Nota publicada originalmente el 16 de junio de 2026
Redacción Canal Abierto | En la noche del 8 de junio de 2025, la Policía Federal Argentina detuvo, sin orden judicial, al longko mapuche Facundo Jones Huala. Recién 40 horas más tarde de su secuestro en la terminal de ómnibus de la localidad de El Bolsón, el juez Ezequiel Andreani envió la orden de detención vía Whatsapp a sus abogados.
Luego de un año de prisión preventiva detenido en el Penal Federal 6 de Rawson, una cárcel de máxima seguridad a 1000 kilómetros de los suyos, y tras 39 días de huelga de hambre, el mismo juez que firmó su pedido de captura ordenó el traslado de Facundo a la Unidad 14 de Esquel. Por el momento, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que rechazó el pedido de traslado por unificación familiar durante meses, no respondió ni acató la disposición judicial.
En consonancia, un par de días más tarde, la fiscalía apeló la resolución judicial que ordenó el traslado de Jones Huala, de este modo, momentáneamente suspedido. La audiencia para escuchar los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF) será el 23 de junio ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
El MPF, en consonancia con el Ministerio de Seguridad de la Nación -que incluyó a Facundo en el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento), lo acusa de atentar contra la Constitución Argentina y de formar una asociación delictiva con el objeto de imponer sus ideas por la fuerza. También pretende imputarle el cargo de apología del crimen.
En mayo, se formalizó la ampliación de la imputación a Jones Huala por haber formado parte de una agrupación criminal -la supuesta RAM- y el juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, Gustavo Zapata, declaró la investigación como compleja en los términos que contempla el artículo 334 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). De esta forma, autorizó la extensión por un plazo de dos años, tiempo durante el cual el detenido permanecerá cumpliendo la prisión preventiva dictada el 10 de junio de 2025.
Preso político
La Fiscalía Descentralizada de Bariloche, a cargo del fiscal Oscar Fernando Arrigo, acusa a Jones Huala de “intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal”. El hecho que se le imputa es haber reivindicado públicamente la utilización de la acción directa como método de resistencia frente al despojo territorial y la avanzada extractivista que destruye el ambiente, y la presunta pertenencia a la RAM.
Estas declaraciones son del 2 de febrero de 2025, durante la presentación en el Centro Cultural Aimé Painé, de Bariloche, del poemario Entre Rejas: antipoesía incendiaria, que recoge textos propios escritos en prisión.
La fiscalía le imputa haber formado parte de “una agrupación criminal denominada ‘RAM’ desde noviembre de 2011 hasta la actualidad”. El Ministerio Público Fiscal argumenta que la supuesta organización está conformada por otras seis personas cuya identidad aún no ha establecido, y que tiene por objeto principal “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”, delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal que tiene una escala penal que va de los 3 a los 8 años de prisión.
Además, el MPF le atribuye a Huala ser parte de una asociación ilícita con una organización de tipo militar destinada a cometer delitos que ponen en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Según la acusación esto se encuadra en lo que prevé el artículo 210 bis del Código Penal, asociación ilícita agravada con penas de 5 a 20 años.
A fines de mayo pasado, el juez Gustavo Zapata, dictó una prórroga de 90 días de prisión preventiva para Huala y rechazó el traslado a Esquel que los abogados de la Gremial, sus defensores, presentaron en reiteradas ocasiones para que el lonko estuviera más cerca de su familia. En esa audiencia Facundo anunció que iniciaba en ese mismo momento una huelga de hambre seca de carácter indefinido en respuesta a las “decisiones arbitrarias y viciadas de la fiscalía y del poder judicial y político”. Como toda respuesta el magistrado le dijo: “Se tiene presente” y “buenos días”.
El magistrado también rechazó la solicitud de morigeración de la prisión en la modalidad de arresto domiciliario o pulsera electrónica.
El 11 de junio, en la última audiencia por la apelación presentada por la defensa contra la nueva prórroga de la prisión preventiva, la Fiscalía no pudo responder con claridad las preguntas de los jueces revisores respecto de los delitos que le imputan y por los que está preso Facundo. Si bien el Tribunal confirmó los tres meses de prórroga, desestimó el cargo principal de la acusación, el que preveía la pena más severa.
“Durante este año la Fiscalía no trajo nada que pruebe sus pretensiones. Cuenta con todo el apoyo de las estructuras de inteligencia de la Argentina, de Chile. Le hacen la segunda al Ministerio de Seguridad. Y nada”, señala la defensa de la Gremial encabezada por Gustavo Franquet, Blanca Barreiro y Eduardo Soares. “Cada vez les cuesta más sostener el cuento. En parte porque chocan con la propia realidad y porque su ‘teoría del caso’ es realmente insustancial”, concluyen.
El Tribunal de Apelación consideró que no hay mérito alguno para considerar que hechos que se investigan y se pretende atribuir a Facundo hayan puesto en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional. En la misma audiencia, el los magistrados rechazaron la petición de medidas alternativas a la prisión, indicando que aún no hay suficientes garantías de que Jones Huala no se profugue.
Solidaridad
La Comisión por la Memoria del Pueblo y la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos de Chubut han iniciado una campaña para apoyar el reclamo por la libertad de Facundo Jones Huala.
En una solicitada sostienen:
“DENUNCIAMOS que Facundo Jones Huala es un PRESO POLÍTICO, ya que su detención no guarda relación alguna con hechos que den fundamento a esa situación; en una prisión preventiva que lleva un año y sin que exista una acusación concreta y un juicio para determinar su culpabilidad. (…)
SOLICITAMOS a todos los sectores y personalidades que defienden las libertades democráticas que se pronuncien al respecto y efectúen acciones de visibilización y pedidos concretos a las autoridades judiciales del Poder Judicial de la Nación en Bariloche para que produzca la libertad de Facundo Jones Huala y, hasta que ello ocurra, se concrete su traslado a la Unidad N° 14 (SPF) de Esquel, para que pueda estar más cerca de su familia y territorio”.
