Publicado originalmente 10/06/2026
Por Leo Vázquez | Los fusilamientos de militantes y militares que organizaban una sublevación contra la dictadura de Aramburu llegan a juicio por primera vez, a 70 años de los hechos.
El 9 de junio de 1956, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en una casa de la localidad de Florida, partido de Vicente López, a un grupo de 12 hombres, entre militantes peronistas y vecinos. Los llevó a una comisaría y luego a un basural en José León Suárez, partido de San Martín, donde intentaron ejecutarlos. Cinco murieron y siete lograron escapar, algunos heridos de bala.
Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso murieron.
Sobrevivieron Julio Troxler (luego fue subjefe de la Policía de Bonaerense durante el gobierno de Cámpora y fue asesinado por la Triple A en 1974); Norberto Gavino; Reinaldo Benavídez; Juan Torres; Horacio Di Chiano; Miguel Ángel Giunta y Juan Carlos Livraga, quien le contó los hechos a Rodolfo Walsh para su célebre investigación y libro Operación Masacre. Livraga es además es el único que permanece vivo al día de hoy y declarará en el juicio a sus 95 años desde Estados Unidos, donde reside.
Se trataba de un operativo con réplicas en Lanús, La Plata, Campo de Mayo y la cárcel que funcionaba en donde hoy está Plaza Las Heras, en la Ciudad de Buenos Aires. En total fueron 31 los asesinados entre el 9 y el 12 de junio.
El debate oral y público comenzará este miércoles 17 en el auditorio municipal Hugo del Carril de Suárez en el marco del Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo Alicia Vence, en el formato de Juicio por la Verdad: si bien no quedan asesinos ni jefes políticos con vida, permitirá que el rol del Estado sea analizado en una instancia institucional por primera vez.
En un programa especial de FM Reconquista -una radio comunitaria ubicada justamente en José León Suárez-, del que participó Canal Abierto, Berta Carranza y Delia Garibotti recordaron a sus padres y subrayaron la importancia de haber logrado abrir esta instancia judicial.
Además fue entrevistado Alberto Palacio, abogado querellante en la causa.
El rasgo distintivo de este juicio es que sólo contará con acusaciones particulares ya que el fiscal, un ex funcionario del gobierno de La Libertad Avanza, consideró que no era necesario realizar el proceso judicial y se retiró.
La primera en hablar fue Berta, hija de Carranza, uno de los dirigentes más activos que tenia aquel grupo. “Los asesinaron por defender la democracia, por reivindicar la constitución del 49. En este Gobierno de hoy, negacionista, está viviendo lo mismo que hace 70 años”, observó.
Sobre su progenitor, recordó: “Era un militante peronista y social; Gremial en Unión Ferroviaria y tenía actividades territoriales acá en Boulogne. Era ferroviario y camarero, entonces hacía los viajes de larga distancia porque trabajaba en el coche comedor y el coche dormitorio que existían en esa época, a él le servía porque llevaba toda la información del movimiento hacia las provincias, eso le valió la muerte”.
“Estamos con un gobierno negacionista de los 30.000, con más razón van a negar esta parte de la historia. Este gobierno esta sacándonos los derechos por los cuales los compañeros dieron la vida, es igual que hace 70 años, no podés hacer un reclamo porque te reprimen, es una deshumanización”, destacó la mujer.
“Esperamos, después de tantos años y espera, que este juicio sea favorable. Además nos da más posibilidades de difundir, sino es muy poca la difusión que tienen estos hechos”, concluyó.
Delia también comenzó recordando a su padre: “Era ferroviario también, se conoció con don Carranza y ahí empezó esa amistad, mi papá lo apoyaba y hacían la militancia juntos y por eso los mataron juntos, por ser peronistas”.
“Esa historia es la que nos unió a nosotras –prosiguió-. Primero a nuestras madres, porque después del fusilamiento estuvieron buscándolos y después siguieron juntas. Cuando ellas se fueron, seguimos nosotras defendiendo las ideas que nos dejaron nuestros padres”.
