Canal Abierto Radio| El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, develó en una entrevista cuál fue el destino de la deuda contraída durante su gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI): «La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo».
Al respecto, el abogado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas e integrante de la Coordinadora de Abogadas y Abogados de Interés Público, Andrés Bernal, aseguró que «es que una consecuencia ilegal en cuanto a una causa que es ilegal», refiriéndose al origen administrativo de la deuda.
«La liviandad con la que Macri puede decir tres años después las cosas que dice depende del origen de la decisión y cómo se tomó. El dinero que se rifó en este tiempo, que ahora Macri confiesa que sirvió para la fuga de capitales, pudo tener ese destino porque el crédito se contrajo violando todas y cada una de las normas legales estipuladas a nivel nacional para determinar cómo se deben adoptar este tipo de decisiones», señaló.
La Coordinadora realizó una investigación y pedido de información al Estado para dar cuenta de las irregularidades administrativas en la toma de deuda: «Conociendo cómo el Estado tiene que tomar decisiones pedimos a la gestión de ese momento que nos entregue los expedientes administrativos a través de los cuales debió tramitar la decisión y resultar el contrato con el FMI: anexos, cláusulas, detalles y dictámenes jurídicos previos de análisis de factibilidad, de impacto del crédito en la balanza de pagos en Argentina, etc.», explicó Bernal.
«Estamos trabajando una estrategia de judicialización del FMI a partir de un esquema de cooperación internacional con otros colegas de América Latina que demostraron, como nosotros, el método de imposición de deuda en países como Argentina, Costa Rica, Bolivia y Brasil se replica», contó además.
Bernal integra junto Augusto Martinelli y Francisco Verbic el equipo legal del MNER y el Centro de Estudios Estratégicos para la Integración Financiera (CINFIN) que realizó una presentación judicial en 2019 reclamando que se “ordene a la demandada (el Poder Ejecutivo de entonces) entregar a esta parte el texto completo del contrato a ser firmado, memorando y carta de intención suscripta con el FMI y cualquier otra documentación complementaria del empréstito suscripto con el FMI” y “detallar las características financieras del acuerdo arribado: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasas de interés, cargos, prórrogas de jurisdicción, comisiones, aforos) y toda otra información directamente vinculada con el empréstito contraído”. El expediente llegó a la Corte Suprema y se lo conoce como “Causa Murúa”, por Eduardo “Vasco” Murúa, histórico titular de MNER y actual director de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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El abogado sostuvo que si bien les «habían dicho que no existían los expedientes», finalmente les entregaron dos. «El expediente administrativo del que debiera haber resultado el contrato es de fecha posterior a la recepción del dinero«, dio a conocer, remarcando que no existen «análisis de factibilidad obligatorios por Ley, ningún análisis de evaluación del impacto en la balanza de pagos y no hay acto administrativo; ni un decreto que disponga el Presidente la adopción del crédito por ese monto. Fue un crédito a una sola firma«.
Desde la coordinadora judicializaron estas irregularidades: «Esto que nosotros judicializamos obtuvo una resolución histórica que le ordenó al macrismo en la antesala de que concluya el mandato que complete la información, que entregue el contrato. Esa resolución el macrismo la llevó a la Corte Suprema y sigue a 21 meses dormida en un cajón», señaló Bernal. «Por la deuda y por el endeudamiento debieran responder cada uno de los funcionarios que intervinieron a titulo personal«, apuntó resaltando que la ilegalidad de la deuda «está probada judicialmente. Si la Corte Suprema ratificara una resolución que mantiene dormida hace 21 meses sería la razón objetiva concreta por la cual se activaría la responsabilidad penal patrimonial de los funcionarios«.
En este contexto es que refirió a la complicidad judicial y a la contención de un «sistema de poder» que le permite a Macri hablar con «tanta liviandad» del endeudamiento del país para la fuga de capitales:
«No tiene que ver con torpeza política sino con abuso de confianza en el marco de los negocios de los que forman parte. Abuso de confianza con un sistema de poder esencialmente parasitario que necesita y les resulta sumamente redituable una Argentina endeudada. No es casual que este país sea siempre para las instituciones privadas de créditos la frutilla del postre, y Macri y sus secuaces juegan esa timba. Por eso creo que más allá de su torpeza de origen esto tiene que ver con su abuso de confianza con un sistema de poder que necesita socios locales para perpetuar estas cosas».
A su vez, afirmó que esto se pudo dar «sobre la base de una impunidad muy fuerte que le brinda el mismo sistema de poder que esta protegido por la estructura judicial argentina. Si la Corte Suprema se hubiese pronunciado en tiempo y forma sobre esta causa que esta planchada hace 21 meses la responsabilidad hubiese caído bastante tiempo antes».
En este marco, se refirió al accionar del Fondo: «El FMI es corresponsable absolutamente en toda esta operatoria que violó cláusulas específicas de su estatuto sobre las que se está conversando mucho ahora en el marco de la renegociación porque, como consecuencia del faltante documental, no se controló que ese dinero finalmente se destinase a la fuga como reconoció Macri ahora», denunció.