Por Elisa Corzo | Tal como documentan diversos organismos internacionales de Derechos Humanos, en los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual Presidenta Keiko, al menos 300 mil personas, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas, fueron esterilizadas, muchas de ellas sin su consentimiento pleno e informado, mediante engaños, amenazas, presiones y otras formas de coerción.
Esto ocurrió en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política estatal de control demográfico dirigida a personas que vivían en condiciones de pobreza.
Ahora, en la previa a la visita del Papa peruano León XIV, el fiscal Jesús Dávila Rojas, decidió archivar la investigación por la esterilización forzada de 4172 mujeres, en en aplicación de la Ley 32107, aprobada en 2024, que permite la prescripción de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
En ese marco, Canal Abierto dialogó con María Ysabel Cedano, una de las abogadas del caso, quien subrayó que la decisión del fiscal no implica de ninguna manera el cierre definitivo del caso, y que más bien parece fundarse en el temor a la persecución política.
“Ya hemos impugnado la actuación para que se eleve todo lo actuado ante el fiscal superior”, adelantó Cedano. Y explicó: “El fiscal no absuelve a nadie, no es cosa juzgada. Después de mas de dos décadas seguimos en una fase de investigación fiscal preliminar, donde el fiscal ha concluido que se cometieron delitos de lesa humanidad”.
“Ha concluido que hay 52 responsables que ha identificado plenamente, por crímenes contra 4172 mujeres de más de 22 regiones. Entre estos 52 responsables están los exministros de salud del régimen fujimorista, como Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente ha sido reelegido congresista y senador de la República”.
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Sin embargo, “contrariamente a lo que concluye, el fiscal aplica la ley de prescripción”, indicó Cedano. Y añadió otro dato clave: la norma fue aprobada durante el gobierno del Dina Boluarte con los votos fujimoristas y de sus aliados en el Congreso. “Es una ley inconstitucional, contra la Convención Americana de Derechos Humanos y contra el derecho internacional público de los derechos humanos en general”, denunció.
En ese marco, la defensora de Derechos Humanos inscribe la decisión en un clima de creciente persecución. “Tenemos preocupación por la injerencia política, porque el Congreso anterior, con estas mayorías fujimoristas y de sus aliados, eligieron la nueva Junta Nacional de Justicia y esta Junta está abriendo investigaciones, suspendiendo e inhabilitando a magistrados que inaplican esta ley que acabo de mencionar”, afirmó.
En la entrevista, la activista lesbiana, feminista, perteneciente a la histórica ONG Demus, también expresó su preocupación por los graves retrocesos en materia de derechos humanos, y en particular, de pérdida de derechos de las mujeres y personas LGBT, en Perú y diversos países del continente, como Argentina, donde están en el poder gobiernos de ultradecha.
En Perú -apuntó- entre las medidas más graves los antiderechos avanzan “contra el único aborto legal que tenemos en el país que es el terapéutico”. Además, mediante una modificación del Código Penal y el aumento de las penas para figuras como “obscenidad” se agravó la criminalización contra personas travestis y trans. “Están intentando meter a la cárcel a activistas Drag Queen por participar en marchas del Orgullo, supuestamente para proteger a la niñez”, alertó Cedano.
“Todas las personas que vemos atentar nuestro derecho a la libertad, a nuestra autonomía, a la autodeterminación en el campo de la sexualidad y la reproducción, tenemos que unirnos -convocó la activista- porque este sistema lo que quiere es mantener las cosas como en el pasado, un orden familiar, patriarcal, heterosexista, no binario, que niega la diversidad y que sustenta la desigualdad que permite las injusticias. En el Perú, en Argentina y en otras partes del mundo”.
