Redacción Canal Abierto | En junio de 2023, el exgobernador radical-cambiemita Gerardo Morales, hoy residente en China, impulsó en contubernio con el Partido Justicialista jujeño la reforma de la Constitución provincial. La misma avanzaba sobre los derechos de toda la ciudadanía y particularmente sobre los de las comunidades originarias, mayoritarias en esa provincia. El rechazo popular ganó las calles y la respuesta estatal fue una brutal represión y persecución a los manifestantes. Tres años después, 19 de los protagonistas de esas protestas serán llevados a juicio en octubre.
En esos días la consigna en las calles y pueblos de Jujuy era “Arriba los salarios, abajo la reforma”. La lucha de docentes y trabajadores estatales por salarios se unió a la de las comunidades en defensa de sus territorios y a la de organizaciones de todo el espectro social, gremial y político contra la reforma constitucional.
La respuesta a la movilización popular fue una brutal represión, con más de cien detenidos, numerosos heridos y manifestantes que sufrieron lesiones graves como la pérdida de la visión por disparos de balas de goma.
La cacería desatada por la policía provincial y la violencia de los hechos provocaron el pedido de la intervención federal de la provincia. “En este momento siguen las detenciones, y preocupa seriamente que están siendo llevadas a cabo, utilizando vehículos no identificados, por personal policial sin identificación, y que no hay información sobre el destino de las personas privadas de libertad, con lo cual se encuentran desaparecidas, y que a los abogados que están interviniendo se les niega el ingreso, en algunos casos, o la información sobre las personas detenidas”, describía un documento de la Asociación Argentina de Juristas presentado a la Cámara de Diputados de la Nación con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el ex Juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, entre otras personalidades.
La huelga prolongada y la enorme movilización arrancó uno de los aumentos salariales más importantes para los estatales jujeños y puso en jaque al gobierno del radical que dejó a su delfín Carlos Sadir al cuidado de los negocios del clan.
Entre los cuestionamientos a la reforma se señalaban las restricciones al ejercicio del derecho a la protesta y la penalización de los cortes de ruta, las reformas al sistema electoral local y el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sobre la propiedad de los territorios ancestrales, ignorando los derechos consagrados por la Constitución Nacional que establece la preexistencia al Estado de las comunidades y la obligación de la consulta libre, previa e informada para cualquier política que incida en la vida comunitaria.
Luchar no es delito
El debate judicial comenzará el 26 de octubre de 2026 y se extenderá durante diez jornadas hasta el 6 de noviembre. Organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas de la provincia convocan a sus pares de todo el país a exigir el sobreseimiento y la absolución de los 19 imputados que son docentes, trabajadores estatales (cuatro afiliados a ATE), referentes sociales y miembros de comunidades originarias.
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El proceso llega a juicio atravesado por cuestionamientos de las defensas respecto de restricciones al derecho de defensa, el debido proceso y la imparcialidad judicial.
El 21 de agosto pasado fue rechazado el pedido de no fijar audiencia y seis días después, con quejas en trámite, se notificó un debate de enorme magnitud concentrado en diez jornadas.
Mientras se acelera el juzgamiento de quienes protestaron, la investigación de las responsabilidades políticas y penales por la represión de junio de 2023, está paralizada al igual que la causa de Caspalá, donde se debate sobre el territorio de una comunidad originaria y la corrupción de los funcionarios del gobierno provincial.
Salarios y derecho a la protesta
“El sueldo básico de un docente en este momento es de 34 mil pesos. La última oferta salarial del gobierno fue incrementar el presentismo al 40% del sueldo básico –en ese momento era del 20% del salario–. Lo que nosotros estamos solicitando es que si hay una partida presupuestaria destinada para ese presentismo, que pase directamente a nuestro básico y se blanqueen los adicionales, para así poder llegar a 100.000 de básico (por un turno) y a 210.000 en el salario total para no estar por debajo de la línea de pobreza y cláusula gatillo. Eso estamos pidiendo entre otras reivindicaciones postergadas desde hace años”, explicaba a Canal Abierto en esas horas Mecha Sosa, dirigente del CEDEMS. La huelga de los trabajadores de la educación por tiempo indeterminado llevaba más de una semana.
La misma referente señalaba “el proyecto no nos da garantías acerca de la posibilidad de protestar y no ser penalizados (…) la verdad que tememos que de aprobarse la nueva Constitución provincial haga peligrar las medidas de fuerza en un proceso paritario”.
