Por Pablo Bassi | El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Breard, firmó una resolución que instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo a “arbitrar los medios necesarios para llevar a cabo las acciones judiciales” vinculadas al desalojo de los “ocupantes asentados ilegalmente en el predio de la ruta nacional 40 Sur a la altura del kilómetro 2006”.
Para el hombre -hasta diciembre de 2015 gerente de Philip Morris-, la “ocupación ilegal” genera la “afectación y turbación a un bien del dominio público perteneciente al Estado Nacional- Administración de Parques Nacionales”.
Su decisión refleja el desprecio que tiene el Gobierno nacional por la mesa de diálogo constituida tras al crimen de Rafael Nahuel en noviembre pasado, que procura encontrar una solución política al reclamo de la comunidad Lafken Winkul Mapu sobre los terrenos que administra Parques Nacionales frente a Lago Mascardi a 35 kilómetros de Bariloche.
La multisectorial nació horas después que el grupo Albatros de Prefectura ejecutara el desalojo que ordenó el juez subrogante Gustavo Villanueva, a partir de la denuncia penal que aún mantiene en pie Parques Nacionales en el juzgado federal local.
Justamente este es el pedido que la mayoría de las organizaciones y participantes de la mesa de diálogo le sugieren al Gobierno nacional para distender la situación. Pero los representantes de la APN no se hicieron presentes en ninguno de los encuentros.
Allí convergen el obispo Juan Chaparro, la defensora del Pueblo de Bariloche, el decano del Centro Regional de la Universidad de Comahue, representantes mapuches y tehuelches, la APDH, la Asociación de Derecho Indígena, la Mesa Nacional por la Paz y el Diálogo Intercultural, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre otros.
Este último viene trabajando en la elaboración de un sistema de prevención y abordaje de conflictos que a Breard, de Parques Nacionales, seguramente no debe importarle, como tampoco el crimen de Rafael Nahuel.
Sobre el caso esta semana podría haber novedades, tras el cotejo de la bala que se extrajo del cuerpo del joven mapuche con las 26 armas secuestradas a Prefectura. Tal como adelantó Canal Abierto una semana atrás, al menos cinco albatros al mando de la ministra Patricia Bulrich dispararon 114 tiros con balas de plomo.