Redacción Canal Abierto | “Sí a cuidar el planeta: urgente la Ley de Humedales”, rezaba uno de los spots de propaganda con los que Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán agitaban en noviembre su candidatura como diputados nacionales por el Frente de Todos.
Pero las legislativas pasaron y con noviembre cerró el plazo de sesiones ordinarias del Congreso. Ese mes también se cumplió un año de que el proyecto de Ley de Humedales durmiera el sueño de los justos en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados presidida por José Arnaldo Ruiz Aragón, también del Frente de Todos.
Así, la Ley se encuentra en riesgo de perder estado parlamentario por tercera vez desde 2013 y 2016, ocasiones en las que obtuvo la media sanción en el Senado pero no avanzó en la Cámara baja. A menos que desde el Ejecutivo se impulse incluirla entre los proyectos a tratar en el período de sesiones extraordinarias, y se realice un Plenario de Comisiones para que la traten también las Comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda.
“Hay sectores corporativos que están claramente interesados en que el proyecto no prospere: son las corporaciones del agronegocio, las de los recursos forestales, las megamineras, los inmobiliarios, que tienen intereses sobre estos ambientes y que ven en la posibilidad de la sanción de una ley el fin del largo ciclo de negocios que vienen haciendo sobre este tipo de ecosistemas”, explica Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata, en diálogo con Canal Abierto.
Y agrega: “Pero no es una cuestión solamente de los sectores extractivistas sino también de los que tienen responsabilidad de gestión que, aunque por momentos aparezcan en posiciones opuestas, terminan actuando en coalición. Que la ley esté desde noviembre de 2020 en la Comisión de Agricultura es una clara señal de que no hay voluntad política de tratarla”.
La ley –que el spot del oficialismo calificaba de “urgente”– busca promocionar la conservación, el uso sostenible y la restauración los humedales, que tienen varias funciones centrales para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Su protección significa, en la práctica, frenar el avance de los desarrollos inmobiliarios, la explotación minera y los cultivos para exportación que se realiza sin control sobre estos espacios.
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“Es una ley de presupuestos mínimos para proteger y preservar ecosistemas de humedales tal como queda encuadrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional –detalla Pintos–. Como sociedad perdemos ecosistemas que son valiosos para aportar calidad ambiental, lo que se conoce como los bienes y servicios ecosistémicos: capturan dióxido de carbono de la atmósfera, retienen los excedentes hídricos de las inundaciones, evitan o morigeran el impacto de las sequías por comportarse como esponjas naturales, producen microclimas en áreas muy urbanizadas. Perder superficie de humedales implica una pérdida de todos esos bienes y servicios sistémicos, es un empobrecimiento ambiental”.
Una crisis terminal
Las consecuencias de este avance sin control y la falta de una ley que proteja a los humedales se hacen sentir hace tiempo en los pueblos y comunidades rurales, pero de a poco comienzan a impactar también en los grandes conglomerados urbanos.
A modo de ejemplo, en mayo de 2020 el Río Paraná sufrió una bajante histórica, que afectó la pesca y obligó a drenar aún más el lecho para que los barcos de gran porte que sacan la producción cerealera nacional desde los puertos cercanos a Rosario no encallaran. La bajante se repitió este año más o menos por las mismas fechas, época de escasez de lluvias. Desde el Instituto Nacional del Agua explicaron que el fenómeno se debió, en gran parte, a que allí donde había humedales, hoy hay plantaciones. Y el agua que antes era absorbida por el humedal en épocas de lluvias y drenada lentamente manteniendo un caudal estable, hoy escurre al río y provoca, alternativamente, inundaciones y sequías.
“Estas cosas que aparecen tan lejanas desde las grandes áreas urbanas son muy consistentes en muchos pueblos y ciudades del interior, que comienzan a articularse en redes de resistencia ante estos procesos, como la Red Nacional de Humedales (RENAHU). No tienen la visibilidad que debiera porque los intereses atraviesan también las formas de comunicación –agrega Pintos–. Los pueblos, las comunidades que bregan por este tipo de leyes, lo hacen desde una mirada más consciente de las limitaciones que tienen estos ecosistemas para resistir al embate de las prácticas extractivistas. Desde su sensación de pérdida, de despojo, que afectan sus condiciones de vida”.
En esa línea, desde que el primer proyecto perdió estado parlamentario, hace ocho años, ha ido creciendo el nivel de conocimiento público sobre el tema y el debate que se ha ido ensanchando de la mano de las organizaciones socioambientales que la impulsan.
El año pasado, se presentaron quince proyectos de ley, con variaciones sobre las regulaciones necesarias para proteger los humedales argentinos. Finalmente, de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados salió aprobado un dictamen de mayoría con una disidencia parcial y un texto de minoría, que debía seguir su curso en las demás comisiones para luego ser tratada en el recinto, pero eso aún no ocurrió.
Para Pintos, seguir defendiendo en este contexto un modelo extractivo como única manera de sostener la economía y generar divisas es “cortoplacista” y “no se sostiene por ningún lado”.
Y sentencia: “Lo que ese argumento no contempla es que estamos en una situación muy grave, de una crisis ambiental y de otra que algunos autores llaman de orden civilizatorio, es decir que compromete la capacidad de reproducción de nuestro pueblo, por tanto es una crisis terminal”.
