Redacción Canal Abierto | Vanessa Gómez es joven, peruana, enfermera, madre de tres hijos pequeños y a principios de febrero de este año ya llevaba quince años viviendo en la Argentina cuando la policía fue a buscarla a su casa. Tres días después, luego de dejarla detenida junto a su hijo de 2 años sin explicaciones, la Dirección Nacional de Migraciones la deportó a su país natal.
“Vanessa cumplió una condena en el año 2014. Luego de ese paso por la prisión muy breve, se dedicó a estudiar. Se recibió de técnica superior en Enfermería, tomó varios cursos y empezó a trabajar. También es madre de tres hijos, los tres son argentinos y tienen 2, 5 y 14 años”, relata Juan Villanueva, abogado de la joven.
Sus hijos mayores quedaron en la Argentina, separados de su mamá. “La mayor está teniendo algunos problemas para hablar en función de esta situación. El más chiquito piensa que su mamá está trabajando y pregunta todos los días cuándo vuelve”, cuenta el defensor.
“La Dirección Nacional de Migraciones se amparó en una interpretación bastante sesgada de la Ley Nacional de Migraciones, que en el artículo 70 establece que el propio director puede elegir expulsar a una persona en el supuesto de que hubiese cometido en el pasado un delito cuya pena fuese superior a los tres años de duración, siempre que no se esté afectando el principio de reunificación familiar –agrega Villanueva-. Se dejó de lado todo el plexo normativo, la propia Ley, la Constitución Nacional, y los derechos de las personas migrantes y de los niños en particular. Se sucedieron muchas irregularidades: Vanessa en un momento del proceso no tuvo defensa, la resolución que ordena su expulsión nunca le fue notificada, entonces ella nunca tuvo la posibilidad de apelarla”.
El caso de la joven se inscribe en una política, encabezada por el Ministerio de Seguridad nacional y replicada por los gobernadores de provincias como Jujuy y Chubut, que decidió construir en los inmigrantes el nuevo enemigo público. Así, Anil Baran, un joven turco de 27 años, fue detenido cerca del Congreso cuando se debatía la Ley de Presupuesto en octubre pasado, reprimido, casi deportado, y hace pocos días se dictaminó que era inocente.
Para Villanueva, además, la forma en que la Justicia trató a Vanessa es un mensaje contraproducente en el combate del delito: “En la República Argentina el objetivo de la pena está contenido en la Ley de Ejecución Penal y es la resocialización de la persona que fue condenada. Es decir que la pena sirva para que esa persona sea parte útil de la sociedad. Vanessa es claramente este caso. Ella cumplió su pena, estudió, nunca volvió a tener ningún conflicto con la ley, y se rigió por las normas que nosotros esperamos como Estado a las que se someta una persona que fue condenada en el pasado”.
Entrevista completa:
Entrevista: Gladys Stagno