Redacción Canal Abierto | Con 149 votos afirmativos y 100 en contra, ayer jueves 12 de febrero el oficialismo se anotó una nueva victoria en el Congreso con la aprobación de un nuevo régimen penal juvenil que abarca a niñas, niños y adolescentes de entre 14 y 18 años.
El día anterior, el proyecto fue reescrito a las apuradas para conseguir los votos necesarios: se elevó el piso etario que estaba en 13 años y la pena máxima se redujo de 20 a 15 años. La desprolijidad se hizo patente en el recinto, donde tuvieron que corregir sobre la marcha los errores del texto.
Los 95 diputados de La Libertad Avanza estuvieron acompañados por la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia. Mientras, se opusieron a la norma el peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba.
El massimo, en tanto, tuvo rol clave: Ramiro Gutiérrez le aseguró el quórum al Gobierno y, aunque en general el espacio político se opuso al proyecto, los cinco legisladores que responden al exministro de Economía votaron a favor del primer capítulo del proyecto.
Las claves del proyecto
La reforma que obtuvo media sanción en Diputados y que ahora será girada a Senadores para buscar su sanción definitiva el jueves 26 –según consigna la agencia Noticias Argentinas– “no mejora ninguno de los problemas que tiene hoy el régimen penal juvenil y mucho menos resuelve la violencia y el delito”, explicaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Actualmente”- añadieron- “un adolescente que pasa por el sistema penal queda marcado y su reinserción en la sociedad es muy difícil. La propuesta no prevé ningún acompañamiento ni formas de reinserción para prevenir conductas conflictivas. Tampoco aporta estrategias para evitar la reincidencia”.
En esa línea, el organismo de Derechos Humanos puso el ojo en los cuatro aspectos más preocupantes de la ley que podría aprobarse antes de marzo.
–Cárcel para niños, niñas y adolescentes: Las modificaciones que se introducen –precisaron- equiparan a las personas menores de edad con los adultos, lo que es un problema en sí porque desconoce que los niños, niñas y adolescentes están en crecimiento y que, por tanto, requieren de asistencias y cuidados especiales. “De aprobarse este proyecto en el recinto, la cárcel será la respuesta principal frente a cualquier tipo de delito”, subrayaron.
“Además, aquellas personas menores de edad que sean condenadas podrían ser encerradas en unidades penitenciarias para mayores. Si bien es cierto que se prevé un espacio separado, las recomendaciones internacionales hablan de que los espacios de encierro deben ser especialmente destinados a esta población que tiene características especiales. También aumentan las posibilidades de que se aplique prisión preventiva sin límites claros”, añadieron.
-Baja la edad de imputabilidad a 14 años: Cabe aclarar que hasta el momento, la edad a partir de la cual se puede procesar a una persona es de 16 años. “Con esta ley –explicaron desde el CELS- no solo se baja a 14, sino que, además, no existe distinción alguna entre una persona de 14 y una de 17 a la hora de evaluar la pena correspondiente. En otros proyectos, que quedaron fuera del tratamiento, se contemplaba una diferencia entre las franjas que van de 14 a 16 y la de 16 a 18”.
Por eso, “esta medida apunta más a dar un efecto mediático que a resolver efectivamente los problemas vinculados al delito”, cuestionaron. En esa línea, según las estadísticas, los delitos graves cometidos por menores son ínfimos”. Más aún –consideraron- cuando “no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población”.
-Pena máxima de 15 años: “Este punto es uno de los más graves que introduce la nueva ley”, indicaron desde el organismo fundado en 1979. “Tratar a los menores de edad, sin la suficiente madurez física y mental, como si fueran mayores también incide en que las penas cambian su escala. Es decir que un adolescente de 14 años condenado por un delito grave podría recibir una pena mayor a su propia edad. Esto atenta contra todo tipo de posibilidad de que esa persona pueda tener una vida más allá de la cárcel”.
“El encierro en sí y en las condiciones argentinas, con el aislamiento como regla y sin contacto con los afectos ni acceso a la escuela, hace de los centros de detención, espacios de reproducción de prácticas violentas. Al salir, es posible que queden en una situación de mayor marginalidad y sin herramientas de inserción”, expresaron.
-Por último, advirtieron por la vuelta al sistema de tutelaje: “Si este proyecto se convierte en ley, un juez podría separar a un menor de su familia, inclusive enviarlo bajo custodia de los organismos de niñez. Para hacerlo, no le hará falta siquiera tomar en cuenta la voz del niño, lo que termina con el principio de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos”, destacaron.
El uso político del dolor social
Al proyecto impulsado por el Ejecutivo también se oponen instituciones de larga trayectoria y experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y conflicto con la ley penal, dos cuestiones que van muy de la mano.
Entre ellas, la Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta abierta dirigida a los legisladores y legisladoras, firmada por Cáritas Argentina, la Pastoral Social y la Pastoral Carcelaria, titulada “bajar la edad no baja el delito”.
En la misma, adhieren al posicionamiento de otras entidades de la talla de UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADEPRA), La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), Defensoría General de la Nación, Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes Internacional (DNI), Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia.
“Como la mayoría de los argentinos, estamos convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil”. Sin embargo –subrayaron- “preocupa especialmente que este debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático. Esto impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables”.
En el documento pusieron el foco en la falta de realismo del proyecto: “En las condiciones actuales, ¿es razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podrá implementar un sistema penal juvenil que brinde tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación, espiritualidad y abordaje integral de consumos problemáticos?”, plantearon.
El documento no se queda en las críticas. También recoge la experiencia y los debates especializados sobre la temática, y brinda algunas claves de qué debería tener en cuenta un proyecto más efectivo y alineado con la Constitución Nacional y los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Entre ellas, que el abordaje de las situaciones de vulnerabilidad esté en manos de los Juzgados de Familia, la necesidad de que se revise la Ley de Salud Mental para que contemple el inicio cada vez más temprano en el uso de sustancias, y la aplicación de la “Justicia Restaurativa” para casos de mayores de 16 años que cometan delitos graves.
Desde organizaciones de trabajadores como la CTA Autónoma también repudiaron el proyecto: “Quienes impulsan la baja de la edad de punibilidad saben que no es una solución. Son conscientes de que el problema, tal como lo presentan, no existe en los términos que describen: no hay una epidemia de ‘delincuencia juvenil’”, denunciaron.
“Lo real –rebatieron- es que cada día son más los niños y niñas condenados a un presente de miseria perpetua. Así, inevitablemente, nuevas adolescencias son arrojadas como reclutas a la cantera de ‘soldaditos’ del menudeo de drogas o atrapadas en los horrores de la trata”.
“Lo decimos una vez más: los que están en peligro son los pibes y las pibas”, afirmó la Central en un comunicado firmado por Omar Giuliani, educador, titular de la Federación Nacional Territorial y trabajador del Hogar Convivencial Ruca Hueney, un dispositivo de abordaje integral ubicado en General Rodríguez, que incluye hasta una escuela primaria, una secundaria agrotécnica y una cooperativa agropecuaria.