Redacción Canal Abierto | Durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 31% en términos reales respecto a 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La reducción que el gobierno de Javier Milei reivindica como parte de su “motosierra”, golpeó con especial dureza a áreas clave del Estado como salud, educación, ciencia, desarrollo social y obra pública.
En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución presupuestaria un 35%, y los servicios de deuda pública mantuvieron un peso del 9% sobre el gasto total.
El análisis del CEPA revela un patrón inequívoco: mientras se desfinancian programas esenciales para la población, se preservan -e incluso fortalecen- partidas vinculadas al aparato de seguridad y represivo. Pero, por sobre todas las cosas, al cumplimiento de los compromisos financieros.
Salud y contención social, principales víctimas del ajuste
En el área de salud, los recortes alcanzan niveles críticos. La Superintendencia de Servicios de Salud perdió el 70% de su presupuesto, los hospitales nacionales entre el 30 y el 38%, el Instituto Malbrán un 22% y la ANMAT un 28%.
Algunos programas de prevención y atención sanitaria directamente desaparecieron, con caídas de hasta el 100% en su ejecución. Solo el programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica muestra un aumento, del 24%.
La situación social no es menos grave. El informe destaca que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un ajuste del 72%, el INAES del 74% y programas como el Plan Nacional de Protección y Economía Social, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense o las transferencias a provincias y municipios fueron directamente desmantelados, con reducciones del 100%.
Los comedores comunitarios, en un contexto de emergencia alimentaria, perdieron el 63% de su financiamiento.
En educación, ciencia y trabajo, un Estado en retirada
La educación pública también figura entre las áreas más castigadas. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente fueron eliminados por completo, mientras que las becas estudiantiles y la formación docente sufrieron recortes de entre el 77% y el 79%.
El desfinanciamiento alcanza también al sistema científico y tecnológico: el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 83%, el CONICET un 30%, y organismos como la CONAE, el Servicio Meteorológico Nacional o el Servicio Geológico Minero registraron reducciones de entre el 19% y el 35%.
Industria, transporte y obra pública: inversión cero
El ajuste impactó con fuerza en la producción y la infraestructura. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo recortó un 78% de su presupuesto, el INTA un 38% y el INTI un 45%. En materia de transporte y obra pública, la ejecución es prácticamente nula: los programas de pavimentación, infraestructura vial y saneamiento muestran caídas de entre el 89% y el 100%.
Más recursos para Inteligencia y deuda
Mientras los recortes se profundizan sobre las áreas que sostienen la vida cotidiana y el desarrollo, la Secretaría de Inteligencia del Estado -dependiente de Presidencia, pero en los hechos en manos de Santiago Caputo- registró un incremento del 35% en su ejecución presupuestaria.
En paralelo, los pagos de deuda continúan absorbiendo cerca del 9% del gasto total, consolidando la prioridad que el gobierno otorga a los compromisos financieros frente a las políticas sociales.
El costo social de la motosierra
La combinación de un gasto social en mínimos históricos, la paralización de la obra pública y la pérdida de financiamiento para ciencia y educación configura un escenario de deterioro estructural de la cosa pública. Y ya sabemos qué grupos delictivos avanzan cuando se retira el Estado, sino basta con echarle un vistazo a las crónicas policiales –también políticas, como demuestra el caso Espert- de las últimas semanas.
Mientras tanto, los únicos sectores con crecimiento o estabilidad presupuestaria son los vinculados a la inteligencia y la deuda, confirmando que el filo de la “motosierra” de Milei sólo funciona para la amputación de derechos y el recorte a la asistencia de los más vulnerables de la sociedad.