Redacción Canal Abierto | Este domingo, en la quinta entrega de los premios del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Hugo Alconada Mon se llevó el galardón a Mejor Libro de Periodismo de Investigación por La raíz (de todos los males), que fue publicado en septiembre. Allí, el periodista que descubrió en el país la trama de los Panamá Papers desmonta el sistema de la corrupción en el poder de la Argentina, que garantiza impunidad y atraviesa todas las instituciones. La Justicia, los organismos de control, el sindicalismo, la prensa y, por supuesto, el poder político y el empresariado se ven señalados -en algunos casos con nombre y apellido- en los tejes que cartelizan la obra pública, lavan dinero y compran silencios. Entre esos nombres aparece el de Mauricio Macri.
Días atrás, el premiado Alconada Mon sostuvo en sede judicial: “Sí, lo ratifico”. La frase fue su respuesta a la pregunta de las autoridades del Juzgado Federal y Correccional Nº 3 de La Plata, presidido por Ernesto Kreplak, sobre las reuniones en las que el actual presidente de la Nación pidió a diversos empresarios el 1% de sus respectivos patrimonios, en negro, para financiar su campaña electoral de 2015.
“Múltiples empresas que aportaron fondos a la campaña blanquearon al menos parte de esos aportes en las cenas a beneficio de la campaña que organizó Cambiemos –detalló el periodista de La Nación-. Un ejemplo específico que recuerdo es del Brasken, que es una empresa en parte controlada por Odebrecht, la constructora brasileña, que aportó fondos a la campaña y envió empleados y ejecutivos de mediano rango de su filial en la Argentina, para no dejar vacía la mesa durante el evento”.
Los nombres no acaban allí y entre los ejemplos de Alconada Mon figura la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la misma denunciada penalmente la semana pasada por la justiciera de Cambiemos, Elisa Carrió. “Recuerdo que el aporte de CILFA en particular –sostuvo el periodista en su declaración-, fue fruto de toda una negociación previa e intentos por acercar al entonces candidato Macri con el sector, negociación que tomó semanas y, al menos, tres reuniones previas”.
Kreplak lleva adelante la causa por los presuntos ilícitos penales cometidos por Cambiemos en el financiamiento de su campaña para las elecciones presidenciales de 2015. En ese marco, las declaraciones del periodista aportan detalles sobre lo que, a juzgar por la sumatoria de denuncias y testimonios, parece ser un modus operandi en las campañas de la alianza gobernante: los aportantes truchos. Alconada Mon refirió respecto de los propios funcionarios y militantes de Cambiemos “que varios aportaron de manera voluntaria, pero también otros se vieron sorprendidos cuando sus nombres aparecieron como supuestos contribuyentes”.
“Entre ellos, el entonces candidato a intendente por Cambiemos en Ituzaingó, Osvaldo Marasco, quien me comentó que presentó su lista de candidatos a concejales y consejeros escolares, y descubrió después que la usaron completa para dibujar aportes”, denunció el periodista.
Su testimonio, que hace referencia a la campaña de 2015, completa el cuadro de un escándalo que estalló a fines de junio y llegó a los tribunales, luego de una investigación de Juan Amorín que sacó a la luz largas listas de personas –muchas de ellas de muy bajos recursos- que figuraban como aportantes de la campaña bonaerense 2017 de Cambiemos sin saberlo ni haber aportado.
Marasco ha corroborado desde hace meses en los medios el testimonio de Alconada Mon. En una nota al medio digital El Destape sostuvo en julio: “María Eugenia Vidal es corrupta. Ella no desconoce nada, ella sabía todo”. También agregó que la mano derecha de Jorge Macri “entregaba la plata en mano en sobres color madera”.
En esa línea, la declaración del propio Alconada Mon agrega un detalle, hasta ahora desconocido: “La campaña bonaerense de Cambiemos destinó 26 millones de pesos al pago de fiscales en ese distrito, y para distribuir esa fortuna utilizaron dos docenas de bolsos, todos idénticos, todos negros y comprados sobre la avenida Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires”. Ese dinero, según explicó, eran «fondos obtenidos de las donaciones de empresarios ocurridas durante 2015».
En Tribunales
La causa sobre los aportes falsos en las campañas oficialistas de 2015 y 2017, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, pasó luego a la órbita del juez federal con competencia electoral de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, tras un pedido del fiscal Carlos Stornelli para que la causa se derive a juzgados bonaerenses, donde se cometió el presunto delito.
Luego de varios dimes y diretes, la Cámara Federal decidió enviar la causa a Ziulu, pero la senadora bonaerense María Teresa García adelantó ayer en declaraciones radiales que ésta podría regresar a manos de Casanello en breve, quien estaba investigando si la información sobre las personas con planes sociales había salido de dependencias nacionales cuando fue apartado de la investigación.
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