“Por eso es importante que la historia se cuente, para que se sepa que así como se vive hoy se vivía en la dictadura de Aramburu y Rojas”, sintetizó.
Por su parte, el reconocido abogado “Pepe” Palacio, que además es director de la Escuela Secundaria de la UNSAM, que también está emplazada en el territorio, subrayó que está comprobada “la no existencia de una investigación judicial en estos 70 años y la ilegalidad de los fusilamientos”.
¿Cuál es el contexto en el que se llega a este juicio?
-Tenemos una expectativa enorme, el tema es que han pasado 70 años y los actores materiales están fallecidos, pero eso no impide el inicio de un Juicio por la Verdad, para que en un debate oral y público se establezca lo que pasó y se condene a ese Estado represivo, dictatorial, asesino, como corresponde, en una sentencia judicial dictada por un órgano independiente, el Poder Judicial de la nación.
¿Qué lugar ocupa Operación Masacre en la causa?
-Ocupa un lugar central, nosotros presentamos el escrito con el libro, es el elemento de prueba central. Hay otros documentos que fuimos encontrando en el Archivo General de la Nación, en la Provincia de Buenos Aires, en distintas juntas consultivas secretas a las que por primera vez tuvo acceso el Poder Judicial o el ámbito civil, a determinadas resoluciones, expedientes sumariales que se iniciaron a algunos personajes de la dictadura, que por supuesto quedaron en la impunidad absoluta, así que con todo eso podemos probar, y consideramos que así se va a acreditar en el juicio, dos cosas centrales: la no existencia de una investigación, esto es insólito, 70 años han pasado y no encontramos una investigación, sin importar el resultado. Hubo un expediente que se abrió en La Plata por la denuncia de Livraga, quedó en la nebulosa, después lo tomó la justicia militar, quedó en un dictamen que hizo el Ministro de Guerra de ese momento, apoderado por Isaac Rojas, o sea que no hubo investigación.
En segundo lugar, consideramos que está absolutamente probada la ilegalidad de los fusilamientos. Era necesario acreditar, más allá de Operación Masacre, que no había existido la publicación de la Ley Marcial ni el anuncio antes de la detención de los compañeros en la casa de Florida, y eso es muy contundente, hay un principio central que es la irretroactividad de las leyes, y así quedó acreditado en la instrucción.
¿Qué pasó con el fiscal?
-Cuando vimos que los elementos de prueba ya estaban reunidos, le pedimos a la jueza que pasara a la instancia de juicio oral y público, la jueza le da traslado al fiscal. El fiscal no es cualquier persona, es Paul Starck, fue funcionario de este Gobierno nacional hasta octubre, titular de la Unidad de Investigación Financiera, y consideró que no era necesario llevar adelante el juicio, dice que los familiares ya tuvieron su reconocimiento, que esto ya quedó documentado que fue un acto ilegal, que entonces no hace falta el juicio.
Pero el acto reparatorio más importante para las familias y el pueblo es una sentencia, así que le pedimos a la jueza que nos deje a nosotros llevar adelante la acusación.
¿Qué enseñanza se puede tomar de estos hechos para el presente?
-Han dejado estos 70 años una enseñanza, la lucha de los familiares por sostener la memoria, hoy Operación Masacre es de lectura obligatoria en distintos espacios, hace a la construcción de ciudadanía leer ese libro. Y mirando para adelante, nosotros en la escuela estamos haciendo un trabajo con una consigna que es “Ponete los lentes de Walsh”, y es eso, empezar a ver nuestros barrios, los problemas de nuestra gente, las injusticias, los problemas graves de la educación pública en nuestros territorios, el basural que sigue existiendo, y de esa manera ver que estos muchachos jóvenes tenían la voluntad de hacer algo para que el pueblo deje de estar oprimido, y dieron su vida. No queremos nuevos fusilados, pero sí un movimiento que nos permita reconstruir Argentina con justicia social, educación de calidad, acceso a derechos económicos, y eso es lo que queremos transmitir en el juicio.
