Redacción Canal Abierto | El 24 de mayo de 1977, en plena ferocidad de la represión ilegal, 16 detenidos desaparecidos del Centro Clandestino el Vesubio fueron llevado a la casa ubicada en el 1151 de la avenida Uriburu, hoy Boulevard Buenos Aires, en la localidad de Luis Guillón, fusilados y luego enterrados en una fosa común en el cementerio de Monte Grande. El hecho trascendió a la historia como La Masacre de Monte Grande, por el nombre de la localidad cabecera del partido de Esteban Echeverría.
A principio de mes el inmueble fue puesto en venta por sus actuales dueños, pero un alerta público de la Mesa de Derechos Humanos de Ezeiza y Esteban Echeverría evitó que la propiedad, sobre la cual todavía se desarrollan investigaciones judiciales para determinar su relación con el terrorismo de Estado, cambie de propietarios y sea eventualmente modificada o destruida.
Las organizaciones buscan conocer la verdad sobre la historia del lugar, que sea señalado como Sitio de Memoria y que, a futuro, pueda crearse un Museo o Espacio de Memoria.
El pasado jueves 20 de mayo el juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción de la investigación, realizó una inspección ocular sobre la cual se espera que dicte una orden de “no innovar”. Participaron autoridades de las Secretarias de Derechos Humanos de Nación y Provincia, y militantes de la zona.
En esta entrevista con Canal Abierto, Federico Thomander, secretario de Acción Social de ATE en la seccional Ezeiza-Esteban Echeverría-San Vicente, militante de Unidad Popular e integrante de la Mesa de Derechos Humanos local, destaca que “es muy importante que no solo los organismos y las organizaciones se pongan al frente de estas situaciones, sino que es necesario dar la batalla a nivel comunicacional”.
“Lo primero que hay que hacer es parar este negocio, porque además como objetivo final nosotros deseamos que ese lugar sea señalado como Sitio de Memoria”, agrega el dirigente, abogado y trabajador de Anses.
Si bien no está claro quién o quiénes son los dueños actuales de la vivienda, ni sus ocupantes, ni quienes lo eran en 1977, en el marco del primer juicio por los crímenes de El Vesubio, en 2010, se realizó una reconstrucción de los hechos investigados. Luego de eso el frente del chalet fue tapado con dos locales que impiden ver el lugar en el que se perpetró la matanza más brutal de la dictadura en la localidad.
Se conoce que existe un litigio legal por la titularidad del lote entre los actuales habitantes y los poseedores originales.
“Otra tarea que nos estamos dando a mediano plazo es saber quién vive ahí, quién ocupa ese lugar, porque todavía sospechamos que el propietario u ocupante pueda tener vínculos con la represión ilegal”, señala Thomander.
“No solo hay un negocio en el alquiler de esos locales, sino que es toda una simbología haber buscado tapar la vista desde la calle del lugar donde ocurrió la masacre”
“Desde la mesa empezamos a buscar vínculos para articular tanto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de de Buenos Aires como con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, buscando determinar primero si hay efectivamente una persona que detente la propiedad del lugar y a partir de ahí lograr que la Legislatura bonaerense lo declare un Sitio de Memoria”, cuenta el delegado gremial.
“Para eso hay que visibilizarlo y concientizar a los vecinos y las vecinas de que ese es un lugar que pertenece a la memoria colectiva del distrito”, completa.
Esteban Echeverría
Los organismos, sindicatos, asambleas y organizaciones sociales que componen la Mesa vienen reclamando insistentemente el apoyo del gobierno local del intendente Fernando Gray, actual vicepresidente el PJ bonaerense.
“Lamentablemente no contamos con el acompañamiento necesario de la municipalidad”, dice Thomander sobre la cuestión, y detalla: “La principal dificultad es que hoy no contamos con una secretaría de derechos humanos dentro de Esteban Echeverría, la hubo en algún momento, el mismo intendente que la generó luego la desarticuló, y eso es el primer escollo, porque no hay un canal directo y específico para plantear las cuestiones de derechos humanos. Hay una desaprensión con la temática muy llamativa”.
El último 24 de marzo la Mesa de Derechos Humanos de Ezeiza y Esteban Echeverría no fue convocada por el municipio para el acto oficial del Día de la Memoria. El gobierno hizo su propia conmemoración señalizando el centro de clandestino conocido como “La 205” -que funcionó en la órbita del primer cuerpo del Ejército integrando el “Circuito Camps”-, y la Mesa debió hacer una actividad independiente en la plazoleta del Espacio de la Memoria.
Finalmente, sobre la lucha de la Mesa de DDHH zonal y las organizaciones, Federico Thomander sintetiza: “La cuestión de la memoria, la verdad y la justicia no puede ser un discurso que solo suena en la Plaza de Mayo, nosotros militamos, trabajamos y vivimos nuestra vida en Esteban Etcheverria, entonces decimos que esas políticas tenemos que hacerlas carne con nuestras vecinas y vecinos”.
Desde la #MesadeDDHH de #EstebanEcheverría participamos en la Inspección ocular llevada a cabo por el Dr. #Rafecas en la Casa de la #Masacre De #MonteGrande.
Logramos visibilizar y revertir la voluntad de poner a la venta este lugar que debería convertirse en #sitiodememoria pic.twitter.com/dXXyCzFg9N
— Unidad Popular Esteban Echeverría (@EstebanUnidad) May 21, 2021
La masacre
En la madrugada entre el 23 y el 24 de mayo de 1977, 16 militantes políticos que estaban desaparecidos en el Vesubio fueron trasladados hasta la Casa de Monte Grande. Les dijeron que iban a participar de una conferencia de prensa, pero allí los fusilaron montando un falso escenario de intento de fuga.
Los restos de Luis María Gemetro, Luis Fabbri, Catalina Oviedo de Ciuffo, Daniel Jesús Ciuffo, Luis Eduardo de Cristófaro, María Cristina Bernat, Julián Bernat, Claudio Giombini, Elisabeth Käsemann (ciudadana alemana), Rodolfo Goldín, Mario Sgroi, Silvestre Andreani, Miguel Ángel Harasymiw, Nelo Antonio Gasparini fueron identificados.
Entre las victimas hay dos mujeres que aún no pudieron ser identificadas. Todos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Los cuerpos fueron trasladados hasta el cementerio de Monte Grande por Daniel Casinelli, un bombero voluntario de la zona ya fallecido que declaró en el juicio de 2010 revelando detalles del hecho.
Hasta el momento no hay ningún condenados por la Masacre de Monte Grande. El represor Héctor Gamen, segundo comandante de la Brigada de Infantería 10 entre 1976 y 1977, fue condenado solo por co-autoría indirecta de los homicidios.
Entrevista: Leo Vázquez (@LeoVaz2020)