Redacción Canal Abierto | La Resolución Conjunta 1/2026 del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía e Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó una resolución previa, del año 2012, disponiendo “que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones químico-farmacéuticas según la Ley N° 24481 y sus modificatorias”.
De esta forma el Gobierno elimina las “Guías de patentabilidad” -las pautas para patentar una invención químico-farmacéutica en nuestro país-, compatibles con los compromisos asumidos por nuestro país en el marco del Acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio) de la OMC, y que “constituían una herramienta soberana para proteger la Salud Pública y frenar los abusos de las compañías farmacéuticas multinacionales en Argentina en materia de propiedad intelectual”, según denuncia la Fundación GEP en un comunicado.
La resolución derogada impedía, hasta ayer, la concesión de patentes a perpetuidad -más allá del monopolio por 20 años que una farmacéutica tiene sobre un medicamento-, garantizaba la posibilidad de producir genéricos y generaba un ahorro multimillonario a los subsistemas de Salud que deben asegurar la provisión gratuita de medicamentos y vacunas y a los usuarios.
Las farmacéuticas utilizan maniobras -denominadas evergreening– para extender extender artificialmente el monopolio sobre sus invenciones-hallazgos, realizando modificaciones menores (nuevas dosis, fórmulas, combinación con otras drogas, nuevos usos) para obtener nuevas patentes, sin que medie una mejora terapéutica real, bloqueando la posibilidad de producir o importar genéricos más económicos.
La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), creada por personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis, ejemplifica la situación con el caso del esquema antirretroviral con Emtricitabina + Tenofovir, utilizado para el tratamiento y la prevención del VIH. En este caso, el rechazo de patentes indebidas permitió un ahorro acumulado de 394.029.145 dólares en los últimos ocho años, con precios que caen de 8,14 a 0,17 dólares por comprimido. Para el Sofosbuvir, medicamento clave que cura la hepatitis C, el ahorro acumulado fue de 20.142.243 de dólares, con precios de 75,58 frente a 4,34 dólares.
La consecuencia de esta medida provocará que haya menos producción local de medicamentos, menor competencia y precios más altos, bloqueando el acceso a tratamientos esenciales que salvan vidas, precisamente en un escenario con un Gobierno que abandona la salud de la población a su suerte y produce recortes de presupuesto en todas las áreas cuando no las cierra directamente.
“Para las personas con VIH, hepatitis o TBC que dependemos del sistema público de Salud, el impacto se traduce en precios exorbitantemente más altos para el Estado y, eventualmente, en desabastecimiento, discontinuidad de tratamientos o necesidad de recurrir a opciones terapéuticas inferiores cuando el medicamento queda bajo monopolio de una multinacional”, sostiene en diálogo con Canal Abierto José María Di Bello, de la Fundación GEP. “Esta norma pone en riesgo el acceso a nuestros tratamientos y por ende está en riesgo nuestra salud y la vida”.
“Durante más de una década, el Estado argentino defendió estas guías, como una cuestión de Estado, frente a los ataques judiciales de la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEME), que nuclea a grandes farmacéuticas multinacionales empeñadas en maximizar sus ganancias. Hoy, esos intereses capturan al Estado Argentino en una decisión que cede soberanía y prioriza los negocios y el lucro por sobre el derecho a la Salud”, sostienen desde la citada organización en un comunicado.
Estas empresas a las que les importa el país… (Saludos de los beneficiados)
Como señala el propio Ejecutivo en su página web oficial, la medida “avanza en la modernización del régimen de propiedad intelectual aplicado al sector farmacéutico”. En ningún momento habla de salud. Tampoco lo hace el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, promotor de este gol para los laboratorios extranjeros, quien señaló: “Representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país. Aquella resolución había hecho muy difícil obtener la patente de un medicamento en Argentina. Esto no solo era un atentado contra el derecho de propiedad, pilar fundamental del programa de gobierno de Javier Milei, sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país”.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) saludo la decisión del gobierno libertariano. “Argentina impulsa la innovación en salud, eliminando restricciones que durante años limitaron las patentes farmacéuticas”, sostienen desde la entidad conducida por Facundo Gómez Minujin, un ex JP Morgan. “Este cambio se enmarca en el fortalecimiento de la relación entre Argentina y Estados Unidos, acercando al país a estándares internacionales”, agrega la comunicación.
Es evidente que esta “adecuación” de las normas, en favor de los laboratorios tranacionales, va en línea con el acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos en el que nuestro país se compromete a “proporcionar un estándar sólido de protección para la propiedad intelectual”.
“Eso es lo que hay que nombrar con todas las letras -sostiene Di Bello-: se está cediendo el acceso a medicamentos de personas con VIH, tuberculosis y hepatitis y de toda la población en general, como parte del precio de un acuerdo con Estados Unidos. Desde la Multisectorial contra el Acuerdo con Estados Unidos, de la cual formamos parte como Fundación GEP, convocamos a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos de personas afectadas y a todos los actores del sistema de Salud a pronunciarse y sumarse en la lucha. Lo que está en juego es el derecho al acceso a la salud de las personas, y eso exige respuesta colectiva y pública.”
