador santafesino.
El economista Hernán Lechter, del CEPA, establece un cálculo en el que estima que el Gobierno, con la quita temporal de las retenciones resigna recursos fiscales por un monto estimable en “aproximadamente 1.700 millones de dólares (0,3% del Producto Bruto Interno – PBI)”. Con eso se podría financiar casi en su totalidad el incremento de las partidas que demanda la aplicación de la Ley de Emergencia, que el propio Gobierno en los considerandos del decreto estima en un 0,35 % del PBI.