Redacción Canal Abierto | En un país donde tener trabajo ya no garantiza cubrir las necesidades básicas, una encuesta reciente vuelve a poner en evidencia hasta qué punto la crisis económica impacta directamente en la mesa de los trabajadores.
Un relevamiento sobre alimentación de los asalariados realizado por el Observatorio Social de la Deuda de la UCA muestra que seis de cada diez trabajadores debieron saltearse comidas por razones económicas durante el último tiempo, un dato que refleja el deterioro del poder adquisitivo incluso entre quienes cuentan con empleo.
El estudio —que busca describir los hábitos alimentarios de la población asalariada y su relación con las condiciones sociodemográficas y laborales— detectó que el 46,7% de los trabajadores se saltea comidas de manera ocasional, mientras que un 14,4% lo hace de manera regular.
En conjunto, esto significa que más del 60% de los asalariados enfrenta algún tipo de restricción alimentaria vinculada a la falta de ingresos suficientes, una situación que evidencia la profundidad del deterioro social en un país históricamente caracterizado por altos niveles de integración laboral.
Los datos exponen una dimensión muchas veces invisibilizada de la crisis: el deterioro de la calidad y la cantidad de alimentos incluso entre quienes tienen empleo. La investigación advierte que el problema no se limita al desempleo o a la informalidad, sino que alcanza también a trabajadores registrados que ven licuado su salario frente al aumento sostenido del costo de vida y de los precios de los alimentos.
En ese contexto, el relevamiento también indaga en las estrategias que adoptan los hogares para sostener el consumo alimentario. Entre ellas aparecen la reducción de porciones, la sustitución de alimentos por otros más baratos y la eliminación de algunas comidas diarias, prácticas que se vuelven cada vez más frecuentes a medida que el ingreso pierde capacidad de compra.
Estas estrategias de supervivencia reflejan, además, el impacto de la inflación sobre los productos básicos de la canasta alimentaria, uno de los rubros que más presiona sobre los ingresos de los sectores populares y de amplias franjas de trabajadores formales.
La encuesta se propone también caracterizar el vínculo entre condiciones laborales y alimentación, considerando variables como nivel de ingresos, estabilidad en el empleo, composición del hogar y situación socioeconómica. El objetivo es dimensionar cómo el deterioro del poder adquisitivo repercute directamente en la nutrición cotidiana de la población trabajadora.
El informe se conoce en un contexto marcado por la persistente pérdida del poder de compra de los salarios, el aumento de la pobreza y la precarización de las condiciones de vida. Sin embargo, desde el gobierno nacional el diagnóstico oficial contrasta con estos indicadores. Días atrás, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei llegó a afirmar que “la malaria se terminó”, una declaración que fue rápidamente cuestionada por distintos especialistas y organizaciones sociales.
En ese marco, la encuesta del Observatorio Social de la Deuda de la UCA vuelve a poner el foco en una realidad que atraviesa a amplios sectores del mundo del trabajo: el salario dejó de ser garantía de una alimentación adecuada.
La mesa familiar —tradicional termómetro del bienestar social— se convierte así en uno de los espacios donde con mayor crudeza se expresa el impacto cotidiano de la crisis económica: menos comida, alimentos de menor calidad y hogares que deben reorganizar su vida diaria para poder llegar a fin de mes.
