Por Elisa Corzo | En medio del horror por el triple femicidio de Morena Verri y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de tan solo 15, en las redes sociales y canales de televisión, la conversación comenzó a girar en torno a la vida de las chicas, a responsabilizar a sus familias y a cuestionar si se trataba o no de un femicidio.
El negacionismo de la violencia de género llegó, sobre todo, desde el Gobierno. “Banalizar esto, plantear si es o no un tema sobre el Ministerio de la Mujer es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Es al narcotráfico donde se tiene que apuntar y no a esto que se ha empezado a decir en las marchas sobre el Ni Una Menos”, cuestionó.
Rápidamente, junto con las familias y vecinos, el movimiento de mujeres y feminista salió a responder. El miércoles por la noche, tras una convocatoria de la Asociación de Meretrices (AMMAR), Ni Una Menos y demás organizaciones, hubo manifestaciones multitudinarias en todo el país. En CABA, la plaza de Flores donde las chicas ejercían el trabajo sexual, fue desbordada a pesar de la represión policial. Este sábado hay un nuevo llamado bajo la consigna “ninguna vida es descartable”. En CABA, habrá una marcha de Plaza de Mayo al Congreso, a las 16.
Celeste Perosino es antropóloga forense, integrante de la Asamblea Ni Una Menos y de la Movida Ciudad, con una larga trayectoria en la investigación y el estudio de las violencias. Para ella, la mera existencia de esos cuestionamientos da la pauta de que estamos frente a un femicidio.
“En las últimas horas hubo mucho debate acerca de si esto era un mero ajuste de cuentas o si se trataba de un femicidio. Cuando se empiezan a tensionar estos debates: si la víctima era buena, si era mala, dónde estaba la familia en el momento del hecho, o la clasificación de la situación, claramente estamos ante una situación de un femicidio”.
“Además –subraya en diálogo con Canal Abierto– se puede definir técnicamente: ya desde el año 2014 en el Protocolo Latinoamericano están reseñadas las características de un femicidio en contexto de criminalidad organizada, y este caso tiene todos los indicadores como para dar cuenta de que lo es”.
“Hay desaparición, hay ciertas violencias que exceden el objetivo de matar –lo que se conoce como ‘overkill’-, hay una situación de desmembramiento de los cuerpos y hay un mensaje que se envía. Son indicadores propios de los contextos de violencia dentro de grupos de criminalidad organizada”, describe.
El miércoles 24 por la noche, el ministerio de Seguridad bonaerense dio a conocer que además de la brutalidad de las muertes, las torturas y asesinatos habían sido trasmitidos en vivo en un grupo cerrado de Instagram.
Esa espectacularizació del hecho –sostiene Perosino- también es un elemento característico de las violencias letales en los contextos específicos del crimen organizado, aunque posiblemente sea “la primera vez que lo vemos tan de cerca”, porque son violencias “más propias de otros territorios”.
En Argentina, la mayoría de los femicidios ocurren en contextos domésticos, a manos de parejas o exparejas. No obstante, según un relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va del año, cerca del 10% de estos asesinatos fueron en contexto de narcocriminalidad. Concretamente, de 178 femicidios registrados hasta el 31 de agosto de 2025, 12 fueron vinculados al narco, y con los de las tres chicas que ejercían el trabajo sexual en la zona de Flores, se elevarían a 15. Como apunta la periodista especializada en género, Luciana Peker, el fenómeno es reciente pero no aislado.
“La transmisión en vivo de la secuencia de tortura -expresa la especialista y activista feminista- nos reafirma que la violencia no solo se escribe en cuerpos particulares, sino que envía un mensaje a la totalidad de las mujeres y feminidades. Y en este contexto de fuerte crisis económica, de negacionismo de las violencias basadas en el género, de volver a reforzar los lugares históricos a los que hemos sido relegadas las mujeres, las lesbianas y las trans, el desafío es poder hacer esa lectura mucho más amplia: lo que se está reforzando con este triple femicidio es el patrón de subordinación e inferioridad de las mujeres en un contexto donde se ha elegido como uno de los principales enemigos políticos de este gobierno al movimiento feminista”.
El rol del Estado
En esa línea, Perosino, quien como parte de la Colectiva de Intervención ante las Violencias fue coautora de “(Im) pericias, una crítica feminista a la investigación de desapariciones”, afirma que, claramente, “el repliegue del Estado habilita a que estos hechos ocurran”.
“Cuando el estado se repliega hay otros actores que vienen a ocupar ese lugar, en este caso, el narco. Hay que dar en cuenta de eso: de la fuerza de la crisis económica que también lleva a muchas pibas a situaciones de precariedad que hacen que aumenten los niveles de riesgo a los cuales están expuestas”.
Además, “el negacionismo de la asistencia de violencias específicas contra las mujeres, que es lo que alimenta el debate sobre qué es lo que ocurrió con las tres chicas o cómo se clasifica ese hecho, también habilita a que esas violencias se recrudezcan y sean cada vez más corrientes”.
En este marco, el desempeño de la Justicia –“deficitaria en toda la cadena de investigación” y de la policía tampoco es un detalle. “Nuevamente, vemos una policía que le corta a la familia el acceso al sistema de investigación, que es la que tiene tomar la denuncia y judicializar, y que no cumple con este rol. Porque además hay un consenso dentro de las fuerzas de seguridad a no tratar como un delito la desaparición de niñas y de mujeres”.
“De igual forma –destaca- es lo que pasa en la Justicia. Hay una subrepresentación de violencias de género que no son reconocidos como tal, que son tratados como homicidios simples y no como femicidios, y eso también da cuenta del contexto en el que estamos viviendo”.
El problema se completa con el rol de los medios. “Hoy –destaca-hay un apagón informativo con respecto a la cómo han recrudecido las violencias contra las mujeres”.
El caso
Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo (primas, ambas de 20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15) estaban desaparecidas desde la noche del viernes 19 de septiembre. Las tres vivían en La Matanza y frecuentaban la zona de Flores en CABA, donde ejercían el trabajo sexual. Sus familias intentaron hacer la denuncia el sábado pero en la comisaría les dijeron –contra todos los protocolos- que tenían que esperar 24 horas y que no había fiscal de turno. Tras varios días de búsqueda y reclamos, los cuerpos fueron hallados en una casa en el partido bonaerense de Florencio Varela
Según pudieron reconstruir luego los investigadores y la información disponible hasta el momento, el mismo viernes, alrededor de las 21.30, las tres chicas se habrían subido por su propia voluntad a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, en una estación de servicio YPF en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso la principal hipótesis es que chicas cayeron en trampa de una “organización trasnacional de narcotráfico”, que por motivos que se están indagando, planificó los asesinatos.
“Sabemos que las chicas se desenvolvían y habitualmente paseaban y recorrían la zona de Flores en CABA. En ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal y por algunos detalles que estamos estableciendo, algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas”, indicó en una conferencia de prensa, el miércoles 24.
Por los hechos, hay cuatro detenidos en la cárcel de Melchor Romero. Están imputados por “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. La investigación, que en principios estaba en manos del fiscal Gastón Dupláa, ahora la realiza la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas.