Por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo | La historia del predio conocido como la Ciudad Deportiva de la Boca, ubicado en plena costanera sur de la Ciudad de Buenos Aires, frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, se remonta a la década del 60. En 1964 el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 16.575 que autorizó la donación con cargo al Club Atlético Boca Juniors (CABJ) de 40 hectáreas de terreno a rellenar en el Río de La Plata. El cargo consistía en la construcción de una “Ciudad Deportiva” y la ley prohibía expresamente la venta del predio a terceros. Cómo Boca Juniors había rellenado mayor superficie que la permitida, en el año 1989 el Congreso sancionó una nueva ley, la Ley N° 23.738, que aumentó la cantidad de hectáreas donadas hasta alcanzar la superficie que había sido efectivamente rellenada. Declaró cumplido el cargo, aun cuando la obra nunca fue ejecutada, y autorizó al club a vender el predio. En 1993 el Club Atlético Boca Juniors vendió el predio a la sociedad Santa María del Plata por la suma de 22 millones de dólares. Y luego esta sociedad le vendió a la empresa IRSA, cuyos principales accionistas eran el magnate George Soros y Eduardo Elsztain, el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors (71 hectáreas) por 50 millones de dólares.
Y de esta manera, el conjunto de la ciudadanía perdió un sector gigantesco de la Costanera Sur sin recibir nada a cambio.
Desde esa fecha, IRSA ha intentado la modificación de la planificación urbana para poder extender Puerto Madero hacia el sur en dichos predios. Tuvo reiterados fracasos legislativos con diversas composiciones parlamentarias. Pero la pandemia, la crisis económica y sanitaria y la época electoral habrían alineado los astros para que avance la mega propuesta inmobiliaria.
El Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta e IRSA acordaron que el destino de este predio sería un nuevo Puerto Madero y que el inicio de las obras no podría esperar.
En un tratamiento VIP y exprés, demostraron que el Estado lejos de ser burocrático es más eficiente que el sector privado. En dos semanas consiguieron todos los dictámenes del Ejecutivo, firmar el convenio e intentar votar el proyecto de ley en la Legislatura.
Una eficiencia envidiable para autorizar un emprendimiento inmobiliario llamado “Costa Urbana” que implicará la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura. La superficie total construida alcanzará los 900.000 m2, destruyendo el actual humedal costero y al lado de uno de los humedales con mayor proyección mundial por ser sitio Ramsar (humedales de importancia internacional, reconocidos por UNESCO), la Reserva Ecológica Costanera Sur. La densidad constructiva superará a la que actualmente tiene Puerto Madero.
El proyecto es la síntesis de un absurdo ambiental y social. Los consensos globales, en el marco de la agenda climática, definen la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar el ascenso del nivel de las aguas, recuperar y preservar los humedales costeros y generar bio corredores que permitan el acceso de los vientos desde las costas para atenuar el efecto de isla de calor urbana.
A contramano del mundo, la propuesta del GCBA de ocupación del borde costero, no sólo va a destruir el humedal sino que va a generar un conjunto de impactos negativos en relación a los vientos y al escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas.
El tratamiento casi olímpico del proyecto, se opaca por la calidad de la evaluación técnica. El GCBA autorizó Costa Urbana con sólo un “Informe Técnico” de 19 páginas a simple faz (5 son el marco normativo, 11 con imágenes y 3 de conclusiones).
La falta de seriedad se explica porque de aprobarse este convenio urbanístico el grupo IRSA ganaría más de 1000 millones de dólares. Obnubilados por estas cifras siderales, al GCBA y a la Legislatura se les pasó por alto convocar a audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo de este proyecto de ley por modificar sustancialmente la planificación urbana (art. 63 Constitución de la Ciudad) y realizar la Evaluación de Impacto Ambiental previa a la firma del convenio urbanístico como exige el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú.
Por este motivo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (UBA), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTA Autónoma de Capital, acudieron a la Justicia con una acción de amparo colectivo en defensa de la democracia participativa y ambiental al advertir que se estaban violando la regulación constitucional e internacional que norma cómo se debería dar un debate con relación al destino de la Costanera.
El 24 de Julio de 2021, el Juez Scheibler, en la causa judicial caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Otros c/ GCBA s/Amparo – Otros”, Expte. N° 166469-2021/0, ordenó suspender el trámite del Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 (Costa Urbana) hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la Ley N° 123 respecto del convenio urbanístico (Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria).
Luego de recusar al siguiente juez de feria (Dr. Converset) por la muestra de una clara parcialidad en defensa del GCBA, la jueza López Vergara ordenó a la Legislatura que acredite el cumplimiento de la medida judicial. Ésta continuó como si la causa judicial no existiera y en la última labor parlamentaria incorporó el proyecto de Costa Urbana en el temario para ser aprobado en la sesión legislativa.
Frente a este incumplimiento flagrante de la medida judicial, el juez natural de la causa, finalizada la feria judicial, Dr. Aurelio Ammirato, decidió notificar personalmente de la orden judicial al, por entonces, presidente de la Legislatura, Diego Santilli (que renunció a su cargo el jueves) y al vicepresidente 1ro, Agustín Forchieri, en su calidad de máximas autoridades legislativas y responsables de que la medida judicial se respete. Ante la posible comisión del delito de violación de una sentencia judicial, decidieron reservar el proyecto de ley en secretaría hasta que se “resuelva” la cuestión judicial.
Durante la sesión, las “cuestiones de privilegio” planteadas por les legisladores por no poder ejercer su “derecho a debatir y votar” pone de manifiesto dos visiones de concepción de la democracia en plena crisis civilizatoria y climática.
Por una parte, los bloques que plantearon las cuestiones de privilegio sostienen que el Poder Judicial no debe interferir en el debate parlamentario y que la Legislatura no tiene ninguna limitación. La democracia se reduciría, así, a unas cuantas personas que ocupan el rol institucional de legisladores.
Por otra parte, cientos de asambleas y colectivos interpretan que la mejor forma de organización de la comunidad porteña es una democracia participativa y ambiental. Esta postura es avalada por la Constitución de la Ciudad, el Acuerdo de Escazú y hasta ahora por la justicia. En esa forma de organización política de la sociedad, en el debate público el rol preponderante lo tiene la ciudadanía con el reconocimiento de su derecho político a discutir colectivamente en espacios de participación (audiencia pública u otros formatos) y a ejercer esta participación contando con la mayor información (Estudios diagnósticos, Estudios de Impacto Ambiental, Evaluación de Impacto estratégicos y acumulativos, etc.). La participación debe ser en los inicios del debate, no cuando todo está arreglado, firmado y votado, transformando las audiencias públicas en mera formalidad.
Proyecto de ley y recorrida para recuperar la costanera
En cumplimiento del mandato del art. 8 y 27 de la Constitución de la Ciudad que establece que se debe recuperar este predio para su uso común y gratuito, de libre acceso y circulación, y que su dominio debe ser público, más de 100 espacios colectivos con miles de firmas presentarán el día lunes un proyecto de ley para expropiar este predio y destinarlo a la creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río.
Para apoyar y sumar adhesiones al Proyecto de Ley de Recuperación de la Costanera Sur y Creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río se puede firmar en el siguiente formulario . El texto de la propuesta de Proyecto de Ley está accesible en un documento público.
Y el sábado, con la consigna “Mas Reserva Ecológica menos Torres” diferentes asambleas, organizaciones sociales, sindicales y colectivos urbanos se convocarán a las 16 horas en Avenida España y Elvira Rawson de Dellepiane a recorrer el predio exigiendo la protección del humedal costero.
