Por Nahuel Croza | Facundo Jones Huala es un preso político. Se encuentra inconstitucionalmente privado de su libertad en un penal federal de máxima seguridad, el 6 de Rawson -aquel del que se fugaran los dirigentes guerrilleros en 1972 en la célebre fuga y la posterior y cobarde masacre de Trelew-, luego de ser secuestrado por la Policía Federal el 8 de junio en El Bolsón.
La presunción de inocencia cuando el ciudadano o ciudadana es mapuche se invierte y pasa a ser una semiplena prueba de culpabilidad. Facundo está preso por la necesidad del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Justicia de fabricar un líder para una supuesta organización terrorista mapuche que justifique la criminalización y persecución de cualquier resistencia, reclamo o portación de rostro de todo un pueblo, el mapuche tehuelche, a lo largo y ancho del territorio patagónico, en el que día a día avanzan negocios estratégicos para el capital multinacional que pueden ser amenazados por la molesta presencia de una nación que pretende -y necesita- vivir en armonía con la Mapu.
Jones Huala, preso hace siete meses con prisión preventiva a más de 800 kilómetros de su familia, está acusado de “intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal”, tipificación que puede caberle a más de un vocero mediático, incluso al Presidente y su claque de reidores de Carajo.
El hecho que se le imputa data del 2 de febrero cuando presentó su libro de poemas Entre Rejas: antipoesía incendiaria, en el Centro Cultural Aimé Painé, de Bariloche. El trabajo recoge textos escritos en su derrotero por los penales de Temuco (Chile) y Esquel.
En esta ocasión, el longko reivindicó la utilización de la acción directa como método de resistencia frente al despojo territorial y la avanzada extractivista que destruye el ambiente. Esto lo dijo en un evento público, a cuya grabación en video se puede acceder en las redes.
En la última audiencia en que a pedido de la defensa a cargo de la Gremial, la Cámara debatió la situación procesal de Huala y la revisión de su prisión preventiva, la fiscalía sostuvo que no tiene pruebas contra el longko y que “no investigan a Facundo”, que no se “le atribuye la autoría de hechos” y afirman que investigan a la imaginaria organización. “Es decir que está preso sin que se le impute un delito”, sostiene Gustavo Franquet, su abogado. “Increíble, pero es así”.
Criminalización
Meses más tarde de su secuestro sin orden judicial a manos de una patrulla de la Federal, “error” subsanado horas después por el juez federal de Bariloche Ezequiel Andreani quien envió la orden de detención vía Whatsapp, Jones Huala fue incluido por el Ministerio de Seguridad en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), en el mes de septiembre.
“Nosotros hemos tenido que ir a la Corte en queja a reclamar que se anule esa detención, pero el tribunal supremo tiene sus tiempos y no ha avanzado en esa cuestión”, sostiene Franquet en diálogo con Canal Abierto.
Previamente en febrero, con la Resolución 210/2025, Bullrich incluyó a la imaginaria Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en dicho registro.
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Junto a Huala fueron incorporados varios miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que sostiene un largo conflicto por la recuperación territorial en Villa Mascardi. En consecuencia a este acto estatal, les cerraron y cancelaron sus cuentas bancarias, billeteras virtuales, las Asignaciones Universales de sus hijos y hasta una pensión por discapacidad del hijo de una de estas mujeres.
Entre los miembros de la lof incluidos en el registro, se encuentran: Joana Colhuan y Matías Santana, hermana y pareja, respectivamente, de la machi Betiana Colhuan; María Isabel Nahuel, tía de Rafita Nahuel -asesinado por la Prefectura Naval Argentina-; Luciana Jaramillo; Gonzalo Coña -herido por la PNA, en el mismo hecho en que asesinaron a Rafael Nahuel.
Esta estrategia de criminalización comenzó a desplegarse en 2017, frente al conflicto en Cushamen (Chubut) en el que Santiago Maldonado fue víctima de una desaparición seguida de muerte -causa que sigue abierta en la Justicia-, y el de Villa Mascardi, entre otros. En ese momento, la cartera de Seguridad, al mando de la hoy senadora de apellido con olor a bosta y despojo, circuló el “Informe R.A.M. 2017” que advertía del “peligro mapuche” caratulando como terrorista a este supuesto grupo insurgente mapuche que negaba al Estado argentino.
