Redacción Canal Abierto | Apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, solicitara incorporarse al régimen simplificado de Ganancias creado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó el mismo trámite.
La adhesión se produce mientras continúan los cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del funcionario y de su entorno familiar. Pero el dato se vuelve más escandaloso por otra circunstancia: Adorni es uno de los principales defensores públicos de la iniciativa impulsada por el Gobierno para flexibilizar los controles sobre los contribuyentes.
La novedad fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, en base a los registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según informó, el trámite fue presentado para incorporarse al régimen simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal promovida por la administración de Javier Milei.
El esquema permite una reducción significativa de la información patrimonial requerida por el organismo recaudador y fue presentado por el Ejecutivo como una herramienta destinada a facilitar la formalización de activos y reducir cargas burocráticas. Pero no excluyó a lo que técnicamente se llama Personas Expuestas Políticamente (PEP), que no son otra cosa que los funcionarios.
Como consecuencia, Adorni no es el único. En la lista de “inocentes fiscales” también reportan el mismísimo ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el excandidato sospechado de vínculos con el narcotráfico, José Luis Espert; Aimé Ayelén Vázquez, jefa de Asesores de Adorni; el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos; y sigue la lista.
La causa judicial
Desde el Gobierno sostienen que el régimen no constituye un blanqueo y que únicamente simplifica la relación entre el contribuyente y el Estado. Esa fue también la explicación ensayada por Adorni luego de que trascendiera su incorporación. Según declaró, la adhesión responde a una decisión administrativa y no implica regularizar fondos ni bienes no declarados.
Sin embargo, la noticia se amplificó por el contexto, dondela evolución patrimonial del entorno familiar de Adorni está en tela de juicio y es investigada por el fiscal Gerardo Pollicita. Y, si bien acogerse a este régimen no lo exime de la investigación por enriquecimiento ilícito, la maniobra le permite terminar de decorar la declaración jurada que, dicen, presentaría esta semana.
El episodio también funciona como una primera prueba política para una de las apuestas tributarias más importantes del oficialismo. Presentada como una forma de devolverles a los contribuyentes la “presunción de inocencia” frente al Estado, la iniciativa fue defendida por el Gobierno como parte de una estrategia más amplia de desregulación económica y reducción de controles.
Pero el caso Adorni expone otra dimensión del debate: qué ocurre cuando quienes diseñan una herramienta legal se convierten casi de inmediato en beneficiarios de ella.
