Por Nahuel Croza | “¿Un sindicato es una banda para cometer delitos? Un sindicato que está a la luz de todos ustedes, que abre la puerta todos los días, que recibe a sus afiliados. ¿Es una banda para cometer delitos?”, pregunta a los presentes Guillermo Gianibelli, abogado de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que este miércoles 6 de mayo convocó una conferencia de prensa para denunciar el intento de judicialización que reciben de parte del Gobierno de la Ciudad, la fiscal Celsa Ramírez y la empresa concesionaria Emova.
La justicia porteña acaba de iniciar una causa penal por asociación ilícita a 171 trabajadores y trabajadoras. “Se trata de medidas de fuerza totalmente legítimas. La fiscal Celsa Ramírez las engloba como asociación ilícita que no tiene ninguna relación con nuestra realidad”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Virginia Bouvet, secretaria de Organización de la AGTSyP. “Somos una asociación gremial legal reconocida por el Estado, que tiene la facultad de realizar acciones sindicales y eso es lo que hicimos”, concluye.
“Esos delitos tienen que ver, según la fiscal, con ni más ni menos que ejercer el derecho fundamental a la huelga, es decir, un derecho constitucional, por lo tanto es una contradicción en sus términos. No hay posibilidad de que haya un delito cuando se ejerce un derecho reconocido por la Constitución”, aporta el asesor legal de la organización. “Llaman asociación ilícita, a lo que en realidad se llama asociación gremial”, remarca Bouvet.
En la conferencia, con un nutrido arco de solidaridad que contó con diputados y diputadas nacionales, legisladoras de la ciudad, representantes gremiales y militantes de organizaciones políticas, Néstor Segovia, secretario general de los metrodelegados, anunció que convocarán a acompañar con una marcha a los tribunales el día en que se presenten a derecho los primeros llamados a indagatoria, él mismo, Bouvet y Claudio Dellecarbonara.
Este, trabajador de la Línea B y miembro de la comisión de la directiva del gremio, sostiene: “Con esta locura de acusación tratan de amedrentar a los trabajadores, tratan de desmoralizar, de convencer que no sirve luchar, que no tenemos derecho a reclamar, que no tenemos derecho a denunciar las pésimas condiciones en las que nosotros trabajamos y en las que viajan otros millones de trabajadores en el transporte público subterráneo”.
