El Ejecutivo oficializó la liquidación del organismo y transfirió sólo una pequeña parte del personal a la nueva obra social de las Fuerzas Armadas. ATE denuncia los despidos y convoca a movilizar este jueves al Ministerio de Defensa.
Redacción Canal Abierto | El Gobierno nacional oficializó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La acción tomó forma mediante el Decreto 1286/26, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma modifica el artículo 7° del DNU 88, dictado en febrero de este mismo año, que ya había iniciado el proceso de disolución- La innovación es que ahora limita la transferencia de personal a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA): solo pasarán quienes el Directorio considere “necesarios” según “criterios objetivos” y las “necesidades operativas” del organismo.
La consecuencia práctica es una reducción drástica de la planta. De los 2.450 trabajadores que actualmente se desempeñan en la IOSFA, alrededor de 1.000 quedarían en la OSFA. Del resto, 450 pasarían a disponibilidad y 1.000 contratos quedarían sin efecto, según los datos que maneja ATE.
Una crisis que viene de lejos
El desenlace de esta semana no es un hecho aislado, sino el último capítulo de un deterioro que ATE viene denunciando desde que el arribo de La Libertad Avanza al poder. Antes de que Luis Petri llegara al Ministerio de Defensa en diciembre de 2023, la obra social tenía un superávit de 25.000 millones de pesos. Desde entonces, según el gremio, la deuda con las prestadoras escaló a más de 500.000 millones de pesos, con denuncias por manejos irregulares que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de «desfalco», entre ellas el desvío de un préstamo de 40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gasto corriente y deudas con droguerías.
En septiembre, el conflicto ya había escalado. El entonces administrador de la transición, el coronel retirado Ariel Guzmán, renunció en medio de protestas y denuncias por corrupción y cortes de prestaciones. Ese mismo mes, ATE protestó en la sede central de la obra social en CABA y se encontró con las persianas bajas: los dirigentes denunciaron que los directores se escondieron en el baño.
La Resolución 636 del Ministerio de Defensa, publicada el 15 de septiembre, asignó 13 hoteles, centros recreativos y cabañas al Estado Mayor General del Ejército, sin decir nada sobre el destino de los más de 606 empleados que trabajan en ellos. En Bariloche, el Hotel Islas Malvinas y sus cuatro cabañas devolvieron las señas de reservas y ordenaron el cierre de cuentas corrientes, mientras sus 24 trabajadores —muchos con más de diez años de servicio— quedaron en la incertidumbre total. La concentración de delegaciones, que pasaron de 31 a 13 en todo el país, agravó el panorama para los afiliados del interior.
La respuesta gremial
Ante la disolución de la obra social, que contaba con 352.000 afiliados en todo el país, la respuesta gremial no se hizo esperar. ATE convocó a una movilización al Ministerio de Defensa para este jueves 29 de octubre a las 10:30. “Son unos hipócritas y caraduras. Se sacan fotos con los uniformados, les hacen hacer de mozos en Olivos y después les cierran la obra social. Esto no es motosierra, es perversión. Es odio al Estado. Es odio a los trabajadores”, señaló el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar. Y preguntó: “Si a los que dicen que son sus héroes, los militares, los dejan sin salud ¿qué nos queda a nosotros?”.
El dirigente fue más allá al vincular la medida con un negociado privado: “Pretenden hacer lo mismo que con ANDIS, destruyen lo público para hacer caja con lo privado. Si cierran la IOSFA, que también cierren el Ministerio de Defensa, total para este Gobierno la Defensa es un negocio. Destruyen la obra social para darle las prestaciones a dos gerenciadoras amigas. Ese es el curro”.
Por su parte, la Secretaria General Adjunta, Mercedes Cabezas, apuntó contra la lógica política detrás del ajuste: “Está clara la intencionalidad de destrucción total del país a través del Estado. Esta vez le toca la obra social de las fuerzas armadas, organismo que venimos defendiendo en todo el territorio. Hay una perversión y un odio a lo nacional muy profundos, pero la movilización sigue siendo la herramienta para frenar este tipo de atropellos”.
Y agregó: “El Gobierno está perdiendo respaldo político nacional e internacional, pero quieren dejar todo destruido antes de irse. El daño que están provocando va a ser muy difícil de remontar, y somos los trabajadores y trabajadoras los que siempre pagamos el costo de este tipo de decisiones. Acá hay una clara intención de que el sector privado se haga cargo y se quede con el dinero, dejando a la deriva a trabajadores y afiliados«.
El impacto sobre los afiliados excede la cuestión laboral. Con el cierre de las delegaciones, se restringe la atención personalizada y el acompañamiento en los trámites de reintegro o carga de documentación, que quedan centralizados en Buenos Aires. Además, con el cierre de los centros médicos, los afiliados pierden acceso a prestaciones básicas como consultas clínicas. La transición hacia la OSFA deja así un tendal de trabajadores despedidos, afiliados sin atención descentralizada y una deuda que el propio Estado reconoce pero que, en los hechos, se descarga sobre el sistema y sobre quienes dependen de él.
