Redacción Canal Abierto | La Federación de Cartoneros, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria exigiendo que anule el decreto en el que se se modifica la legislación de ingreso de residuos peligrosos. La presentación se hace antes de que transcurran los 30 días para que la normativa entre en vigencia.
Se trata del decreto Nº 591, firmado por el Presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Producción y Trabajo Dante Sica el 27 de agosto pasado. Éste modifica aspectos de la legislación existente desde 1992, dejando de lado la certificación de inocuidad ambiental y sanitaria por parte del país de origen. También se incorpora la noción de valorización de los residuos, sin dar mayores especificaciones sobre en qué consiste dicho término.
En diálogo con Canal Abierto, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) planteó que “valorización es una palabra que se presta a numerosas interpretaciones. Puede ser convertirlo en una materia prima para generar un nuevo producto, enterrarlo y cobrar por eso o meterlo en un horno y generar algún tipo de energía. Es muy ambiguo”.
“Mediante este decreto la Secretaría de Ambiente está renunciando a la potestad de controlar lo que ingresa o no. Hasta la sanción, alguien que quería importar un residuo tenía que realizar un trámite y la Secretaría de Ambiente podía autorizarlo o no, argumentando motivos ambientales. Es lamentable que el Estado renuncie a esta potestad», planteó Valiente.
Valiente concluyó que el Estado debería “apoyar a esos recicladores que ya están buscando materiales y que con un poco de ayuda como reconocimiento estatal, elementos de protección personal para trabajar sin dañar su salud y pequeños centros de reciclado que no necesitan mucha estructura, se podría aumentar el material recuperado y no sería necesario gastar dólares en importar basura de los países centrales”.