Redacción Canal Abierto | Ayer Patricia Bullrich se despidió de su segunda gestión al frente del ministerio de Seguridad de la Nación con el anuncio de un proyecto de reforma “a fondo” del Código Penal que, según señaló el maestro de ceremonias y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca perpetuar “la doctrina Bullrich”, tras la salida de la ahora senadora nacional.
Una “doctrina” que, de acuerdo al último reporte de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), en estos casi dos años dejó un saldo de 900 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado (dos tercios en cárceles y comisarías, a las que le siguen las muertes por “gatillo fácil”), y que la semana pasada fue duramente cuestionada por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
La exministra, por su parte, dijo que el objetivo de la reforma -que tiene como medida más importante el aumento de las penas– era “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código Penal”. “Y los más favorecidos -aseguró- eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. A partir de ahora, va a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas”.
Para la abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Claudia Cesaroni, que en sus redes compartió un primer análisis de lo anunciado, el proyecto más bien apunta a la “legalización de la violencia estatal” y a “continuar con la inflación punitiva y el aumento de la población carcelaria y la tortura”. Esto, afirmó, mediante “argumentos falsos, mentiras que se caen con solo guglear dos datos y verba ‘manodurista juntavotos’”.
El más alevoso, quizás, el que establece una vinculación automática entre aumento de penas y seguridad. “Hay países donde las penas son tan fuertes que la tasa de delito tiende a cero, Singapur, para dar un ejemplo”, dijo Bullrich. E insistió: “Está comprobado que los países que tienen penas fuertes bajan los delitos”.
Para Cesaroni son puras “mentiras”. “Miren a su país amado, los EEUU, la tasa de prisonización es de las más altas del mundo. Pero, además, miente también con el ejemplo de Singapur. En las imágenes se ve claramente: EEUU tiene una tasa de 542 personas presas cada 100.000 habitantes; Singapur, una tasa de 178; la Argentina, cuya población carcelaria no ha dejado de aumentar, una tasa de 284 (sumando cárceles y comisarías)”. “Si el modelo es Singapur”, señaló, “pues entonces hay que bajar la tasa de prisonización, no aumentarla”.
Y explicó que “las personas no siguen cometiendo delitos porque ‘no tengan consecuencias’, sino porque no se establecen políticas públicas reales de reinserción”. En esa línea, también cuestionó contenido en la reforma para quitar derechos elementales como las salidas a estudiar. “Te piden que te reinsertes en la sociedad, y al mismo tiempo, te prohíben salir a estudiar, a trabajar o a revincularte con tu familia”, advirtió.
Punto por punto
De acuerdo a lo anunciado ayer, la reforma contempla las siguientes medidas:
-Aumento de penas para los delitos de homicidio: Para el simple, la pena máxima pasaría de 25 a 30 años, y para el agravado, donde la pena es perpetua, se añadirían más agravantes (como magnicidio, o para los casos de víctimas menores de 16 años o mayores de 65).
“La agravante de la agravante, o sea, la agravante al cuadrado, ¿cuál sería? ¿una pena más allá de la vida?, ¿una pena en una mazmorra?”, ironizó Cesaroni. La abogada también cuestionó que, en paralelo a esto, ante el interrogante de qué iba a hacer con el agravante de femicidio -que el exministro Cúneo Libarona quería eliminar-Bullrich respondió con evasivas.
-También aumentarían las penas para los delitos de corrupción y para conducción imprudente (la pena máxima pasaría de 4 a 6 años).
“Puro maquillaje. Nadie que mira un celular mientras maneja o pasa un semáforo en rojo piensa en 4 o 6 años. Agravar la pena no previene”, apuntó la abogada.
-Ejecución de la pena: “Vamos a plantear que se rechacen todos los recursos para que no se cumplan las condenas, cuando son condenas graves”, dijo Bullrich.
“Confirmado: según este proyecto, se termina la función de la justicia de ejecución penal. Veremos qué opinan instituciones como la Procuración Penitenciaria de la Nación, o la Red Nacional de Jueces de Ejecución Penal. O las fiscalías y defensorías de Ejecución Penal, a nivel federal y provincial”, señaló la abogada.
– “El máximo de la pena no va a tener límite temporal”, anunció la exministra. Una medida que tendría como objetivo, aunque no se entiende la relación causal, “combatir el crimen organizado”, “como en Rosario”.
“Eso ya está ampliamente discutido en el ámbito interamericano, y europeo”, zanjó Cesaroni.
-La reforma también busca “robustecer” el concepto de legítima defensa. “La presunción siempre a favor de quien se defiende”, subrayó Bullrich.
Una medida que Cesaroni calificó de “gravísima”. “O sea: se va a legalizar la venganza por mano propia y la violencia estatal, llamada ‘gatillo fácil’”.
-También se anunció la participación de las víctimas en la toma de decisiones judiciales sobre distintos tipos de salida de las personas condenadas. Algo que, acotó Cesaroni, ya existe.
-Los delitos graves y gravísimos van a ser imprescriptibles y de cumplimiento efectivo. Acá entrarían: el homicidio agravado, el abuso sexual en todas las modalidades, la corrupción de menores, la trata de personas y menores, los secuestros extorsivos, los atentados al orden constitucional y al sistema democrático, procesos contra organizaciones criminales (ley Antimafias), terrorismo y financiamiento del terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes.
Sobre ese punto, la abogada del CEPOC pidió un análisis caso por caso. Y en términos generales, “espero que los Senados y Diputados de Unión por la Patria realicen un trabajo serio para oponerse a esta barbarie, y sobre todo, una fuerte campaña de difusión, sin ceder a las acusaciones de “prodelincuentes”, que les suele producir pánico”, destacó.