Redacción Canal Abierto | Comienza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso y el gobierno de Javier Milei busca sancionar un proyecto para debilitar la Ley de Glaciares (Ley 26.639) y, a cambio, ganarse el apoyo parlamentario de gobernadores mineros para el resto de las reformas que impulsa.
La estrategia combina promesas de “seguridad jurídica” para atraer inversiones, propuestas técnicas para redefinir qué se protege y la oferta implícita de caja o poder territorial a las provincias.
En concreto, el objetivo es reducir las áreas periglaciales o crioformaciones, cuya definición técnica pone un freno a inversiones y proyectos mineros. Y así dar vía libre a actividades que puedan dañarlos permitiendo la liberación sin control de productos químicos o residuos.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo propone modificar definiciones centrales de la ley, en particular las vinculadas al ambiente glaciar y periglaciar.
La discusión ya comenzó en el Congreso, donde el oficialismo y sus aliados buscan avanzar con una agenda que prioriza la rentabilidad de los proyectos extractivos por sobre la protección ambiental.
En la vereda de enfrente, legisladores, científicos, asambleas socioambientales y organismos de derechos humanos alertan sobre el retroceso que implicaría tocar una ley conquistada tras años de movilización social.
En este contexto, Canal Abierto dialogó con Matías Arrigazzi, biólogo e integrante de Greenpeace, quien analiza el alcance del proyecto del Gobierno y las consecuencias políticas, sociales y ambientales de debilitar una ley clave para la defensa de los bienes comunes.
Entrevista: Diego Leonoff
Equipo audiovisual: Pablo Martínez Levy y Ramiro Lorenzo
