Redacción Canal Abierto | En enero de 2021 comenzó un conflicto llevado adelante por más de 200 transportistas que, tras reclamos sin respuestas a la Cervecería y Maltería Quilmes, decidieron parar y mantenerse a la vera de la ruta con asambleas demandando recomposición de las tarifas por su trabajo. Luego de más de 40 días de paro los trabajadores arribaron a un acuerdo para levantar la medida con responsables de la empresa, quienes aceptaron las demandas con el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, y otros funcionarios municipales como garantes del arreglo. Sin embargo, a los 15 días Quilmes dejó de cumplir lo pactado y, además, tomó represalias contra algunos de los transportistas señalados por ser parte de la huelga, dejando a más de 100 camioneros sin trabajo. El conflicto se reavivó y los transportistas volvieron a las medidas de fuerza exigiendo a Quilmes el cumplimiento del acuerdo y la intervención del municipio. Pero lejos de volver al diálogo el 19 de septiembre fueron detenidos cuatro trabajadores -3 trasportistas y un metalúrgico-, acusados con cargos de asociación ilícita, coacción y amenazas, con el supuesto fin de quedarse con parte de la logística de los cereales de la compañía.
La semana pasada la Cámara de Apelación en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la prisión preventiva para los cuatro camioneros y rechazó el pedido de morigeración de la medida.
El reclamo inicial se había llevado a cabo en el cruce de las rutas 3 y 228 y el acuerdo lleva las rúbricas del jefe comunal y del secretario de Desarrollo Económico, Matías Furier, del Movimiento Vecinal de Tres Arroyos.
“La persecución y el armado de una causa judicial contra nuestros compañeros Pablo Vester, Juan Menéndez, Mario Rodríguez y Juan Rodríguez es parte del resabio que quedó de la Gestapo anti sindical del neoliberalismo”, denuncia Mariana Rodríguez, hermana de uno de los detenidos y secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias de Tres Arroyos en la CTA Autónoma.
“Si bien la mesa judicial de Macri y Vidal funcionó hasta el 2019, claramente en algunos sectores continúa y esta causa, fraudulenta y armada entre la multinacional Quilmes, el municipio de Tres Arroyos y un sector de la Justicia, es una prueba de ello”, asegura la dirigente.
Menéndez, Juan Rodríguez, Mario Rodríguez y Véster fueron arrestados el 20 de septiembre durante una serie de allanamientos en sus domicilios, instruidos por el fiscal Gabriel Lopazzo y dispuestos por el Juzgado de Garantías. Actualmente se encuentran alojados en la Unidad Penitenciaria de Bahía Blanca.
El fiscal acusó que “enmascarado en un reclamo gremial, estos comportamientos tienen un claro objetivo que es quedarse para beneficio propio con la logística del traslado de malta, cebada y todo lo que tiene que ver con los cereales que utiliza Maltería y que dan trabajo todo el año”, algo que desde el gremio tildaron de “incoherente” ya que se trata sólo de 70 trabajadores contra una empresa que exporta toneladas de cereales.
Pero las denuncias sobre la connivencia entre funcionarios municipales, empresarios y Poder Judicial se multiplican. A la persecución anti sindical y criminalización de la protesta social se agregaron otros hechos gravísimos como amenazas al sindicato y a sus dirigentes por parte de funcionarios ligados al partido vecinal que gobierna Tres Arroyos desde 1995, y un incendio intencional del vehículo del padre de la secretaria de General Mariana Rodríguez que puso en riesgo la vida del hombre.
La causa está a cargo del fiscal Lopazzo, titular de la UFI Nº 16 del Departamento Judicial Bahía Blanca, quien pidió la prisión preventiva de los cuatro fleteros. En noviembre, familiares y compañeros de los detenidos llevaron el reclamo a la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron con funcionarios de organismos nacionales.
“El mensaje que pretenden dar con la detención de los cuatro trabajadores es claro: Si reclamás por tus derechos podés terminar preso”, advierte la titular del SUTAP tresarroyense.
