Redacción Canal Abierto | Mientras gran parte de la sociedad duela, se conmueve y putea entre dientes por el femicidio de Úrsula Bahillo, con todos los componentes de abandono y desidia estatal que lo rodean –una nueva muerte a manos de un policía… otra más–, el gobernador Kiciloff entrega patrulleros en Florencio Varela.
Mientras el cuerpo frío de Úrsula esperaba en una bandeja de acero inoxidable el resultado de los análisis de Covid-19 para ser sometido a una autopsia, el principal responsable provincial –quizá el mejor que pudimos conseguir siendo posibilistas–, entregaba patrulleros a la bonaerense acompañado del ex-intendente Pereyra y del ubicuo –cuando puede sacar tajada– ministro de la bonaerense Sergio Berni.
Como parte del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad que se lleva adelante en toda la Provincia, el gobernador @kicillofok junto al ministro @SergioBerniArg, y el intendente @Andreswatsonok, entregó en Florencio Varela 30 nuevos móviles y 10 motos. pic.twitter.com/FOTp8Ynrck
— Gobierno PBA (@BAProvincia) February 10, 2021
Lo repiten organizaciones como la CORREPI: no es un policía es toda la institución. Sin querer lavar culpas, es toda una institución, un ministerio, un gobierno, un sistema de medios masivos y una sociedad patriarcal que cae sobre el cuerpo endeble de una adolescente que dieciocho veces pidió ayuda institucional y recibió la respuesta en el filo de un cuchillo de carnicero.
Policía femicida
El femicidio de Úrsula Bahillo a manos de su ex pareja, el oficial de la Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, es el número 44 desde el 1º de enero de 2021. Según cifras del Observatorio Mumalá, el 12% de los femicidios registrados en enero fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, en actividad o retirados.
La joven de 18 años había denunciado al agresor ante la Comisaría de la Mujer y Martínez tenía una orden de restricción. La víctima también había solicitado un botón de pánico que gracias a la diligente justicia provincial llegó luego de la agresión que terminó con su vida.
Según un relevamiento realizado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) son 48 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas policías entre 2010-2020 en el AMBA. 17 eran funcionarias de seguridad.
“La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de Seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar. En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal”, señalan en el sitio violenciapolicial.org.ar.
Otra problemática asociada a los femicidios cometidos por los agentes de seguridad es el encubrimiento que les brinda la institución y la corporación policial. Como ocurre en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos autores son parte de las fuerzas de seguridad. “Como auxiliares de la Justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”, sostienen desde el CELS en el trabajo mencionado. Una vez más se debe remarcar que es necesaria una policía judicial que permita desdoblar las tareas de prevención y represión del delito de las de investigación y peritaje judicial.
https://twitter.com/CELS_Argentina/status/1359479305336721412
La mayoría de los hechos de violencia femicida cometidos por agentes de seguridad ocurren cuando el efectivo se encuentra fuera de servicio, la mayoría de las veces con el arma de fuego portada fuera de su horario laboral.
Violencia estatal
Úrsula y sus padres se acercaron numerosas veces a las instituciones del Estado en busca de protección frente a la violencia ejercida por su, ahora, femicida.
Según narra la familia, en 18 ocasiones Úrsula y sus padres radicaron denuncias en la Comisaría de la Mujer –cuando estaba abierta, ya que el sábado no le tomaron la última denuncia alegando que no funcionaba en fin de semana–, en el Juzgado de Paz de Rojas a cargo de Luciano Callegari y la Fiscalía 3 del Departamento Judicial de Junín, a cargo del fiscal Sergio Terrón, quien hoy lleva la investigación del femicidio.
Callegari había dispuesto que la Municipalidad de Rojas le entregara un botón de pánico ante las sucesivas denuncias de violación de la restricción perimetral que pesaba sobre Martínez. Como mencionamos, esta medida se cumplió tardíamente.
El reclamo popular en Rojas de justicia para Úrsula y de castigo para el femicida fue respondido por la policía parapetada en la comisaría con balas de goma y gases. El pedido a gritos de una de sus amigas fue respondido con un balazo a la altura del rostro que casi le cuesta un ojo.
El ministro de la Bonaerense, Sergio Berni, se acercó a Rojas y se reunió con la madre de Úrsula, Patricia Nasutti, y declaró que desde su ministerio harán todo lo que tengan que hacer para colaborar con la causa, mientras que deslindó responsabilidades sosteniendo que el agente estaba con una carpeta psiquiátrica, “no estaba cumpliendo ninguna función, estaba apartado, no tenía su arma reglamentaria, no estaba trabajando”, declaró a los medios presentes.
La lógica del “estado policial” y la doctrina de la saturación policial en una sociedad patriarcal exponen a las mujeres a que la violencia machista se descargue con potencia femicida con las propias armas que el Estado dispone supuestamente para proteger a la ciudadanía.
Citando más estadísticas, según los registros de la Correpi, de 1983 a hoy “una de cada cinco mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria”.
Úrsula, como las otras 43 mujeres víctimas de femicidio que nos duelen en este 2021, espera justicia. Necesitamos mecanismos judiciales, jurídicos, de cuidado, de emergencia que nos permitan amparar a las víctimas de violencia antes de que sean cadáveres a resultas de un femicidio. No hay tiempo. No lo hubo. No lo habrá.