Redacción Canal Abierto | Hoy, en conmemoración del Día Mundial del Refugiado, la Comisión Argentina por los Refugiados y Migrantes (CAREF) emitió un comunicado donde requiere que la protección internacional y la integración local de quienes solicitan asilo en nuestro país sean un auténtico compromiso del Estado Argentino.
El pedido surge porque, a pesar de que desde 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la importancia de este día, y que Argentina cuenta con una Ley Nacional de Reconocimiento y Protección al Refugiado, las respuestas por parte del Estado a este grupo suelen ser deficitarias.
El dato proviene de un registro realizado entre 2012 y 2016. En este período se realizaron más de 6 mil solicitudes de refugio en este país. La mayoría de los que pedían asilo y protección provenían de Siria, Colombia y Ucrania. De ellos, sólo la mitad obtuvo alguna respuesta por parte del Estado, y apenas 803 lograron la protección solicitada.
“A partir de la experiencia de CAREF con población migrante y refugiada, sabemos que en la actualidad, quienes se acercan a solicitar asilo al Estado argentino, padecen demoras para dar inicio al trámite. Esta circunstancia los lleva a permanecer en situación migratoria irregular, hecho que atenta contra la protección internacional”, afirma Gabriela Liguori, coordinadora general de CAREF.
A pesar de haber sido sancionada hace doce años, la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado no ha sido reglamentada. Argentina –según lo expuesto por CAREF- no cuenta con programas públicos específicos que garanticen la integración social de solicitantes de protección internacional.
“Tampoco hemos podido constatar acerca de las dificultades que tienen estas personas para acceder a programas sociales en general. Por esto, desde CAREF requerimos al Estado procedimientos accesibles, sencillos y ágiles que garanticen el derecho a pedir asilo para todas las personas que lo soliciten, resoluciones transparentes y debidamente fundadas, y políticas públicas que favorezcan el acceso a derechos sociales de todas las personas solicitantes y refugiadas. Que la protección internacional así como la integración local sean un compromiso efectivo del Estado Argentino”, expresaron.
La ley reconoce que las personas refugiadas tienen derecho a ingresar al país sin ser rechazadas en la frontera ni ser devueltas a su lugar de origen, a no ser sancionadas por ingresar irregularmente al país, a acceder a la educación, la salud, la justicia y la defensa pública, a trabajar y ejercer libremente su profesión, y a no ser discriminadas por motivos de pertenencia étnica, religión o procedencia política.