Hostigamiento
Preso en un penal federal de máxima seguridad, Facundo vive además un permanente hostigamiento de sus carceleros. El 11 de diciembre, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ingresaron violentamente a la celda que ocupa el longko en el marco de una de las habituales “requisas” que cotidianamente padecen los presos en este país. Entre otros destrozos, se ensañaron con la planta que, en una maceta, sirve para que él realice las ceremonias espirituales propias de sus creencias como miembro del pueblo mapuche.
El hecho fue denunciado por su madre ante los juzgados federales de Bariloche y Rawson. El primero rechazó la presentación; el segundo, derivó la denuncia a la fiscalía federal de Rawson para que inicie la investigación.
La Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a Facundo, denunció ante la fiscalía en una audiencia que el SPF no cumple con las disposiciones judiciales de respetar los protocolos vigentes que garantizan y reglamentan el ejercicio de la religiosidad y de las prácticas culturales (“Programa de tratamiento específico para el abordaje de diversidades socioculturales en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”).
“No sólo no los cumple, sino que, una y otra vez, aparecen claras actitudes de discriminación, hostigamiento, provocación y estigmatización contra el preso político Facundo Jones Huala. Además de la destrucción del objeto de culto también dejaron claro, agregando ostentosamente otros objetos, que pueden sin problema alguno “plantarle” cosas (lo cual sólo puede ser entendido como una amenaza poco encubierta)”, sostuvieron los letrados y agregaron que los agentes “se burlaron de su espiritualidad arrojando sal sobre todas sus pertenencias revueltas. Todo esto además de que siguen rehusando entregarle el dinero que tenía encima al ser detenido, pese a que el juzgado de Bariloche ya aclaró que no está retenido judicialmente”.
La Gremial reiteró además el pedido de traslado a la cárcel de Esquel, más cercana a su familia); ya consentido por jueces y fiscales, pero negado por el gobierno (SPF).
La situación judicial de Facundo
“De acuerdo al nuevo código procesal, Facundo está siendo investigado. Traducido a lo que la mayor parte de nosotros conoce del viejo código procesal, está imputado. Antes, hacía falta que se decidiera el procesamiento de una persona para poder dictarle prisión preventiva. El nuevo código permite que la persona imputada esté presa con prisión preventiva”, explica Franquet. “A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Gustavo Zapata les concedió dos años para la investigación por considerarla una investigación compleja. El máximo para un proceso normal es un año”.
“Cuando se hacen las audiencias que la fiscalía pide para prorrogar la prisión preventiva, no aportan nuevas pruebas y como se lo hicimos notar desde la defensa, los jueces le preguntaron directamente a la fiscalía qué pruebas tenían contra Facundo surgidas de la investigación; la fiscalía declaró que ellos no están investigando a Facundo, que están investigando la existencia o no de la RAM, pero mientras tanto a Facundo no tienen nada para investigarlo”.
El problema para el longko y sus allegados, varios ya criminalizados al ser incluidos en el RePeT, es que la investigación por asociación criminal -que lo mantiene detenido- necesita de otras personas acusadas. “Dada la tendencia, dada la costumbre de este gobierno y sectores de los gobiernos anteriores de acusar a los mapuches como terroristas indiscriminadamente, esto implica que hay una espada de Damocles pendiendo sobre todos ellos que pueden terminan acusados por asociación criminal”, sostiene el defensor.
“Todo esto responde muy sencillamente a que defienden los intereses extractivistas, los intereses inmobiliarios de grandes negocios con Emiratos Árabes, los cataríes y la venta de grandes extensiones de tierra en la Patagonia”.
“Nuestra conclusión es que a toda costa quieren inventar el terrorismo mapuche en Argentina con fines, como se yo suelo decir, inconfesables”, concluye el abogado de la Gremial.