Por Leo Vázquez | La persecución judicial y política al ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio Galvarino Apablaza, no entiende de cordilleras y se da tanto a un lado de la frontera como al otro.
Días pasados, en el marco de la visita del flamante presidente José Antonio Kast a Buenos Aires, la policía realizó un allanamiento en su casa intentando capturarlo y el ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva lanzó una recompensa a cambio de información sobre su paradero. Apablaza vive hace más de 30 años en Argentina.
A la espera de que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país se expida sobre el estatus de refugiado político, que le fue otorgado en 2010 y retirado en 2016, su defensa se presentó ante el Comité Contra la Tortura de la ONU para detener la embestida.
En esta entrevista en Canal Abierto, Rodolfo Yanzón, su abogado, explica que“uno de los motivos por los cuales se lo reconoció como refugiado es que el fue víctima de secuestro y torturas durante la dictadura, fue expulsado después de haber sido torturado en un centro clandestino y regresó clandestinamente formando parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una decisión del PC chileno para oponerse política y militarmente a la dictadura de Pinochet”.
Chile requiere a Apablaza para juzgarlo por su supuesta participación como autor intelectual en el homicidio del senador Jaime Guzmán –fundador de la UDI, brazo político del pinochetismo y redactor de la Constitución de la dictadura- y el secuestro del empresario Cristián Edwards, colaborador del terrorismo de Estado trasandino.
Sin embargo, su defensor explica que no hay otra prueba para involucrarlo en esos hechos que declaraciones de otros militantes arrancadas bajo tortura.
“El pinochetismo sigue generando agenda política y maneja bastante los hilos de la institucionalidad chilena y del sistema judicial”, advierte el letrado.
“Fue reconocido en 2010 como refugiado político –sigue describiendo Yanzón- en los términos de la Convención de Refugiados de Nacionales Unidas, hasta el día de hoy tiene una protección de carácter internacional que la Argentina ha respetado a rajatabla hasta el año 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, esto lamentablemente rompió una tradición argentina de décadas, a partir de un acuerdo con el brazo político del pinochetismo generó las bases para empezar a erosionar el estatus de refugiado de Apablaza”.
Además, detalla una serie de irregularidades y arbitrariedades que se dieron durante los últimos días: “El ministerio de Seguridad, que no debe tener ningún tipo de injerencia sobre el proceso de extradición que está cerrado hace 16 años, le pidió a la jueza Servini, que no está a cargo del caso y que estuvo durante horas en ese juzgado, que firmara una orden de detención, algo que finalmente hizo la señora Servini, que tiene muy buena sintonía con el gobierno de Milei”.
“A lo largo de estos 20 años, cada vez que cambia un gobierno argentino o chileno, el primero o el segundo tema de importancia en las relaciones bilaterales es la situación de Galvarino Apablaza, lo hicieron Piñera y Kast pero también lo hicieron Boric, Michelle Bachellet y Ricardo lagos, de hecho Lagos fue el que empezó, un socialista”, lamenta el abogado, que además tiene una extensa y reconocida trayectoria como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en nuestro país.
“Por eso insistimos en que en Chile no hay ninguna condición para que Apablaza vaya a ser sometido a un debido proceso y que pueda defenderse, mas allá de que el negó en distintas oportunidades haber tenido algo que ver con los crímenes de los que se lo acusa”, resalta.
El jurista también mencionó el caso de Ricardo Palma Salamanca, otro integrante del FPMR, “detenido horas después de los sucesos de Jaime Guzmán, severamente torturado, fue condenado a perpetua y fue uno de los que se fugó en helicóptero de la cárcel en 1996, que cuando fue hallado viviendo en Francia y Chile pidió su extradición, Francia la rechazó y lo refugió en los términos de Convención de Refugiados por las torturas a las que había sido sometido durante el gobierno constitucional de Patricio Aylwin”.
Finalmente, sintetizó:
“Esperamos una respuesta del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y que el juez federal Ariel Lijo disponga el cese de la orden de detención y que diga claramente que el proceso por el cual pretenden enviarlo a Chile está finalizado”.
Entrevista: Leo Vázquez
Equipo audiovisual: Pablo Martínez Levy, Nahuel Croza, Ramiro Lorenzo y Juan Alaimes
