Redacción Canal Abierto | El 4 de enero a las 7 de la mañana, en plena feria judicial, la policía jujeña perpetró un intento de desalojo ilegal en la comunidad Tusca Pacha -en la que viven 100 familias en la localidad de Palpalá-, solicitado por una compañía constructora y avalado por el fiscal Walter Hugo Rondón y el ayudante de fiscal Martín Andrés Lavilla, con máquinas enviadas por la empresa Sucre y numerosos efectivos de la Guardia de Infantería. Setenta hombres en total custodiaron el accionar de las cuatro excavadoras que pretendían arrasar todas las instalaciones de las familias originarias.
El avance, sin presentar ninguna orden, fue perpetrado sobre territorio comunitario en el que se realizaban tareas de siembra. Ante el intento de evitar la destrucción, fue detenida la campesina Rosa Gutiérrez, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, llevada a la Comisaría 51 de Palpalá y liberada recién por la tarde bajo amenaza de ser imputada por “daños”. Las máquinas destruyeron pertenencias de la Comunidad Tusca Pacha y la familia Maraz.
Contactada por Canal Abierto, Natalia Peñaloza, abogada de la comunidad, explicó: “Fue un intento de despojo con una orden vieja, de 2020, que había sido un desalojo súper violento, con represión y seis compañeros detenidos. Esta vez se logró frenar, por suerte, ayer fue el fiscal para evaluar los daños, como haciendo marcha atrás con la decisión que había tomado. Hay que recordar que es el fiscal de feria, no es el fiscal natural de la causa”.
“Vamos a hacer la denuncia en sede penal, denunciado a la empresa Sucre y a Alfredo González por el intento de usurpación y despojo, por los daños que sufrió la comunidad, porque pasaron las maquinas y destruyeron la siembra y las huertas”, agregó la letrada.
La Comunidad Tusca Pacha y la Asociación San Marcos de Los Alisos habitan y desarrollan agricultura familiar en ese terreno en disputa con Sucre, que tiene un proyecto para instalar un parque industrial allí.
La empresa Sucre cuenta con un manifiesto y constante apoyo del Poder Ejecutivo provincial, ya que uno de sus integrantes y antiguo representante legal es Javier Gronda, actual secretario de Asuntos y Relaciones Municipales de Jujuy. Otro de los propietarios de la empresa es Alfredo González, pariente del funcionario. El fiscal Rondón fue designado recientemente con la oposición de todos los legisladores no oficialistas porque tenía, siendo abogado, numerosas denuncias de violencia de género y delitos económicos.
“El fiscal habría realizado un informe, que no lo vimos, y que dice que en el lugar nadie vivía, nadie ocupaba y la realidad es otra. Con ese informe habían dispuesto que la empresa trabajara en el lugar sin orden judicial suponiendo que nadie habitaba. El fiscal en feria avala el ingreso de la Infantería y las máquinas”, relató María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Nación, según informó el diario Salta/12.
Por su parte, Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, se expresó públicamente a favor de la comunidad Tusca Pacha
Acompañamos a la Comunidad Tusca Pacha de los Alisos en la defensa del territorio que ocupan desde hace más de 50 años de forma pública y pacífica, al margen del Río Los Alisos de Palpalá. pic.twitter.com/EqKuAy7CkN
— Miguel Ángel Gómez (@MiguelAGomezok) January 5, 2022
La comunidad tiene una asociación civil desde la que articula distintos programas y proyectos productivos, educativos y de desarrollo local con universidades, organismos e instituciones nacionales y municipales.
La Ley Nacional 26160 y el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de Tierras y las Comunidades Indígenas del Ministerio Público de la Acusación siguen vigentes y, con este accionar, tanto el Fiscal Rondón como el Ayudante Lavilla, la Policía de Jujuy y la Empresa Sucre los estarían violando.
La comunidad está ubicada en la margen del Río los Alisos detrás del Parque Industrial de la ciudad de Palpalá, a 15 kilómetros de la capital jujeña. En octubre del 2020 fue el primer intento de desalojo, en el que finalmente la comunidad perdió una hectárea de tierras.
Con información y fotos de MNCI / UTEP Agraria