Redacción Canal Abierto | El gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre tras detectar presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. La multa podría alcanzar los $1.815 millones si la compañía no adecúa, modifica o suprime las cláusulas observadas en el plazo de cinco días hábiles.
La imputación es impulsada por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores tras realizar una fiscalización de oficio, es decir, sin necesidad de denuncias previas. El análisis abarcó las condiciones generales de uso del llamado «ecosistema MELI», que implica toda la red de servicios integrados que la empresa ofrece y con la que genera un universo de consumo interdependiente.
También observó los términos y condiciones de préstamos personales y de Mercado Pago. En total, se identificaron más de diez cláusulas que generarían un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los usuarios según lo establece la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
Entre los puntos bajo la lupa se encuentran: indeterminación en el cobro de tarifas, aceptación tácita de modificaciones contractuales, traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta, compensación entre cuentas, exoneración de responsabilidad por fallas técnicas, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos y fijación de jurisdicción exclusiva, lo que dificulta el acceso a la justicia para el consumidor.
El gobierno bonaerense también destacó que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia. Sólo en los primeros meses del año, recolectó 2.396 denuncias individuales.
El gigante tecnológico fundado por el bullyingeador de pobres Marcos Galperín aún no presentó su descargo y tiene la posibilidad de adecuar las cláusulas observadas y cerrar el expediente. En caso contrario, se expone a la multa máxima. Desde la empresa rechazaron las acusaciones y aseguraron que sus términos y condiciones son «claros, transparentes y alineados con la normativa vigente».
Canal Abierto consulto a Henry Stegmayer, presidente de la ONG Consumidores Responsables, quien señaló que “la Ley Nacional de Defensa del Consumidor habla muy claramente de cláusulas abusivas. A mí me parece que está bien. Puede pasar que en estos cinco días la empresa modifique las cláusulas, no hay una multa puesta todavía. Pero más allá de que va a obligar a la empresa a hacer alguna modificación o a pagar la multa, también es una manera de alertar a los consumidores de que hay cláusulas en las cuales se abusa”.
Stegmayer, que integró el ENARGAS y la Defensoría del Pueblo de la Nación, conoce bien la dificultad de enfrentar a un gigante del comercio electrónico. “Cuando yo trabajaba en la Defensoría y nos llegaba algún reclamo puntual para Mercado Libre, era entrar a hacer una recorrida para ver si encontrabas a algún representante. Después habíamos contactado algún abogado, pero si no, no existe. Es esta cosa donde te dan la plataforma para que vos hagas el negocio, ellos cobran comisiones, pero no se hacen responsables de nada”, señaló.
Para el titular de Consumidores Responsables, la posibilidad de que la empresa tenga un domicilio físico en la ciudad de La Plata —una de las exigencias de la imputación— es clave para garantizar el derecho de los usuarios. Y celebra que la noticia se haya difundido: “Ojalá la misma actitud la tomen direcciones de otras provincias. El solo hecho de que la noticia haya aparecido hace que más de un consumidor piense que algo debe estar pasando”.
Stegmayer señaló que la actitud del gobierno bonaerense se encoentra en las antípodas de la de su par nacional. “En este gobierno, que no ha cerrado las universidades pero las está desfinanciando, con la Defensa del Consumidor pasa lo mismo: no tocaron la ley, pero están quitando todo lo que la rodea. Por ejemplo, los cursos de educación al consumidor que daba la Dirección Nacional hoy son sobre consumo de mascotas o, el último que empecé, sobre tercera edad: en la primera página era una bajada de línea sobre la necesidad de aumentar la edad jubilatoria. Eso es este gobierno”.
Y lamentó que “cuando eliminás los controles preventivos del Estado y hay una empresa que se siente dueña del mercado, termina haciendo lo que quiere”. Por eso, insistió: “Hay que dar esas peleas, aunque sea por algo chiquito, y también dárselas a los dueños del mundo”.
Stegmayer recurrió a su trayectoria al frente de entes de defensa del consumidor para aseurar que “Mercado Libre siempre tuvo una vida paralela. Y hoy la sensación es que ha empeorado la posibilidad de reclamo. Antes, rastreando, encontrabas algún abogado que representaba a Mercado Libre en la provincia. Ahora creo que está peor”.
El plazo para que Mercado Libre presente su descargo y acredite domicilio electrónico y físico en La Plata vence en los próximos días. Si no lo hace, la multa de $1.815 millones podría ser el inicio de una sanción mayor.
