Redacción Canal Abierto | Un grupo de organizaciones del ámbito judicial, de los derechos humanos y de prensa expresan preocupación frente a las circunstancias que rodean la citación judicial de la periodista y abogada Natalia Volosin a raíz de sus hallazgos probatorios sobre el caso $LIBRA difundidos en el portal de noticias La Justa.
El trabajo periodístico publicado en ese medio aportó información relevante para el avance de la investigación, en especial la existencia de un documento borrador sobre un eventual acuerdo entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis.
Las organizaciones subrayan que “el periodismo cumple una función de máxima importancia dentro de una sociedad democrática. La publicación de contenidos de interés público para el esclarecimiento de hechos investigados judicialmente forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de impacto institucional”.
En este contexto, explican, la citación judicial de periodistas “debe realizarse con la máxima prudencia por parte de las autoridades, especialmente cuando se trata de casos complejos y de la difusión de información sensible”.
“Es fundamental garantizar que este tipo de diligencias no sean utilizadas como mecanismo de presión sobre el trabajo del periodismo de investigación en casos de corrupción”.
En las últimas horas y cuestionado por el manejo de la causa de $LIBRA, el fiscal Taiano dejó sin efecto la indagatoria a Volosín. El fiscal canceló la citación testimonial prevista para este martes en Comodoro Py. La comunicadora había denunciado las demoras judiciales sobre un informe clave fuera del expediente.
Las organizaciones firmantes son Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
Por otro lado, el texto recuerda que la protección de las fuentes periodísticas integra el núcleo esencial de la libertad de prensa: “Las investigaciones vinculadas al comportamiento del poder político quedarían comprometidas sin una adecuada preservación de quienes proveen información. Garantizar su resguardo es, por lo tanto, un requisito indispensable para preservar el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.
Esto sucede en un contexto de alarmante hostigamiento y deslegitimación del periodismo desde el propio Estado “que usa su poder para perseguir, humillar y silenciar, tanto en el terreno virtual, judicial y en las calles”, denunciaron.
Diversos sectores de la sociedad civil vienen denunciando el aumento acelerado de los ataques a la prensa desde diciembre de 2023. Incluso diversos órganos internacionales de protección de los derechos humanos han manifestado su preocupación.
Por último, las organizaciones firmantes instan a los actores institucionales a garantizar el respeto pleno del derecho a la libertad de prensa, asegurando el libre ejercicio de la investigación periodística sobre casos de interés público.
