Redacción Canal Abierto | Milton Tolomeo y Eneas Gallo están presos desde febrero en la cárcel federal de Marcos Paz, acusados de terrorismo, entre otros delitos muy graves, por participar de las masivas protestas en contra de la Reforma Laboral. “Es inconcebible que enfrenten una amenaza de pena de 10 a 30 años de prisión por haber participado de una movilización masiva contra el nuevo régimen esclavista que impera hoy en Argentina», expresaron CORREPI y la Gremial de Abogados, las organizaciones de Derecho Humanos que asumieron las defensas.
Ante esta situación, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos que los acompaña lanzó un petitorio para exigir su inmediata libertad y el cierre de las causas.
“La permanencia en prisión de Milton Tolomeo y Eneas Gallo –denunciaron- constituye una decisión política por parte del Ministerio de Seguridad que transgrede toda idea de Estado de Derecho. La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de ambos, pese a que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Esta decisión profundiza un proceso de criminalización de quienes ejercen el derecho a manifestarse frente a políticas que afectan las condiciones de vida y de trabajo de la población”.
“En nuestro país, el derecho a la protesta y a peticionar ante las autoridades está garantizado por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes. La utilización de la prisión preventiva como mecanismo de castigo anticipado vulnera estos principios y sienta un grave precedente”, explicaron desde la red de familiares, vecinos, amigos y compañeros de ambos militantes.
Stornelli y Lijo, al servicio del “Derecho Penal del Enemigo”
En línea con la difusión del petitorio, la CORREPI (la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y la Gremial de Abogadas y Abogados publicaron un comunicado conjunto en el que dieron detalles de las situación de Eneas y Milton, así como de Oscar Rubén “Homero” Aguirre y Néstor Gabriel Barrera, otros dos hombres que fueron detenidos por el mismo hecho, y que si bien ya fueron excarcelados continúan procesados en la misma causa.
En ese sentido, señalaron: “Se los acusa por los delitos de tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública; Milton y Eneas como coutores y Homero y Néstor como partícipes”.
“Como si eso fuera poco, ya esa acusación prevé la pena de 5 a 15 años de prisión, el Fiscal Stornelli requirió el agregado del agravante previsto en el art. 41 quinquies del Código Penal, que establece la duplicación de penas cuando el hecho se comete “para aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas nacionales, gobiernos extranjeros o agentes internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Ahora, “a pesar de que ya un juez y la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad descartaron de plano que se pudiera calificar como “terrorista” la conducta reprochada a Milton, Eneas, Homero y Néstor, el mismo fiscal replanteó su acusación y el juez Ariel Lijo obedientemente acató al dictar el auto de elevación a juicio”.
También se refierieron a la aplicación sistemática y en este caso puntual de la Ley Antiterrorista, aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de fuertes advertencias de los organismos de Derechos Humanos que no fueron tenidas en cuenta.
Las organizaciones explicaron que aunque la gestión libertaria la saca a relucir tras cada manifestación, la misma norma indica que ese agravante no se debe aplicar cuando los hechos de que se trate tuvieran lugar “en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Sin embargo, “la falta de precisión de las definiciones que permiten cualquier interpretación intencionada de jueces y fiscales obedientes al poder político habilitan la indiscriminada persecución de la protesta y su híper criminalización”.
En efecto: “Desde el inicio de la gestión del gobierno de la Libertad Avanza hemos visto reiteradas veces cómo, ante cualquier protesta callejera, funcionarios de primera línea, con Patricia Bullrich y Javier Milei a la cabeza, inmediatamente exigen al poder judicial la calificación de “terrorista” o “subversivo” de quienes reclaman en las calles. Una y otra vez aplican en los procesos judiciales lo que se ha dado a llamar el “Derecho Penal del enemigo”.
“Tanto Milton como Eneas y Homero son trabajadores solidarios y conscientes, ambos con arraigo familiar y laboral suficiente, mientras que Néstor es una persona en situación de calle, que fueron a Congreso con miles más a defender sus derechos. Nada más alejado de un “terrorista”. Es inconcebible que enfrenten una amenaza de pena de 10 a 30 años de prisión por haber participado de una movilización masiva contra el nuevo régimen esclavista que impera hoy en Argentina”, explicaron desde CORREPI y la Gremial.
Por último, llamaron “al conjunto del campo popular a movilizarse para exigir su libertad y el cierre de la causa. Porque el derecho a la protesta no es terrorismo”.
