Por Nahuel Croza | “¿Un sindicato es una banda para cometer delitos? Un sindicato que está a la luz de todos ustedes, que abre la puerta todos los días, que recibe a sus afiliados. ¿Es una banda para cometer delitos?”, pregunta a los presentes Guillermo Gianibelli, abogado de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que este miércoles 6 de mayo convocó una conferencia de prensa para denunciar el intento de judicialización que reciben de parte del Gobierno de la Ciudad, la fiscal Celsa Ramírez y la empresa concesionaria Emova.
La justicia porteña acaba de iniciar una causa penal por asociación ilícita a 171 trabajadores y trabajadoras. “Se trata de medidas de fuerza totalmente legítimas. La fiscal Celsa Ramírez las engloba como asociación ilícita que no tiene ninguna relación con nuestra realidad”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Virginia Bouvet, secretaria de Organización de la AGTSyP. “Somos una asociación gremial legal reconocida por el Estado, que tiene la facultad de realizar acciones sindicales y eso es lo que hicimos”, concluye.
Ramírez está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires y, según cuenta Martín Suárez en Tiempo Argentino, llegó a este lugar de la mano del todopoderoso operador Daniel Angelici. Es una terminal judicial del macrismo siempre atenta a resolver conflictos a favor del gobierno de la Ciudad o de sus mandantes. Ya en 2018 había denunciado a Néstor Segovia y otros trabajadores del subte de asociación ilícita por llevar adelante una acción directa gremial. Persiguió a vendedores ambulantes senegaleses, desalojó a quienes habitaban el exPADELAI y ordenó otros desalojos en la ciudad. Gracias a sus vínculos permanece en su sillón pese a las denuncias de abuso de poder y aspira a seguir ascendiendo en la carrera judicial.
“Esos delitos tienen que ver, según la fiscal, con ni más ni menos que ejercer el derecho fundamental a la huelga, es decir, un derecho constitucional, por lo tanto es una contradicción en sus términos. No hay posibilidad de que haya un delito cuando se ejerce un derecho reconocido por la Constitución”, aporta Gianibelli, asesor legal de la organización. “Lo que se hizo hoy fue mostrar que esto es una persecución, una persecución política, en términos de limitar el derecho a la protesta y el derecho a ejercer actos de naturaleza sindical”. “Llaman asociación ilícita, a lo que en realidad se llama asociación gremial”, remarca Bouvet.
En la conferencia, con un nutrido arco de solidaridad que contó con diputados y diputadas nacionales, legisladoras de la ciudad, representantes gremiales y militantes de organizaciones políticas, Néstor Segovia, secretario general de los metrodelegados, anunció que convocarán a acompañar con una marcha a los tribunales el día en que se presenten a derecho los primeros llamados a indagatoria, él mismo, Bouvet y Claudio Dellecarbonara.
Este, trabajador de la Línea B y miembro de la comisión de la directiva del gremio, sostiene: “Con esta locura de acusación tratan de amedrentar a los trabajadores, tratan de desmoralizar, de convencer que no sirve luchar, que no tenemos derecho a reclamar, que no tenemos derecho a denunciar las pésimas condiciones en las que nosotros trabajamos y en las que viajan otros millones de trabajadores en el transporte público subterráneo. Que no tenemos que seguir denunciando la crisis sanitaria que hay bajo tierra por la presencia del asbesto cancerígeno”.
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