Redacción Canal Abierto | El conflicto entre la lof Quemquemtrew y los hermanos Rocco, concesionarios de las tierras fiscales en disputa con la comunidad mapuche, parece haber encontrado una vía de solución en la Justicia. En la audiencia convocada por el juez Ricardo Calcagno, en la causa por usurpación en contra de Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mauro Vargas, miembros de la lof, se llegó a un acuerdo de convivencia pacífica entre las partes por un plazo de seis meses.
“Yo creo que estamos ante un hecho histórico. Así lo estamos viviendo porque es la primera vez que podemos sacar del sistema penal un conflicto que no es penal. Pudimos hacerle una jugada al ordenamiento jurídico”, manifestó Andrea Reile, abogada de la comunidad, en diálogo con Canal Abierto. “La causa, para el ordenamiento jurídico, era por una usurpación, lo que la incluye en el sistema penal, nosotros pudimos cambiar el paradigma y sacarla de allí mediante un acuerdo. Eso es fundamental”, agregó.
El acuerdo suspende por seis meses –renovables por el mismo plazo– todas las medidas cautelares dispuestas por la Justicia: levanta el retén policial que impedía el paso por la ruta 6, elimina la medida de bloqueo al acceso de alimentos y otros enseres al predio y suspende el desalojo. “Ahora nos queda trabajar desde el diálogo y la construcción para alcanzar una solución de fondo. Esta es una solución transitoria”, señaló la letrada.
¿Cuáles son los alcances del acuerdo?
-El acuerdo no es público, es un acuerdo privado entre las partes, pero lo que sí puedo decir es que es un acuerdo de cese de hostilidades de ambas partes. La comunidad va a poder circular por el territorio. El señor fiscalero (se llama así quien ocupa bajo cualquier forma jurídica una parcela de tierra fiscal) va a poder llevar adelante su emprendimiento en las zonas donde tiene explotación forestal, donde se encuentra la comunidad es bosque nativo, no hay ningún tipo de producción. Más o menos se llega a este acuerdo, donde las partes sellan un compromiso de mantener una convivencia pacífica.
¿Cuál sería una salida definitiva o más duradera a este conflicto?
–La salida definitiva es política. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es llevar todo al plano administrativo, empezar a evaluar el cumplimiento o no del ordenamiento jurídico con relación a los territorios, a las tierras fiscales y al derecho indígena. La solución de fondo va a estar en el reconocimiento del territorio indígena a la lof a través de las herramientas que tenemos: la propiedad indígena, la propiedad colectiva. La solución de fondo es el otorgamiento de ese territorio a esa comunidad.
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Luego de estos seis meses, ¿ya no hay forma de que se retroceda en la situación?
-No, ya no hay forma de retroceder. La comunidad tiene un vínculo espiritual con la tierra, que la vincula más allá de las cuestiones legales. Entonces, pase lo que pase, la comunidad no va a dejar ese lugar, porque la vinculación con ese lugar tiene otro plano. No es como lo entendemos nosotros desde el derecho, desde la cuestión de propiedad. Es otra dimensión la que tenemos que incorporar al análisis.
Tenemos que dejar de intentar de entender el derecho indígena o el funcionamiento de las comunidades indígenas a través de nuestros tamices. Debemos aprender a ver el funcionamiento del pueblo mapuche, de las comunidades, desde su óptica, sin hacerlo pasar por nuestro ordenamiento jurídico o por nuestras ópticas. Es distinto. Necesitamos una apertura a entender que vivimos todos juntos y, en ese marco, tenemos que empezar a respetarnos cada uno.
¿Cómo está la comunidad, cómo vive este acuerdo?
-Estamos muy satisfechos con este acuerdo, pero también con muchas expectativas, porque todo el trabajo para llegar a este acuerdo no fue sencillo. Hubo muchas idas y vueltas, avances y retrocesos, fue una tarea muy ardua. Ahora, todo depende de la buena voluntad de ambas partes. Hay una cláusula que dice que ante cualquier incumplimiento se rompe el acuerdo y volvemos a la instancia procesal en la que estamos. Ese es un peligro latente, pero estamos con toda la voluntad para que el acuerdo se cumpla para la convivencia pacífica.
¿Creés que está próxima la salida de este conflicto?
–La salida a este conflicto es política, no es jurídica. Es necesaria una intervención política no solo del Estado provincial sino también del nacional. Hay que ver que el derecho indígena y el reconocimiento de las comunidades está en nuestra Constitución Nacional.
Lo que necesitamos es más diálogo, no puede ser que las recuperaciones, los retornos de las comunidades a sus territorios terminen solucionándose por vías judiciales cuando, en realidad, la solución es política. Las comunidades indígenas de todo nuestro país tienen su idiosincrasia, su forma de funcionar y demás, entonces hay que empezar a entender que no todo entra por el agujero del ordenamiento jurídico.
¿Colaboró en algo el acercamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para alcanzar este principio de solución?
-Creo que fue muy bueno el acercamiento porque la provincia pudo escuchar a la comunidad. Cuando hay un conflicto con una comunidad indígena tenés que escuchar a la comunidad y a las otras partes también, pero lo primero que tenés que hacer es escuchar a la comunidad indígena. Creo que fue un gesto que colaboró principalmente para que la Provincia entendiera cuál era el reclamo y por dónde venía. Este acercamiento nos va a ayudar para empezar todo este trabajo de tinte administrativo que sí le compete al Poder Ejecutivo de la provincia.
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Por último, que la Secretaría haya escuchado, que haya tomado nota, que haya relevado algunas denuncias que nosotros veníamos haciendo con respecto a violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, cuestiones de violencia policial… directamente de la comunidad, sin intermediarios, es valorable.
Foto principal: Nicolás Palacios para Luan – Colectiva de acción fotográfica