Redacción Canal Abierto | A pesar de Milei y Villarruel, los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado continúan desarrollándose en todo el país. Y abril es una buena muestra de ello, ya que contará, si se cumplen los cronogramas establecidos, con el inicio de tres procesos largamente esperados.
Se trata de debates orales en los que se analizará la participación empresaria y judicial en los delitos de la dictadura, además de contar con represores de las fuerzas entre los imputados.
20/04: Entre Ríos
El 20 de abril comenzará en Concepción del Uruguay el juicio de la causa conocida como “Stur II”.
El objeto del juicio son los crímenes cometidos entre 1977 y 1978 contra diez víctimas, que fueron calificados como allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, torturas y asociación ilícita.
Los imputados son Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, exoficiales de la Gendarmería Nacional.
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay está integrado por los jueces Noemí Marta Berros, José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. Interviene la fiscal federal Josefina Minatta y la auxiliar Gabriela Velázquez, además de las querellas particulares.
Se trata de un desprendimiento de una causa de 2019. El 29 de noviembre de ese año el Tribunal condenó al ex agente de la Policía Federal Julio César Rodríguez a la pena de 17 años y seis meses de prisión, como autor de secuestros y torturas contra los militantes del Partido Comunista Carlos Stur y Juan Echeverría en el año 1978. La pena fue comprensiva de otra a 15 que el represor ya tenía en el juicio “HARGUINDEGUY, ALBANO EDUARDO Y OTROS”
26/04: Molinos y los empresarios
El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata fijó para el 26 de abril de 2026 el inicio del juicio oral y público contra Emilio Parodi, ex gerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, acusado por crímenes de lesa humanidad. Está imputado por el secuestro de tres trabajadores de la empresa que permanecen desaparecidos.
La causa se inició en 2013 a partir de denuncias de familiares de trabajadores de la planta, entre ellos Avelino Freitas, Francisco Fernández y Ramón Mattaboni, militantes sindicales y políticos perseguidos durante la última dictadura. En el expediente se investigaron 23 casos de trabajadores y familiares víctimas de secuestros, torturas y desapariciones, aunque Parodi fue procesado específicamente por tres hechos de privación ilegal de la libertad agravada.
Según la acusación judicial, Parodi integró la estructura empresarial que señaló a trabajadores de la planta de Avellaneda, lo que derivó en su persecución por el aparato represivo estatal. Los casos que llegan a juicio corresponden a Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto Rivolta Bonino, todos secuestrados en el marco del terrorismo de Estado.
Son pocos los casos de empresario enjuiciados.
Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte de Salta fallecido en 2024, fue condenado en 2016 y en 2023.
Carlos Blaquier, de Ingenio Ledesma, murió acusado. Sólo queda imputado el ex administrador Alberto Lemos, gerente del gigante azucarero de Jujuy.
Se espera que este año comience el juicio contra Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de Mercedes Benz.
Adolfo Navajas Artaza, dueño de Las Marías, murió en 2022.
En el caso del Ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino de detención, el proceso sigue demorado por evaluaciones de salud de los imputados. Se suspendió horas antes de comenzar. Los imputados son dos directivos de la firma, Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Buttori.
En 2018 fue la sentencia histórica en la causa Ford en la que fueron condenados dos gerentes de la multinacional, Pedro Müller y Héctor Sibilla, a 10 y 12 años de prisión por crímenes contra 24 trabajadores de la planta de Pacheco.
Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia, fue imputado como presunto coautor del secuestro y asesinato en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, además de integrar una asociación ilícita con las fuerzas represivas durante la dictadura. En 2023, el Juzgado Federal de Bahía Blanca dictó su sobreseimiento al considerar que no había pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal en esos hechos. La decisión fue apelada por la fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos.
29/04: Santa Fe
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 29 de abril el inicio del juicio oral y público de la causa “Laguna Paiva II”, derivada del proceso anterior conocido como “Laguna Paiva I” o “Chartier”. En este nuevo debate serán juzgados el ex juez federal Víctor Brusa y los ex policías Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti.
Los imputados están acusados por los delitos de abandono de persona contra 11 niñas y niños, hijos y sobrinos de Arnaldo Catalino Páez, dirigente sindical de la región, además de allanamientos ilegales cometidos en 1980 en el marco de la persecución a militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y sus familias. La causa se centra en hechos vinculados a operativos represivos realizados para capturar a Catalino Páez.
El expediente se originó a partir de testimonios surgidos en el juicio anterior, donde se condenó a seis policías por secuestros y tormentos contra trabajadores del frigorífico Nelson. En esas audiencias se incorporaron casos de violaciones a los derechos humanos contra familiares, incluyendo detenciones ilegales, torturas, abusos sexuales y situaciones de abandono de menores, lo que dio lugar a la nueva investigación.
Los juicios de lesa humanidad son orales y públicos. Las personas mayores de 18 años pueden participar presentando su DNI, para el caso que se pida la acreditación de identidad.
