Redacción Canal Abierto | Entre enero de 2016 y diciembre de 2017 se registraron al menos 309 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular, de los cuales 164 corresponden al 2016 y 145 al 2017.
El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (47% del total) seguidas por la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (28%), la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (25%).
“La presencia de una cantidad similar de hechos de represión, pero más violentos en términos cualitativos, se complementa con un aumento de la cantidad de causas penales iniciadas contra manifestantes y, fundamentalmente, con un fuerte crecimiento de la cantidad de detenidos que va camino a duplicarse respecto del año anterior (514 en 2017 contra 269 un año atrás)”, señala el informe elaborado por Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
Desde el punto de vista geográfico, otro dato destacable es que hubo una mayor concentración de hechos represivos en la Patagonia (31%) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (25%).
A su vez, el estudio revela que la amplia mayoría de los casos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales (168), seguido por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (71 hechos).
Además, la mayoría de las situaciones de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales se dirigieron contra trabajadores (52% del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (28%) y en tercero las comunidades de pueblos originarios (16%).
“Cabe destacar que los casos de represión contra reclamos impulsados por comunidades de pueblos originarios fueron los que presentaron una violencia de mayor intensidad, concluyendo con la muerte de Santiago Maldonado en el mes de agosto de 2017 y de Rafael Nahuel en el mes de noviembre de 2017”, destaca el informe.
“Por otra parte, en los últimos hechos represivos ha sido manifiesta la obstaculización a los abogados defensores de derechos humanos para identificar a los detenidos en Comisarías y destacamentos de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la detención, provocando la necesidad de interponer habeas corpus para determinar su lugar de detención y el pedido de intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, concluye.
CORREPI presenta informe de la situación represiva 2017
El viernes 22 de diciembre en Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentará el Informe de la situación represiva 2017.
“Lo que prueban los datos que hemos podido recolectar del año pasado y el actual es que a partir de la cantidad de casos de fusilamientos de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención y, por supuesto también, los dos casos de muertes en relación al conflicto y la protesta, el gobierno de Mauricio Macri se ha convertido en el líder absoluto en materia represiva desde 1983 hasta hoy. Porque en proporción a la cantidad de tiempo que lleva gobernando la alianza Cambiemos ha generado guarismos verdaderamente impactantes superando incluso lo que parecía imposible muy poco tiempo atrás que era una muerte por día”, anticipó a Canal Abierto María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI.
Solo un dato de lo que será la presentación: la ciudad de Buenos Aires cuenta con un policía cada 107 habitantes, 3 veces más de lo que recomienda la ONU.