Publicado 16/09/2026
Redacción Canal Abierto | El Presupuesto 2027, que presentó el Gobierno este martes, llegó con más recortes en áreas sensibles. Y, si bien el ajuste se veía venir, la letra chica llegó con sorpresas para el escándalo.
La previsión de que el proyecto venía en esa línea respondía a las declaraciones que el lunes hizo Javier Milei a su Gabinete —a quienes les aseguró que profundizaría las políticas adoptadas—, y a la subejecución en salud, educación, previsión y demás áreas sociales de las partidas de este año.
Pero, además, el Presupuesto 2027 introduce cambios sobre distintos instrumentos vinculados a la atención y protección de las personas con discapacidad que, lejos de beneficiar a un sector castigado por las políticas oficiales, profundiza el daño.
“El proyecto no deroga formalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, pero modifica o elimina varios de los instrumentos que están en ella”, advierte el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un comunicado.
El desguace, en detalle
La organización, que nuclea a personas con discapacidad, familiares, centros de día y trabajadores del área, entre otros, detalló que entre los principales cambios que introduce el Presupuesto 2027 están las modificaciones a los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41.
En la práctica, se trata de cambiar el régimen de pensiones, desplazando el esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social; incompatibilizar la pensión con cualquier vínculo laboral formal, lo que elimina la posibilidad de compatibilizar pensión y trabajo, y volver a vincular el acceso a la pensión con la condición de estar “imposibilitado para trabajar”. Pero la modificación al artículo 39 es la que el Foro señala como “uno de los cambios de mayor impacto para los prestadores”.
El texto del proyecto oficial “establece expresamente que el Nomenclador no tendrá valores universales”. Es decir que cada ente obligado podrá determinar los valores en su relación con los prestadores y sólo cuando el ente en cuestión sea el Estado Nacional habrá una determinación trimestral. “Esto implica que no desaparece el Nomenclador de prestaciones, pero sí el principio de un arancel único y obligatorio para todos los financiadores, pudiendo existir distintos valores para una misma prestación según quién sea el obligado al pago”, explican desde el Foro.
Además, el Presupuesto 2027 modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad —votada y ratificada por el Congreso de la Nación—, al reemplazar el artículo referido a su financiamiento por partidas específicas del Ministerio de Salud, y derogar varios de sus artículos. Entre ellos “se encuentra el que había incorporado a la Ley 24.901 la igualdad de aranceles para todos los entes obligados y el mecanismo de actualización de esos valores”, resalta el comunicado.
“Desde el Foro, consideramos fundamental que las y los legisladores conozcan el alcance de estas modificaciones y las consecuencias que pueden tener sobre las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores y la continuidad de las prestaciones”, alertaron.
