Redacción Canal Abierto | “Regresamos a la programación habitual. El salario real cayó en mayo. Marginalmente en el sector privado registrado, un poco más fuerte en el público. Contra noviembre de 2023 pierden 3,6% y 17,8% respectivamente. En promedio, los asalariados formales están 8,7% abajo (INDEC)”, difundió ayer en sus redes sociales Luis Campos, especialista en temas laborales del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.
En su cuenta de X también dio a conocer otro dato que pasó más desapercibido gracias al Mundial pero que completa un panorama preocupante: el de la pérdida de puestos de trabajo en el sector formal de la economía por decimosegundo mes consecutivo.
“El retroceso por ahora no encuentra un piso. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados (SIPA). En materia laboral, asistimos a una tragedia”, dijo el 16 de julio, al dia siguiente de la infartante victoria frente a Inglaterra.
Otro dato, elaborado por el equipo del IEF que lidera Ana Rameri, da cuenta de los agujeros en el relato libertario. Así, porque el ajuste y la motosierra afectan con particular saña al sector privado, que explica “más de siete de cada diez empleos destruidos durante la gestión”.
Así, “solo en los primeros cuatro meses de 2026 se perdieron cerca de 32 mil puestos privados. Incluso las actividades que lideran el crecimiento económico destruyen empleo formal. En el último año, la minería, el agro y la intermediación financiera registraron aumentos en el volumen producido, pero simultáneamente redujeron la cantidad de trabajadores registrados”.
Nuevo golpe a los trabajadores
En este contexto de total de retroceso de derechos, Hugo “Cachorro” Godoy denunció que mediante el decreto 612/26 el Gobierno asesta un nuevo golpe a los trabajadores y a la organización colectiva de los mismos, “al dificultar la obtención de recursos para el funcionamiento de las organizaciones sindicales, en particular los provenientes de los aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo”.
El texto oficial modifica un decreto reglamentario anterior, el 407, que establecía como base de cálculo para los aportes sindicales solo al salario básico. Ahora a ese cálculo se incorporan además “las sumas remunerativas que se paguen de forma normal, habitual y todos los meses”.
Por este motivo, la medida fue leída por algunos sectores como favorable para la CGT. Incluso medios como Infobae señalaron que la medida era fruto de una negociación de Diego Santilli con la cúpula sindical. Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, dijo por su parte que se trataba de “una gran coima en favor de la CGT para que avance la reforma laboral esclavista”.
Desde la CTA, en tanto, hicieron otra interpretación. Godoy lo explicó así: “La reforma laboral impuso un tope del 2% de las remuneraciones para los llamados ‘aportes solidarios’. Luego, el Decreto 407/26 restringió aún más ese límite al disponer que el tope debía calcularse únicamente sobre el salario básico de convenio, que por definición es inferior a la remuneración total de cada trabajador”, recordó.
Y agregó: “Ahora el tope del 2% debe calcularse sobre el salario básico de convenio con más los adicionales de periodicidad mensual y de base convencional (antigüedad, presentismo, bonificación por título, etc), pero quedan afuera otros rubros que forman parte de la remuneración de un trabajador (horas extras, aguinaldo, premios por producción, etc.)”.
“Ambos decretos -afirmó- son inconstitucionales. La diferencia es que la inconstitucionalidad era más evidente en el caso del Decreto 407/26 que en el del Decreto 612/26. En otras palabras, el Gobierno sigue intentando restringir las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales, como parte de un ataque que comenzó con el DNU 70/23, cuya impugnación judicial continúa a la espera de una sentencia de la Corte Suprema”.
El dirigente también se refirió a otro aspecto del decreto 612 que es la flexibilización del tope del 2% a los aportes y contribuciones patronales para obras sociales.
“Queda en evidencia que al Gobierno parecen molestarle menos los aportes a cargo de los empleadores que aquellos que se imponen a los trabajadores. Esto forma parte de una estrategia destinada a fortalecer prácticas antisindicales. Cuando el financiamiento proviene del aporte de los trabajadores, la autonomía sindical es mayor que cuando depende de contribuciones patronales”, advirtió Godoy.
