Redacción Canal Abierto | A partir del Acuerdo de Estabilización Cambiaria o Swap de Divisas por U$D 20.000 millones, celebrado en secreto por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central (BCRA) con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los demandantes del endeudamiento con el FMI de 2018 y los posteriores préstamos suscriptos para poder afrontarla presentaron presentaron una ampliación de la demanda de amparo en la Causa N∘ CAF 8398/2022 donde se cuestiona la constitucionalidad del mismo.
Se trata de la referente El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, ingeniera Eva Koustovitis; el presidente Unidad Popular, el economista Claudio Lozano y el fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldivieso.
En esta nueva presentación, los denunciantes solicitan la “nulidad absoluta e insanable” del acuerdo, argumentando que el Gobierno usurpó facultades legislativas al omitir la intervención y aprobación obligatoria del Congreso Nacional, tal como lo exige la Constitución Nacional.
El escrito sostiene que el Poder Ejecutivo incurrió en un fraude a la Constitución al denominar como swap, que es un instrumento de política monetaria, a lo que materialmente es un empréstito o una operación de crédito público. La denuncia argumenta que, si bien una línea contingente podría ser política monetaria, ”en el preciso instante de su ‘activación’ o ‘uso’”, la operación “muta su naturaleza y se transforma en un préstamo firme” que genera una obligación de repago onerosa.
Como prueba clave de la onerosidad, Koustovitis, Lozano y Baldivieso citan en la presentación las declaraciones públicas hechas el 11 de noviembre por el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent en una entrevista televisiva en la que afirmó que “obtuvimos ganancias con ello”. La denuncia califica esta ganancia admitida por el propio acreedor como la “prueba fáctica irrefutable” de que se trata de un préstamo con intereses, y no un simple swap.
La denuncia establece un nexo causal directo entre este nuevo acuerdo y la deuda con el FMI de 2018, que devino en la demanda original. Se alega que la activación inicial del swap, estimada en unos U$D 2.700 ó 2.800 millones fue utilizada para “convalidar, reconocer y cancelar vencimientos” de la deuda anterior.
Respecto a esto, el escrito detalla que unos U$D 796 millones fueron utilizados para la adquisición de los DEGs (Derechos Especiales de Giro, moneda propia del FMI) para cancelar un pago de intereses al organismo. “Se está tomando nueva deuda nula para sostener la anterior deuda nula”, afirma el escrito.
Finalmente, se denuncia la más absoluta opacidad en la que se ejecutó el acuerdo. Los términos contractuales clave (tasa de interés, garantías, cronograma de repago, comisiones) “no han sido publicados” y “son un misterio”, lo que es denunciada como un “vicio manifiesto que ataca el corazón del sistema republicano de gobierno”, lo que por sí solo debería determinar su nulidad.
Ante esta situación, la presentación solicita al juzgado que declare la “nulidad absoluta e insanable” del acuerdo con el Tesoro de EE.UU. Además, requiere con carácter urgente que se libre oficio al BCRA, al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que presenten en la causa la “copia íntegra, certificada y bilingüe del Acuerdo”, los expedientes administrativos y todos los dictámenes jurídicos que lo avalaron.