Por Sergio Alvez* | A fines del año pasado, Mauricio Macri designó como subsecretario de Desarrollo Foresto-industrial de Nación, al terrateniente Nicolás Laharrague, CEO de los negocios que su familia posee en Misiones, y director de Moconá S.A., una empresa que acapara decenas de miles de hectáreas de tierra en Misiones, incluyendo vastas superficies en la Reserva de Biósfera Yaboty, una de las porciones de mayores diversidad de la selva paranaense que subsisten en todo el continente.
La empresa de Laharrague acumula en Misiones un amplio historial de denuncias por parte de poblaciones campesinas y comunidades indígenas, en la mayoría de los casos por invasión de tierras, desmontes y ocupaciones ilegales.
Ilegalidad forestal
En 2002, por ejemplo, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), denunció que “las comunidades TekoaYma y Kapi´iYvate desde hace tres años vienen sufriendo la invasión de sus tierras, arrasadas por maquinarias y vehículos pesados que explotan los bosques nativos, abren picadas, construyen viviendas y ocupan ilegalmente las tierras de esas comunidades indígenas”.
Cuando la empresa Moconá S.A. Explotación Forestal , en el año 1999, comienza su trabajo de forestación -señalaron entonces desde ENDEPA- “las tierras de comunidades aborígenes del Pueblo Mbyá Guaraní fueron arrasadas por maquinarias y vehículos pesados, que esta empresa introdujo en el territorio”. Este accionar de la empresa, generó un fuerte impacto ambiental y social, ya que se avanzó sobre lugares sagrados y cementerios de estas comunidades, que habitan sus territorios desde hace aproximadamente 190 años, en el municipio de San Pedro, Misiones.
Destrucción de la selva
En 2004, los caciques de dos comunidades Mbya Guaraní que viven en la Reserva de la Biosfera de Yabotí en Misiones, Artemio Benítez de TekoaYma y Martín Fernández de Kapi’iYvate, solicitaron en la Cámara de Diputados de la Nación, que se les devuelvan sus tierras ancestrales. Ambas comunidades, acompañadas por ENDEPA y FUNAM, denunciaron que la empresa Moconá Forestal S.A. “cortó cientos de árboles que las comunidades utilizamos como fuente de medicinas naturales”, y que lo hacen «con autorizaciones emitidas por el Ministerio de Ecología de Misiones». Aquella se registró en un sector de la Reserva reconocida por la UNESCO en 1995.
Uno de los profesionales que acompañó a las Comunidades en aquel reclamo, el biólogo y Premio Nobel Alternativo, Raúl Montenegro, se hizo eco entonces, de una situación que se reiteraría inalterablemente a través de los años: la sistemática complicidad del gobierno provincial de Misiones con la empresa de los Laharrague:
“El gobierno parece trabajar más para la empresa, que llegó hace apenas unas décadas a la selva, y querer echar a los Mbya, que viven en el monte desde hace más de 1.500 años. La gran cantidad de árboles que taló la empresa Moconá Forestal S.A. en Yabotí pese a la veda, muestra que allí continúa el genocidio silencioso y la brutal destrucción de la selva”.
El sociólogo y político uruguayo sociólogo Sebastián Valdomir, estudió el caso y denunció entonces que
“Las comunidades Mbyá de TekoaYma y TekoaKapi’iYvate expuestas ante la explotación forestal indiscriminada por parte de esta empresa, están viviendo una suerte de «secuestro» en lo que fue otrora su propio territorio. La empresa Moconá, además de «ocupar», ha puesto guardias armados que impiden tanto la salida como la entrada al predio en conflicto. Ambas comunidades, ubicadas en los municipios de San Pedro y El Soberbio del Departamento de San Pedro, se componen de 22 familias. El territorio de las dos comunidades es de 5,500 hectáreas, de donde obtienen su sustento y medicinas”.
Asedio y desalojo a colonos
La compañía forestal del nuevo funcionario de Macri también fue denunciada por poblaciones campesinas del paraje Colonia Pepirí, situado en el acceso al turístico Parque Provincial Moconá, donde se encuentran los imponentes saltos homónimos. Las familias productoras que vivieron toda su vida allí, vieron con alegría la llegada del asfalto y la promesa del arribo del turismo masivo, en 2010. Les prometieron, que con eso ellos iban a “progresar”. Pocos años después, la vida de estas familias se tornó un verdadero calvario.
El modelo turístico y productivo de la provincia, basado en mayor medida en el beneficio de agentes externos y terratenientes, los excluyó por completo de toda posibilidad de crecimiento, y los despojó de las tierras donde vivieron y produjeron toda la vida.
Muchos colonos fueron desalojados silenciosamente. Se avasalló cruelmente la impronta social y cultural de una población que durante décadas fue la única que vivió en la región, pero que ante la llegada del asfalto, pareciera de repente haberse convertido en “intrusa”.
La situación, alcanzó un pico de tensión en 2013, a partir de los aprietes y amenazas contra los pobladores por parte de agentes de la empresa Larrahague S.A., que según denunciaron los colonos, pretendían desalojar a los habitantes locales, e intimidar a los colonos para que abandonen sus tierras.
María de Oliveira tiene 46 años. Nació, se crió y vio crecer a sus hijos en esta colonia. Sus padres vivieron aquí siempre. De ellos, heredó los conocimientos para la producción de citronella y otros cultivos anuales para subsistencia.
