Redacción Canal Abierto | A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas y en el marco de los 50 años del golpe de Estado, el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia sigue atravesado por una deuda judicial: las denuncias por torturas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra soldados conscriptos por sus propios superiores aún no llegaron a juicio.
El proceso central es la causa 1777/07, iniciada en 2007, en la que se investigan más de 200 hechos denunciados por excombatientes. El expediente tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, y lleva casi dos décadas sin una resolución de fondo.
Según documentación incorporada a la causa —incluidos archivos secretos desclasificados por el decreto 503/15— existen registros de las propias Fuerzas Armadas que recogen testimonios de soldados y dan cuenta de tormentos, estaqueamientos, golpizas y condiciones extremas de hambre.
Uno de los elementos más recientes es la aparición de un documento en el que el entonces jefe del Regimiento de Infantería 5, coronel Juan Ramón Mabragaña, reconoce:
“Hubo, desgraciadamente que emplear mano muy dura porque la gente se desesperaba mucho por la comida”.
Ese regimiento registra casos de muertes por desnutrición y denuncias de tortura como método de disciplinamiento. Entre los hechos señalados figuran enterramientos hasta el cuello, disparos intimidatorios y golpizas. La investigación sostiene que prácticas similares se repitieron en distintas unidades desplegadas en las islas.
En paralelo, un trabajo realizado junto a la Comisión Provincial por la Memoria permitió geolocalizar los casos denunciados en el denominado “Mapa de la Tortura en Malvinas”, donde se identifican las posiciones militares en las que se reportaron violaciones a los derechos humanos.
El expediente también incluye testimonios de soldados que denunciaron lo ocurrido ya en 1982, pese a las presiones y amenazas recibidas al regresar al continente. Según consta en la causa, personal de inteligencia militar desplegó acciones intimidatorias para silenciar los hechos.
Uno de los imputados es el exsubteniente Jorge Eduardo Taranto, acusado por torturas contra conscriptos del Regimiento 5. Su situación judicial incluye denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de acceso a la justicia.
En una audiencia realizada en julio de 2024, el propio Taranto sostuvo:
“Hablan de 200 denuncias, yo le puedo asegurar que si filtramos no llegan a ser 50, doctor, señor presidente. No llegan a ser 50, ¿eso es crimen de lesa humanidad? en un padrón de 23.000, de más de 23.000”
Para los organismos que impulsan la causa, esa afirmación constituye un reconocimiento de la existencia de hechos de tortura.
En la Justicia
El eje del conflicto judicial radica en la calificación de esos delitos. Mientras la Justicia de primera instancia y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia los consideraron crímenes de lesa humanidad —y por lo tanto imprescriptibles—, la Cámara de Casación Penal sostuvo lo contrario en fallos anteriores.
Esa discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene bajo análisis recursos extraordinarios presentados por excombatientes, organismos de derechos humanos y el Ministerio Público Fiscal.
En 2012, el entonces procurador general interino Luis González Warcalde dictaminó que los hechos deben ser considerados delitos de lesa humanidad. En 2022, su sucesor Eduardo Casal recomendó dejar sin efecto el fallo que los había declarado prescriptos.
En marzo de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó nuevamente la intervención del máximo tribunal, que ya acumula once recursos vinculados al caso. La decisión final definirá si las denuncias pueden avanzar hacia juicio.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, querellante en la causa, sostiene:
“Podemos afirmar que en todas las unidades militares que fueron destinadas en las Islas Malvinas hay hechos de tortura constatados”.
Y agrega en su documento:
“La Justicia no puede clausurarse en causas donde está en juego la dignidad humana, exigimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la consagración de la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Soberanía y la Paz”.
A más de cuatro décadas del conflicto, el paso del tiempo también impacta en el proceso: mientras las víctimas esperan una respuesta, varios de los imputados murieron sin condena. Una demora que consolida escenarios de impunidad.
En este nuevo aniversario del 2 de abril, el reclamo vuelve a instalarse con la misma pregunta de fondo: ¿qué pasó con los soldados argentinos en Malvinas y si esos hechos serán finalmente juzgados?
Trailer del film Las voces del silencio
