Redacción Canal Abierto | La Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) ha denunciado, a lo largo de estos 23 años, el encubrimiento estatal sobre los culpables del atentado a la mutual judía en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994.
Durante estas más de dos décadas sin avances, sus integrantes han impulsado el proyecto de una comisión investigadora independiente compuesta por parlamentarios, referentes de la Justicia y los Derechos Humanos, y representantes de las víctimas. En esta entrevista con Canal Abierto, su referente Laura Ginsberg explica qué se esconde tras el proyecto de juicio en ausencia, arriesga un final para la causa por encubrimiento y narra cómo la promesa de desclasificación de los archivos secretos se ha convertido en otra trampa.
-Ustedes fueron muy críticos del trabajo del fiscal Alberto Nisman, del memorándum de entendimiento con Irán, y del accionar del gobierno kirchnerista en relación a la causa, ¿cambió algo para bien o mal en estos casi dos años de macrismo?
Si bien hubo un pronunciamiento respecto del memorando, en lo que a nosotros nos concierne ha habido una continuidad. Este gobierno es el que podría aparecer como el menos comprometido con la impunidad que lleva más de dos décadas, pero lo que está haciendo es corroborar que hay una continuidad en las políticas de encubrimiento y de protección del accionar del Estado argentino.
-¿En qué actitudes se corrobora?
La más brutal y la más reciente es la firma del Decreto 229, a través del cual el Poder Ejecutivo le otorga el poder de mando sobre la documentación secreta a una oficina del Ministerio de Justicia cuando en realidad esa documentación es prueba en un proceso judicial y la tienen que administrar los fiscales. Desde APEMIA, hicimos una presentación al juez Canicoba Corral para que lo declare inconstitucional e impulse una medida de no innovar. Desde que se firmó el decreto, la fiscalía no puede trabajar ni nosotros tenemos posibilidad de acceder a esa información.
El otro aspecto, que no es menor, es el proyecto de ley de juicio en ausencia que es del Gobierno y que se está debatiendo en el Congreso nacional.
-¿Qué significa el juicio en ausencia para la causa AMIA?
Cerrarla, con una simulación de juicio. Porque es un juicio que se va a hacer sin los acusados presentes, ni los testigos presentes, ni las pruebas. Va a ser una especie de escenografía con el único objeto de pronunciar que cinco u ocho iraníes tal vez estuvieron implicados en el atentado a la AMIA. Y esto no se va materializar en nada, porque si las pruebas no se pudieron sostener durante 23 años tampoco se van a poder sostener en esta acusación internacional.
-Y también significa cerrar filas sobre la pista iraní y desestimar cualquier otra pista…
Justamente. Lo que denunciamos es que ese es el objeto de este proyecto: enfocarse en que toda la responsabilidad es del régimen iraní para exculpar al Estado argentino de sus propias responsabilidades. Ésta es una nueva maniobra del gobierno de Cambiemos, en continuidad con los gobiernos anteriores, para consagrar la impunidad, no para encontrar la verdad.
-¿Qué pasó con el proyecto que impulsaba APEMIA de armar una comisión investigadora?
Nosotros lo presentamos por primera vez a mediados de 2014. Perdió estado parlamentario el año pasado así que hicimos una segunda presentación y esta vez contamos con el apoyo de prácticamente todos los bloques mayoritarios oficialistas y opositores. Hace meses salió aprobado de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento pero todavía falta que circule por tres comisiones más. Éste es un año electoral por lo que el Congreso funciona como una escribanía trucha. De seguir así, lo más probable es que vuelva a perder estado parlamentario. Lo que pedimos, en reuniones recientes que tuvimos con el ministro (de Justicia y Derechos Humanos, Germán) Garavano y ayer con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es que promovieran un plenario de comisiones para que el proyecto pudiera ser debatido.
-¿Qué respuesta obtuvieron?
En principio, ninguna. Porque lo cierto es que ellos están detrás del otro proyecto, que es el de juicio en ausencia. Cuando nosotros debatíamos con los diputados que nos apoyan sobre que había que oponerse a ese proyecto, muchos decían que no importaba porque se podían votar uno y el otro, y no es así. Son dos proyectos contrapuestos; si se apoya uno, se cae el otro. Y las pruebas están a la vista años después, porque el Gobierno logró llevar al Senado este proyecto y paralizar el de formar una comisión investigadora.
-Está por terminar el segundo juicio oral AMIA que investiga el encubrimiento, ¿cuál aventuran que será el resultado?
Seguramente va a ser un escándalo. Éste es un juicio que se sustancia a espaldas del conocimiento del conjunto de la población argentina. El 25% de las audiencias se han desarrollado en secreto. Tenemos prohibido difundir lo que hemos escuchado allí so pena de que nos apliquen la Ley de Inteligencia Nacional y el Código Penal. De manera que lo que está ocurriendo allí, no sólo por lo que han dicho algunos espías de la ex SIDE y testigos protegidos sino por lo que se hizo público, es la demostración del compromiso en el encubrimiento del atentado por parte de la actual AFI.
Por eso si el tribunal no se pronuncia en este sentido y termina tal vez condenando a alguno, aunque ninguno de los allí sentados vaya a ir preso, esto será un escándalo igual o peor que el del juicio fraudulento anterior cuando terminaron liberando a Carlos Telleldín y a los policías bonaerenses.
Foto: David Fernández