“Antes teníamos que movernos por el río, porque era muy difícil por tierra, no había un buen camino como ahora. Remábamos para traer mercadería, para ir al médico si estábamos enfermos, para todo íbamos en canoa. Era duro, pero se vivía tranquilos, eso fue antes que comience esta pesadilla. La empresa nos cercó con alambrado la chacra y la llenaron de ganado. Las vacas comieron toda nuestra producción y nos cerraron el camino para salir. Nos amenazaron para que nos vayamos, hasta la policía nos mandó la empresa; tuve miedo por los chicos porque un día la policía tiró tiros al aire. Eso hicieron con varios vecinos también sin que nadie los defienda, acá parece que no hay intendente, que no hay gobernador, que no existen derechos humanos, a todos nos atropellaron para quedarse con la tierra” relató la mujer.
El productor Jorge Schulz (41), señaló que “acá la gente que se fue lo hizo por temor a perderlo todo. Es muy triste. De repente siempre vivieron acá y cuando llega el asfalto echan a todos. Nadie los defendió. La presión fue tremenda. La empresa arranca árboles, desmonta, llena de venenos, de ganado, mata la producción del colono que convive con la biósfera, y todo este atropello con la complicidad del Estado que no hace nada para defender al colono”.
Proyecto ganadero ilegal
También en 2013, en una nota publicada en el diario Primera Edición, el guardaparques provincial y actual secretario General de ATE San Vicente, Roni Rosa, denunció la existencia en plena reserva de biosfera Yaboty, de un proyecto ganadero ilegal, con casi 400 cabezas, sin plan de manejo aprobado, y de alto impacto ambiental.
“El proyecto ganadero de la empresa Larrahgaue S.A no tiene un plan de manejo aprobado por el Ministerio de Ecología; no se ha realizado ninguna evaluación de impacto ambiental, y la verdad es que pese a que hemos comunicado en varias ocasiones acerca de esta situación al ministerio, el proyecto ganadero se sigue expandiendo, provocando impactos en la biosfera” afirmó Rosa.
El proyecto ganadero ya va por su segunda generación de bovinos, ya que el resultante de la primera, derivó en la comercialización -a través de un remate- de más de 250 cabezas. El SENASA contabilizó en 2013, 268 cabezas en ese lote, y hoy estarían superando las 300 cabezas. La empresa en sus informes, según señalan desde el puesto de guardaparques, “no informó debidamente acerca de este proyecto ganadero, sino que declaran la zona como de monte nativo”.
“La empresa empezó a sacar a la gente del lote 9 y pusieron alambrados, con la excusa de no permitir la entrada, después comenzaron a traer ganado. Se trata de un territorio de 300 hectáreas de biósfera, hay lugares donde es monte y el ganado empezó a entra y pisotear, ingresando en zona roja, que debería estar protegida” indicó el guardaparques.
Sobre los impactos de la actividad ganadera en esa zona de la biosfera, Rosa sostuvo que “impide el normal desplazamiento de la fauna autóctona; animales como venados, tapir, chancho de monte, ancas, pacas, se ven en peligro y amenazados por este emprendimiento que se realiza sin ningún control ni autorización. El alamabrado tiene cinco kilómetros de largo, a lo ancho del río, y esa zona está dentro de lo que se considera bosques protectores. El ganado entra en cursos de agua, esos impactos son inmediatos; después tampoco se sabe si se trata de animales que pueden haber traído alguna enfermedad a la zona, acá yhan aparecido animales muertos, de hecho el SENASA está trabajando a partir de la presencia de rabia en la zona, hay una gran preocupación”.
Por su parte, uno de los vecinos indicó que “ellos (la empresa) avanzaron con el ganado en zonas donde hay restos arqueológicos y antropológicos que ni siquiera fueron estudiados, y derribaron monte nativo. Dijeron que iban a conservar la zona pero la están destruyendo y el ministerio de Ecología está al tanto de todo pero no hace nada”.
El Partido Agrario y Social llevó esta denuncia a la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. “La empresa El Moconá S.A. se dedica a la ganadería en ese lugar, vimos unos 400 y 500 animales, y eso está prohibido. O sea no se está cumpliendo con la ley. Las camionetas del Ministerio de Ecología ven pasar a los animales de un lado a otro y no hacen nada, lo que queremos saber es qué pasa con esta empresa, a la que se le permite tener ganadería intensiva en la Reserva cuando hay una ley que lo prohíbe. En ese lugar vivían colonos y la empresa los echó de la zona, los fue encerrando con sus animales y se vieron obligados a vender sus chacras por dos pesos miserables y a cambio los llevaron más arriba con la excusa de que los sacaban de la Biósfera para que estuvieran más tranquilos» denunció entonces el bloque del partido.
Un CEO más y van…
En tanto, el diputado provincial y secretario General del Movimiento Evita, Martín Sereno, observó que la designación de Nicolás Laharrague como Subsecretario de Desarrollo Foresto Industria de la Nación configura la puesta de “otros CEO en un puesto de la función pública, y al igual que otros casos llega con muchas denuncias sobre sus espaldas. En la provincia, en el norte conocemos mucho a este personaje porque siempre ejerció abuso de poder hacia los colonos, hacia los pequeños productores, siempre tratando de desalojar a las familias campesinas”.
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* Desde Misiones para Canal Abierto